El pago de la reparación civil como exigencia inconstitucional en la praxis judicial peruana para la variación de la medida socioeducativa privativa de libertad

• Author: María Consuelo Barletta Villarán
• Profession: Docente de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú
• Pages: 343-365

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SUMARIO: 1. Introducción. 2. La f‌inalidad de la justicia penal juvenil. 2.1.

Modelo de responsabilidad. 2.2. Garantizar el interés superior del ado-

lescente. 2.3. Tratamiento diferenciado. 3. La reparación civil como exi-

gencia en el ámbito penal juvenil. 4. Requisitos para la variación de la

medida socioeducativa de privación de libertad. 5. Exigencia anticons-

titucional del pago íntegro de la reparación civil condicionando la varia-

ción de la medida socioeducativa de privación de libertad. 6. La varia-

ción de la medida socioeducativa en tiempos de COVID 19. 7.

Conclusiones. 8. Referencias bibliográf‌icas. 8.1. Bibliografía. 8.2. Nor-

mativa. 8.3. Jurisprudencia.

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio busca contribuir al análisis de cómo la exigibilidad de

la reparación civil como requisito para obtención de la variación de medida so-

CAPÍTULO 11

EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL

COMO EXIGENCIA INCONSTITUCIONAL

EN LA PRAXIS JUDICIAL PERUANA

PARA LA VARIACIÓN DE LA MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD

María Consuelo Barletta Villarán

Docente de la Facultad de Derecho

Pontif‌icia Universidad Católica del Perú

LA JUSTICIA PENAL JUVENIL EN IBEROAMÉRICA LIBRO HOMENAJE A D. ELÍAS CARRANZA

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cioeducativa de privación de libertad realizada en la praxis judicial peruana,

trasgrede la Convención sobre los Derechos del Niño.

Estructurándose el desarrollo de la temática mediante una aproximación a

la nalidad de la justicia penal juvenil y al modelo de responsabilidad que rige la

intervención con los/as adolescentes trasgresores de ley penal, logrando identicar

las características que orientan la especialidad en el sistema jurídico peruano. Para

dicho efecto, nos detendremos en la responsabilidad penal atenuada, en el trata-

miento diferenciado y en el principio jurídico del Interés Superior del Adolescen-

te, proponiendo una metodología para su aplicabilidad en el ámbito penal juvenil.

Se postula la corresponsabilidad del Estado en la comisión de infraccio-

nes a la ley penal por adolescentes, originándose una responsabilidad penal ate-

nuada en éstos y que tiene su impacto en un derecho penal mínimo que se les

otorga, que puede ser sintetizado en las siguientes líneas programáticas: descri-

minalización, desjudicialización, debido proceso y desinstitucionalización. La

descriminalización está orientada a reducir los supuestos de infracción a la ley

penal y a excluir de responsabilidad penal a los adolescentes cuando hayan in-

currido en conductas no tipicadas en el ámbito penal de adultos, la desjudicia-

lización está orientada a encontrar mecanismos o salidas alternativas a la judi-

cialización de los casos, siendo resueltos en la etapa prejudicial para evitar los

efectos negativos de un proceso en los adolescentes, así también el debido pro-

ceso está orientado no sólo a reconocer las garantías sustantivas y procesales en

su condición de infractores de ley penal, sino también las garantías propias de

su condición de adolescentes, y por último, la desinstitucionalización, a n de

contribuir a que los adolescentes permanezcan el menor tiempo privados de

libertad, debiendo implementarse mecanismos que contribuyan a este n, entre

los cuales se encuentra la variación de la medida socioeducativa de privación de

libertad, objeto del presente aporte.

Esta estrategia de desinstitucionalización no deberá verse limitada por el

pago de la reparación civil, porque los requisitos legales establecidos para su

procedencia reeren fundamentalmente al logro de los objetivos del tratamien-

to del adolescente y no están vinculados a cuestiones relativas a reparaciones

económicas para el agraviado/a, aanzar una exigencia en ese sentido estaría

favoreciendo a que se procediera a la vulneración del interés superior del ado-

lescente, al artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño y asimis-

mo, a lo indicado en el artículo 2 inciso 24 literal c) de la Constitución Política

del Estado Peruano, en el sentido que no hay prisión por deudas.