Experiencias transicionales

• Author: Sergio Cámara Arroyo
• Profession: Prof. Dr. Derecho penal y Criminología UNED
• Pages: 369-400

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CAPÍTULO X

EXPERIENCIAS TRANSICIONALES

1. INTRODUCCIÓN

El último de los capítulos se encuentra dedicado a la plasmación empírica

de los mecanismos e instrumentos propios de la Justicia transicional. Durante

este capítulo se realizará un breve repaso al establecimiento y regulación de al-

gunos de los principales mecanismos transicionales en diferentes Estados cuyo

pasado ha estado protagonizado por el conicto. Para la elaboración de los si-

guientes epígrafes hemos tenido en cuenta los informes regionales de España,

Italia, Alemania y América Latina, incluidos en el libro colectivo editado por

AMBOS, MALARINO & ELSNER (2009) y citado en la bibliografía nal. Para

la confección de los apartados de Asia y África se ha utilizado el libro publicado

por la OFICINA DE ALTO COMISIONADO DE NNUU (2014) y los infor-

mes del ICTJ. Todas las referencias que se incluyen al principio de cada país se

incluyen en las páginas de ese manual como reconocimiento a los autores que

realizaron el informe.

Los objetivos son, fundamentalmente:

a) Analizar el contexto de las situaciones de conicto de cada uno de los

países en los que se ha implementado algún mecanismo de Justicia transi-

cional.

b) Conocer qué métodos, procesos y herramientas transicionales se han utiliza-

do para afrontar un pasado de abusos a gran escala en las distintas regiones.

c) Comparar y analizar las distintas medidas transicionales implementadas en

los diferentes Estados.

LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL: ALIANZAS Y DESENCUENTROS

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d) Conocer en qué consisten los mecanismos reales (Comisiones de la verdad,

programas de reparación, justicia penal especial, etc.) de Justicia transicio-

nal que se han implementado en países de nuestro entorno cercano.

2. EXPERIENCIA ESPAÑOLA: LOS CRÍMENES

DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO83

Momento temporal: 1936-1939, Guerra civil española. El periodo transicio-

nal comienza en 1973, a la muerte del General Francisco Franco, y se consolida

con la promulgación de la Constitución de 1978.

Contexto: en julio de 1936 estalla la Guerra civil española con el levantamien-

to del Bando Nacional, compuesto por militares, contra el Gobierno legítimo de

la II República Española. En 1939 los rebeldes se alzan con el poder, instaurando

una dictadura civil-militar dirigida por el General Francisco Franco, autoproclama-

do Caudillo de España. El conicto bélico fue especialmente intenso y, durante el

mismo, se llevaron a cabo violaciones sistemáticas del denominado Derecho de la

Guerra por parte de ambos bandos: ejecuciones extrajudiciales, purgas ideológicas,

represión política, detenciones ilegales, vulneración del debido proceso a miembros

del bando enemigo, establecimiento de campos de refugiados o de internamiento,

trabajos forzados, etc. Al término de la guerra, las vulneraciones de los derechos

fundamentales continuaron con el nuevo régimen político: represión política, re-

ligiosa y moral, recorte de derechos fundamentales y libertades, abolición de los

partidos políticos y sindicatos, depuración de todas las instituciones del Estado.

Los «crímenes» de los republicanos fueron perseguidos mediante la denominada

Causa General, sin la adecuada investigación ni las garantías debidas en un proceso

penal. Se crearon Tribunales de Represión de la Masonería y el Comunismo y, pos-

teriormente, Tribunales de Orden Público para represión de los disidentes políticos.

Medidas transicionales: el régimen franquista llevó a cabo su propia transi-

ción de un modo sesgado: se promulgaron normas para proteger, ensalzar y com-

83 Sobre esta temática, véanse las obras de GIL GIL, 2009: 471-501 y monografía de 2009;

y también CHINCHÓN ÁLVAREZ, 2009 y 2012; LOYO CABEZUDO, 2018: 253-

281; GARCÍA DE LAS HERAS, 2019: 37-49.

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pensar a las víctimas del bando republicano, así como numerosos monumentos

y espacios de homenaje a los «héroes» del bando nacional. Todo esto contribuyó,

aplicando medidas educativas y el adoctrinamiento de los jóvenes, a la conforma-

ción de un discurso ocial sobre la guerra y sobre la República.

Con el referéndum sobre la Ley de Reforma Política, ya muerto el dictador,

España comienza su proceso de transición hacia una democracia parlamentaria: le-

galización de los partidos políticos y, en concreto, del Partido Comunista, celebra-

ción de elecciones generales, aprobación de la Constitución por referéndum, etc.

El primer periodo de aplicación de la Justicia transicional en España se

caracteriza por ser un modelo de absoluta impunidad y olvido de los crímenes

cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, con rehabilitación

parcial de las víctimas. En 1977 se promulga la Ley de Amnistía que, además

de emitir el perdón a los represaliados del régimen también lo hacía, de manera

encubierta, con los victimarios al amnistiar todos los actos de intencionalidad

política tipicados como delitos o faltas (entre ellos, los delitos de rebelión y

sedición) realizados con anterioridad a 1976. Existe, no obstante, la posibilidad

de persecución penal cuando no se reconozcan los motivos políticos y, por tanto,

queden fuera de la Ley de Amnistía (Caso Ruano).

Durante la transición política, ninguna fuerza política, sindical o social se

pronunció acerca de la necesidad de establecer medidas de carácter transicional;

tampoco se llevó a cabo una reforma o purga institucional, ni en el caso de orga-

nismos y personal civil, ni en el bando de las Fuerzas Armadas o la policía.

Años más tarde, ya en periodo democrático, se inició un conteo de normas

tendentes a la compensación de las víctimas de la represión franquista y el bando

republicano, tales como: rehabilitación de los puestos de trabajo, reconocimien-

to de la condición de retirados a los militares del bando republicano, reconoci-

miento de pensiones y ayudas económicas. Asimismo, por parte de las Comuni-

dades Autónomas se regularon algunas medidas para la restitución de los bienes

incautados a partidos políticos y sindicatos (no así, excepto en el País Vasco, a los

particulares y las asociaciones civiles), así como la búsqueda y recuperación de los

cadáveres de personas ejecutadas extrajudicialmente.

Finalmente, en 2002 se aprueba una declaración institucional sobre el re-

conocimiento de los derechos de las víctimas de la guerra civil y el régimen fran-