Sistemas de provisión de servicios de traducción e interpretación de calidad en las fases del proceso penal: la pieza clave para la salvaguarda de derechos humanos en sede judicial

• Author: Paula Lozano de Lemus
• Pages: 321-338

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SISTEMAS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE

CALIDAD EN LAS FASES DEL PROCESO

PENAL: LA PIEZA CLAVE PARA LA

SALVAGUARDA DE DERECHOS HUMANOS EN

SEDE JUDICIAL

PAULA LOZANO DE LEMUS

Universidad Pablo de Olavide

RESUMEN

Es constatable que la presencia de ciudadanos extranjeros que no comparten

nuestra lengua es cada vez más numerosa en España. Entre las dificultades que

esta multiculturalidad plantea, nuestro sistema judicial ha tenido que adaptar la

administración de justicia y, en concreto, la jurisdicción penal, a esta creciente

realidad. La provisión del servicio de traducción e interpretación judicial de

calidad está en relación con los principios más básicos que se han venido

recogiendo en la legislación nacional e internacional desde mediados del siglo

XX. De hecho, la importancia de salvaguardar dichos derechos es tal, que en los

últimos años han surgido impulsos legislativos europeos y nacionales que

respaldan este principio. No obstante, aunque desde la propia judicatura se ha

resaltado la importancia de los traductores e intérpretes en el sistema judicial (De

Luna Jiménez de Parga 2010, p.1), los casos que colocan a los usuarios no

hispanohablantes en posición de indefensión siguen siendo numerosos. En esta

contribución, se pretende analizar la necesidad de contar con un sistema de

provisión de servicios de traducción e interpretación de calidad a lo largo de

todas las fases del proceso penal, pues, en los procedimientos con intervinientes

no hispanohablantes, este se convierte en el elemento clave para asegurar que se

salvaguardan algunos derechos humanos fundamentales de todas las personas.

PALABRAS CLAVE: Interpretación judicial, derechos fundamentales,

calidad, proceso penal, sistema de provisión y traducción

DEBATES EN TORNO A LA COMUNICACIÓN, LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS

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Juan Carlos Suárez-Villegas - Sergio Marín Conejo (co-editores)

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1. Fundamentos legislativos del derecho de traducción e interpretación en

sede judicial

La realidad en la que vivimos es cada vez más multicultural y plurilingüe, derivada

de los procesos de globalización que se vienen desarrollando desde hace varias

décadas. Esto ha supuesto la necesidad de adaptar los servicios públicos en nuestro

país, entre los que se encuentra la Administración de Justicia, para garantizar que

todo ciudadano que no comparte la lengua del órgano jurisdiccional que conduce el

procedimiento en el que se encuentra inmerso cuenta con los mismos derechos y

las mismas garantías procesales que uno que sí lo hace. En concreto, esto es

especialmente relevante en la jurisdicción penal, donde el sistema judicial tiene la

obligación de asegurar que todas las personas inmersas en un procedimiento judicial

entiendan y sean entendidas sin discriminación por razón de lengua (Del Pozo

Triviño, 2016, p.121). Así, el derecho de estas personas no hispanohablantes a

contar con un servicio de traducción e interpretación de calidad se convierte en

esencial en esta jurisdicción para salvaguardar sus garantías procesales y sus

derechos más fundamentales sin discriminación alguna (Del Pozo Triviño y Blasco

Mayor, 2015, p.43).

Tanto es así, que en los últimos años se han venido instaurando una serie de

impulsos legislativos en los derechos de las personas cuando estas no comparten el

idioma del órgano jurisdiccional que conduce el procedimiento en el que se

encuentran inmersas. Como antecedentes de estos instrumentos legislativos, se

pueden citar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 2,

8, 10 y 14) o la propia Constitución española (artículos 17.3 y 24). Además, en los

últimos años, a nivel europeo también han surgido otra serie de impulsos jurídicos

que han reforzado estos derechos, como la Directiva 2010/64/UE del Parlamento

Europeo y del consejo, de 20 de octubre, relativa al derecho a interpretación y

traducción en los procesos penales, la cual está complementada por la Directiva

2010/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los

procesos penales. La Directiva 2010/64/UE se traspuso al ordenamiento jurídico

español mediante la Ley Orgánica 5/2015, de 20 de octubre de 2010, relativa al

derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, que en parte

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