La prohibición de la tortura, los tratos inhumanos y degradantes desde la perspectiva del tribunal europeo de derecho humanos

• Author: Guillermo Portilla Contreras
• Pages: 181-236

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SUMARIO: 1. Introducción. 2. La Prohibición de la tortura según la doctri-

na del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2.1. La dignidad como

bien jurídico. 2.2. ¿Cómo distinguir las modalidades de tortura, tratos in-

humanos y degradantes? 2.3. Sujeto activo de las acciones prohibidas

por el artículo 3 del Convenio. 2.4. ¿Cabe en algún caso la exculpación del

delito de tortura? 2.5. Denuncia de la práctica de torturas e inicio de la

investigación por parte del Estado. 2.6. El Estado como garante de las

agresiones en fase de identif‌icación, detención, o prisión. 2.7. El uso inne-

cesario de la fuerza policial y rigor innecesario en prisiones. 2.8. Penas y

ejecución de penas inhumanas y degradantes. 3. La condena por el TEDH

de las torturas, cárceles secretas y entregas extraordinarias efectuadas

por la CIA en cooperación con los servicios secretos europeos. 3.1. El

Parlamento europeo, las torturas de la CIA y la cooperación activa y omi-

siva de las democracias europeas. 3.2. La jurisprudencia del TEDH sobre

las «entregas extraordinarias», detenciones secretas y torturas practica-

das por la CIA con la complicidad de los servicios secretos europeos. a)

Primer precedente judicial: caso ABU OMAR y el TEDH. b) Entregas ex-

traordinarias y vuelos ilegales en Alemania. c) Participación activa y omi-

siva de funcionarios españoles en las detenciones ilegales y torturas prac-

CAPÍTULO V

LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA, LOS

TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES

DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRIBUNAL

EUROPEO DE DERECHO HUMANOS

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Jaén

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PENALES Y PROCESALES EN LA DOCTRINA DE LA CIDH Y EL TEDH

JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ | LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ |

COORDINADORES

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ticadas por la CIA en España. d) Otras condenas del TEDH de las entregas

extraordinarias y torturas practicadas por la CIA en Macedonia, Polonia,

Lituania y Rumanía. 4. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

La prohibición de la tortura, de los tratos inhumanos y degradantes

prevista en el Convenio europeo de Derechos humanos y en la Carta europea

de derechos fundamentales debe ser interpretada conforme a la jurispruden-

cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (MANGAS MARTIN, A,

2008, 838)1. Pese a ser muy amplia la proscripción de la tortura en las normas

mencionadas adolece, sin embargo, de una peligrosa falta de concreción que

tampoco la jurisprudencia del TEDH ha resuelto hasta el momento (MO-

RENO LÓPEZ, A, 1995, 247). Me reero a los confusos límites entre los

conceptos de tortura, tratos inhumanos y degradantes. Una indenición que

permite a los Estados-Nación congurar el contenido de estas guras con una

discrecionalidad, diría, casi absoluta2.

1 El Convenio europeo de Derechos Humanos en el artículo 3 dispone: «Nadie

podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». Por

su parte, la Carta europea de derechos fundamentales, en el artículo 4 establece

la «prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes.

Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Estos textos tienen un mismo contenido y alcance, tal como indica el apartado

tercero del artículo 52 de la Carta, y, en consecuencia, los dos poseen el mismo

signicado, extensión y restricciones.

2 La prohibición contenida en el Convenio y la Carta divergen semánticamente

del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que extiende el

ámbito de protección a las «penas o tratos crueles», al igual que el artículo 7 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se diferencian del

artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que añade

como novedad: «toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debi-

do a la dignidad inherente al ser humano».

CAPÍTULO V LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA, LOS TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES

DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHO HUMANOS

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GUILLERMO PORTILLA CONTRERAS

Quizá estos textos deberían haber adoptado una denición más precisa

sobre el contenido de los delitos de tortura, tratos inhumanos o degradantes al

estilo del artículo 1 de la Declaración sobre protección de todas las Personas

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-

tes (Resolución R/3452 (XXX), Asamblea General de las Naciones Unidas

de 9 de noviembre de 1975: «1. A los efectos de la presente Declaración, se

entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra

persona a instigación suya, inija intencionadamente a una persona penas o

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el n de obtener de ella o

de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya

cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán torturas

las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación

legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en

que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los

Reclusos. 2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o

pena cruel, inhumano o degradante».

De hecho, podrían haber asumido la denición aún más precisa del ar-

tículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes, (Asamblea General de las Naciones Unidas, re-

solución A/39/46, 10 de diciembre de 1984) que interpreta por tortura: «1.

«…todo acto por el cual se inija intencionadamente a una persona dolores o

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el n de obtener de ella o

de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya

cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discrimi-

nación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean inigidos por funcionario

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,

o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolo-

res o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas

o que sean inherentes o incidentales a éstas. El presente artículo se entende-

rá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional

que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance».

A su vez, tampoco han aceptado la versión más amplia que de estos

delitos hace el artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y

sancionar la Tortura, adoptada el 9 de diciembre de 1985: «Para los efectos de