Elementos de reparación del daño a la víctima: su relevacia en las alternativas a la prisión y en la ejecución de la pena

• Author: Eva M. Domínguez Izquierdo
• Profession: Profesora Titular de Derecho penal Universidad de Jaén
• Pages: 105-154

ELEMENTOS DE REPARACIÓN DEL DAÑO A LA

VÍCTIMA: SU RELEVACIA EN LAS ALTERNATIVAS A LA

PRISIÓN Y EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA

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Profesora Titular de Derecho penal

Universidad de Jaén

Sumario: I. La incidencia de la reparación a la víctima en el sistema de justicia penal

español: generalidades; II. La reparación como elemento esencial en las al-

ternativas a la pena de prisión: la suspensión de la ejecución sin entrada en

prisión; III. La reparación en el ámbito penitenciario: prevención especial

versus endurecimiento punitivo; 1. La asunción del delito como indicio de

“reinserción social”; 2. Acceso al tercer grado de tratamiento: la reparación

“en la medida de la capacidad personal”; 3. La satisfacción de la responsabi-

lidad civil para optar a la libertad condicional; IV. La responsabilidad civil y

la realización de otros comportamientos postdelictivos positivos como condi-

ciones para el acceso al tercer grado y la libertad condicional en el régimen

especial previsto para delitos de terrorismo; 1. Muestra de signos inequívocos

de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista; 2. La “pe-

tición de perdón”: ¿Una fórmula de reparación?; 3. La colaboración activa

con las autoridades como forma de reparación social y pronóstico positivo de

resocialización; V. La plasmación de la justicia restaurativa en la fase de eje-

cución. La satisfacción de la víctima mediante el cumplimiento efectivo: ¿un

nuevo fin de la pena?

I. LA INCIDENCIA DE LA REPARACIÓN A LA VÍCTIMA EN EL

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPAÑOL: GENERALIDADES

El imparable crecimiento del protagonismo de la víctima en la escena

pública y, como reflejo del fenómeno, en la política criminal, es algo amplia-

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mente reconocido y constatable en la evolución del derecho a lo largo de las

últimas cuatro décadas y, en particular, en la del orden jurídico- penal. Si par-

timos de los fines de la pena, la reparación a la víctima se ha considerado

como una meta residual de la sanción, en consecuencia, del proceso penal

tradicional centrado fundamentalmente en el delincuente, en el cumplimien-

to de las garantías jurídicas del acusado, en cuyo marco, la atención en la víc-

tima aparece únicamente de forma periférica 1 puesto que sus intereses que-

daban subsumidos en los intereses públicos en la medida en que la incidencia

del delito se ha concebido, en su esencia, como un perjuicio para la sociedad

en su conjunto. De ahí su fundamentación como sector de Derecho público

que como tal regula las relaciones entre el Estado y el particular (el infractor

penal), de modo que la víctima se hace presente en el proceso únicamente

como testigo, relegándose las relaciones entre el delincuente y la víctima al

derecho civil, rama a la que le incumben las pretensiones indemnizatorias o

bien la pretensión civil ejercida en sede penal. No siendo, en un sentido pe-

nológico natural, función del ius puniendi la compensación de los perjudica-

dos, resulta comprensible que, en tal contexto, la llegada del Estado moderno

supusiera en el ámbito penal el fin de su hegemonía como elemento central

del sistema de justicia, llegando a la neutralización de la víctima 2 para evitar

reacciones vindicativas y la contaminación del proceso 3.

El protagonismo indiscutible de la víctima que se afianza desde los años

ochenta del siglo pasado ha generado en paralelo un reconocimiento de sus

derechos a nivel internacional 4, europeo 5 y nacional que culminó en su día

1 No obstante, se advierte que nuestro modelo procesal ha sido históricamente proclive

a dotar de protagonismo a la víctima. Como prueba de lo anterior puede observarse la posibi-

lidad de ejercicio de la acción penal y civil en el proceso penal por parte de la víctima (art. 109

LECrim); la obligación de ejercicio de la acción civil por parte del MF de manera conjunta a

la penal, independientemente de la personación del perjudicado en el proceso penal (art. 108

LECrim.) y la posibilidad de seguir el proceso penal a los solos efectos de la reparación de la

víctima (arts. 655.5ª y 695 LECrim).

2 Vid., ALASTUEY DOBÓN, M.C., La reparación a la víctima en el marco de las sanciones

penales, Valencia, 2000, págs. 36 y ss.

3 El propio término “víctima” aparece recientemente en el ámbito jurídico que ha pre-

ferido la utilización de términos más asépticos o abstractos como agraviado, ofendido o perju-

dicado, eludiendo la dimensión emocional, ya que el concepto de víctima denota componentes

relacionados con la compasión y la solidaridad.

4 Vid. la Declaración de los principios de justicia de las víctimas del delito y del abuso de poder de

Naciones Unidas de 1985 (Resolución 40/34 de 29 de noviembre de la Asamblea General) que

ya contempla un concepto amplio de víctima y su derecho a la asistencia jurídica y al resarci-

miento de daño causado.

5 En el ámbito europeo, es destacable el esfuerzo por mejorar el status y tratamiento de

la víctima, siendo el propio Consejo de Europa la institución que más tempranamente se ocupó

de plantear esta visión del proceso penal, desde el punto de vista de la víctima. Vid. el Convenio

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con la aprobación en nuestro ordenamiento del Estatuto de la Víctima (Ley

4/2015) 6. Sin embargo, la irrupción de la satisfacción de la víctima como ob-

Europeo sobre compensación por el Estado a víctimas de delitos violentos (ETS n.116) de 1983

y la Recomendación 2006 (8) del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo

de Europa sobre asistencia a víctimas de delito. En el marco de la Unión Europea, destaca la

Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la indemnización a las

víctimas de delitos. No obstante, la posibilidad de regular a través de Reglamentos y Directivas

en esta materia a partir del Tratado de Lisboa, se han venido desarrollando normativas más exi-

gentes para todos los Estados. Así, cabe citar: Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo

y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres

humanos y a la protección de las víctimas; Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explota-

ción sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco

2004/68/JAI del Consejo. Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de

13 de diciembre de 2011, sobre la Orden europea de protección. Directiva 2012/29/UE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas

mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se

sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo relativa al estatuto de la víctima, que su-

pone el paso definitivo para la fijación de un marco común para la creación de un Estatuto de

la Victima; La normativa de la UE supone una exigencia a los Estados de que desarrollen, den-

tro de su especial estructura y visión, sistemas que garanticen la reparación a la víctima, además

de su tratamiento adecuado, información y protección.

Vid. también la condena a Italia en la Sentencia de 11 de octubre de 2016 del Tribunal

de Justicia de Unión Europea (asunto C-601/14) por no haber desarrollado un sistema de in-

demnizaciones a las víctimas de delitos violentos por parte del Estado (algo ya exigido por la

Directiva 2004). Vid. art. 12.2 de la Directiva 2004/80 “todos los estados miembros garantizarán

que las normas nacionales establezcan la existencia de un régimen de indemnización para las

víctimas de delitos doloso violentos cometidos en sus respectivos territorios, que asegure a la

víctima una indemnización justa y adecuada”.

6 BOE núm. 101, de 28 de abril de 2015. La Directiva 2012/29/UE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas

sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la

Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo ha sido traspuesta en España por la Ley 4/2015 de

Estatuto de la víctima del delito, que, además de tener un contenido estructurado del Estatuto,

introdujo modificaciones en la Ley del Enjuiciamiento Criminal (LECrim). En lo que respecta

a la reparación de las víctimas, la Ley española afecta a la definición y legitimación de las vícti-

mas, modificando e introduciendo una serie de artículos en la LECrim además de regulando

los derechos de la víctima: derechos de información y protección a la víctima, antes y durante el

proceso, y, en lo que toca a la reparación en sí, la Exposición de Motivos del Estatuto se afirma

que “el reconocimiento, protección y apoyo a la víctima no se limita a los aspectos materiales y a

la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral”. En el art. 16 de

la Directiva cit. se afirma el derecho a obtener una resolución sobre la indemnización a cargo

del infractor en un plazo razonable, cuestión ya cumplida en el sistema procesal español, sin

embargo, la segunda parte del artículo se refiere a la eficacia del sistema, cuestión aún pendien-

te de resolver. El art. 13, muy controvertido, legitima, más allá de lo que establecía la Directiva

de la que trae causa el Estatuto, para participar activamente en el proceso de ejecución y recu-

rrir decisiones del JVP.