Libertad de expresión y sanción penal en el sistema interamericano de derechos humanos

• Author: Giselle Boza
• Pages: 437-481

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SUMARIO: 1. Introducción. 2. Las expresiones sobre asuntos públicos

como criterio de ponderación. 3. La jurisprudencia de la Corte Interame-

ricana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión. 4. La sanción

penal y la libertad de expresión. 5. Las tendencias de la jurisprudencia de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5.1. La sanción penal pue-

de resultar desproporcionada: Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. 5.2. La

medida penal no es contraria a la Convención: Caso Kímel vs. Argentina.

5.3. La sanción civil no siempre es la vía idónea. Caso Fontevecchia y

D’Amico vs. Argentina. 5.4. Los Estados están obligados a la tutela judi-

cial del honor: Caso Mémoli vs. Argentina. 5.5. La sanción penal en expre-

siones de interés público es contraria a la Convención. Caso Álvarez Ra-

mos vs. Venezuela. 6. Conclusiones. 7. Bibliografía.

1 Abogada y periodista. Con una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad

de Costa Rica. Coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Derecho

a la Información, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación y

docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Costa

Rica.

CAPÍTULO XII

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SANCIÓN

PENAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO

DE DERECHOS HUMANOS

Giselle Boza

Abogada y periodista

Universidad de Costa Rica

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PENALES Y PROCESALES EN LA DOCTRINA DE LA CIDH Y EL TEDH

JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ | LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ |

COORDINADORES

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1. INTRODUCCIÓN

En las sociedades democráticas, la libertad de expresión, en particular

cuando se reere a asuntos de interés público, cumple una función esencial

para el control de los gobernantes, la participación ciudadana en la cosa públi-

ca y la garantía de una opinión pública libre y plural. La libertad de expresión

reconoce el derecho de toda persona de comunicar ideas e informaciones, el

de buscarlas y recibirlas, sin censura previa; pero existe una especial tutela

cuando se trata de expresiones de relevancia colectiva.

Los distintos órganos del sistema interamericano de derechos humanos

han reiterado que el periodismo es la manifestación primaria y principal de

la libertad de expresión y, por tanto, existe una prohibición a los Estados para

ejercer formas de censura directa e indirecta contra periodistas y medios de

comunicación, además de garantizar una especial protección a los discursos

sobre asuntos públicos, el ejercicio amplio de la crítica política y el acceso a la

información de interés público.

Como todos los derechos fundamentales, la libertad de expresión tie-

ne límites derivados de los derechos de los demás o de bienes convencional

o constitucionalmente protegidos. El sistema interamericano de derechos

humanos se ha ocupado de denir criterios ponderativos entre esa libertad

frente a otros derechos, a partir del artículo 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos que establece una prohibición general de censura

previa y únicamente somete el derecho a un régimen de responsabilidades

ulteriores. 2

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en la Conferencia

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 7

al 22 de noviembre de 1969 Adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviem-

bre de 1969. Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2

de la Convención. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejer-

cicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

CAPÍTULO XII LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SANCIÓN PENAL EN EL

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

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GISELLE BOZA

Un asunto fundamental es determinar si esa responsabilidad ulterior

puede, o no, ser de carácter penal. Es decir, si las disposiciones penales sobre

difamación, calumnias e injurias, que se encuentran expresamente contempla-

das en las legislaciones internas de los países de la región 3 o en las iniciativas

legales relativas a la protección de la honra, la reputación y privacidad de las

personas constituyen restricciones ilegítimas al derecho a la libertad de expre-

sión.

El conicto en cuestión, no resuelto aún por las sociedades democráti-

cas, es determinar cuándo, a través de la ley penal, se producen intromisiones

inadmisibles en el ámbito de la libertad de expresión. El texto analiza los

alcances de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, (en adelante Corte IDH) a partir de sentencias relevantes, sobre libertad

de expresión, ley penal y asuntos de relevancia pública.

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente

jadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a

la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden

público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de

expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles ocia-

les o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de

enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opi-

niones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura

previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección

moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso

2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u

origen nacional.

3 El Título II del Código Penal de Costa Rica. Ley No. 4573 de 04 de mayo de

1970, incluye varios tipos penales, aplicables también a conductas realizadas por

periodistas en el ejercicio de su actividad de informar. Entre ellas, el artículo 145

Injurias, 146 Difamación, 147 Calumnia y el 152 Publicación de Ofensas. Este

último debe verse su incompatibilidad con la Convención a la luz de la sentencia

del caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.