El Derecho procesal constitucional en la Constitución de Cádiz. Una mirada desde su bicentenario

• Author: Néstor Pedro Sagüés
• Profession: Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, de la Universidad Católica Argentina. (Argentina)
• Pages: 299-307

El Derecho procesal constitucional en la Constitución de Cádiz.

Una mirada desde su bicentenario

Néstor Pedro SAGÜÉS474

1. Introducción

El concepto de “derecho procesal constitucional” comprende, en sentido estricto, a

la magistratura constitucional y a los procesos constitucionales. No obstante, en una

acepción más amplia, muchos incluyen los temas constitucionales concernientes a las

garantías del debido proceso, que en rigor de verdad conforman el “derecho

constitucional procesal”, según la expresión de Héctor FIX ZAMUDIO475.

En este trabajo, destinado a rastrear los antecedentes de derecho procesal en la

constitución gaditana de 1812, de las que se cumplen precisamente doscientos años,

utilizaremos el significado más amplio.

Naturalmente, el derecho procesal constitucional, como disciplina propia (o si

prefiere el lector, mixta), no existía al momento de sancionarse la Constitución de

Cádiz. De lo que se trata, en síntesis, es averiguar en qué medida la simpática y a la vez

maltratada “Pepa”,476 atendió temas que hoy configuran al derecho procesal

constitucional, y cómo lo hizo. Para ello, será necesario también considerar los aportes

que ya había hecho sobre el tema la constitución de Bayona de l808, históricamente

muy próxima a la de Cádiz, y a la que ésta, desde luego, no podía ignorar.

2. La Constitución de Bayona de 1808

Rotulada a menudo como “estatuto”, el texto promulgado para España por José I

Bonaparte en Bayona (Francia), el 6 de julio de 1808, se autodenominaba, formalmente,

“constitución”. Utilizaremos ese nombre, reconociendo, por supuesto, que se emitió por

un Rey usurpador y con las formalidades propias de una “carta” o “estatuto” otorgado o

concedido discrecionalmente por el Soberano477.

La constitución josefina no contenía un capítulo especial reconociente de derechos y

garantías, o relativo a temas procesal-constitucionales. Pero incluía materialmente

algunas disposiciones al respecto, bien que desperdigadas a lo largo de su texto478.

Puntualizaremos algunas.

a) en materia de magistratura constitucional, comencemos por decir que no hay en la

474 Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y del Centro

Argentino de Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del

Rosario, de la Universidad Católica Argentina. (Argentina).

475 Sobre estos temas, derivamos al lector a SAGÜÉS, Néstor Pedro, Derecho Procesal

Constitucional. Recurso Extraordinario, 4ª. ed., Buenos Aires 2002, ed. Astrea, t. I p. 3 y sigs.

476 El mote cariñoso de “La Pepa”, como es sabido, se aplica a la Constitución de Cádiz de l8l2 por

haberse promulgado el día de San José, 19 de marzo. Tuvo diversos avatares, comenzando por su

desconocimiento por parte de Fernando VII (4 de mayo de 1814). Resucitada años después (9 de marzo

de 1820), fue finalmente abrogada (1º de octubre de 1823).

477 No obstante, José I invocó, al dictarla, un “pacto que une a nuestros pueblos con Nos, y a Nos

con nuestros pueblos”, como un artificio para legitimar el acto de emisión de la Constitución.

478 Ver sobre el tema, GONZÁLEZ DELEITO y Domingo, N., Aspectos procesales de la Constitución

de Bayona, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, l976, Nº 4, pp. 871-879.