La obligación de adaptación a la CIDPD. Consideraciones generales sobre su impacto en el ordenamiento jurídico español

• Author: María Olga Sánchez Martínez - José Ignacio Solar Cayón
• Pages: 125-154

Capítulo Primero

LA OBLIGACIÓN DE ADAPTACIÓN A LA

CIDPD. CONSIDERACIONES GENERALES

SOBRE SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO

JURÍDICO ESPAÑOL

I. EL TRÁNSITO DEL LEGISLADOR ESPAÑOL DEL MODELO

MÉDICO AL MODELO SOCIAL. LA OBLIGACIÓN DE

ADAPTACIÓN DE NUESTRO ORDENAMIENTO A LA CIDPD

Como se ha podido observar a lo largo de la exposición de los distin-

tos derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la CIDPD,

las obligaciones que los Estados asumen al objeto de asegurar su disfru-

te real y efectivo tienen un alcance transversal, afectando a sectores y a

ámbitos materiales muy diversos, que van mucho más allá de las políti-

cas directamente orientadas hacia la discapacidad. Precisamente por

esta transversalidad, el tratamiento legislativo de la dimensión de la dis-

capacidad es susceptible de ser abordado en los ordenamientos internos

desde estrategias diferentes por parte de los diversos Estados. Bien con-

figurándolo en sí mismo como un ámbito material con identidad propia,

que ha de ser objeto de una regulación específica sometida a principios

diferenciados. O bien abordándolo de una manera dispersa y transver-

sal, introduciendo la dimensión de la discapacidad en la regulación de

los distintos sectores o ámbitos materiales que puedan tener incidencia

sobre la situación de las personas con discapacidad (sanidad, servicios

sociales, educación, empleo, urbanismo, etc.). Si bien es cierto que es

difícil encontrar modelos puros, siendo lo más frecuente una combina-

ción de ambas perspectivas, lo cierto es que algunos ordenamientos tien-

den más hacia un modelo de tratamiento «concentrado» o «centrípeto»

de la discapacidad, otorgando así una mayor visibilidad a la problemáti-

ca de la realización de los derechos de las personas con discapacidad,

mientras que otros optan por un enfoque más «disperso» o «centrífugo»,

tratando la discapacidad como una circunstancia a considerar en rela-

ción a la regulación de diversas materias. De manera que la estrategia

particular que haya sido adoptada por cada Estado determinará tam-

bién, en buena medida, la forma en que deberá ser llevado a cabo el

mandato de adaptación del ordenamiento jurídico interno de cada Esta-

do a la Convención.

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126 La Convención Internacional sobre los derechos de las personas...

En el caso del ordenamiento jurídico español, el tratamiento del fe-

nómeno de la discapacidad se ha abordado desde una perspectiva doble

o mixta. Por un lado, se han elaborado normas generales referidas espe-

cíficamente al ámbito de la discapacidad, pero, por otro, de manera si-

multánea, se han introducido disposiciones particulares sobre dicha ma-

teria en multitud de normas sectoriales a lo largo y ancho del

ordenamiento. De este modo, la tarea de adaptación de nuestro ordena-

miento a la CIDPD afecta tanto a normativas muy fácilmente determina-

bles, centradas inequívocamente en el tratamiento de la discapacidad,

como también a un sinfín de normas heterogéneas y profusas, de muy

diverso rango jerárquico, que abordan puntualmente aspectos concretos

de la discapacidad pero que tienen una lógica propia y distinta en fun-

ción del sistema o del sector material al que pertenecen.

Además, si a ello se añade que, en virtud del sistema de reparto com-

petencial entre las diversas administraciones —fundamentalmente la

administración central y la autonómica, aunque la administración local

juega también un papel muy importante en la prestación de determina-

dos servicios—, las obligaciones contenidas en la CIDPD inciden simul-

táneamente en normas que proceden de distintas instancias territoriales

(pensemos, por ejemplo, en el carácter transversal de la cuestión de la

accesibilidad y en el intrincado entrecruzamiento de títulos competen-

ciales en juego en dicha materia), se puede entender que la tarea de

adaptación de nuestro ordenamiento a aquel instrumento internacional

constituye una empresa compleja también desde este punto de vista, en

la medida en que requiere de la actuación conjunta y coordinada de to-

das las administraciones implicadas. Y, sobre todo, éste es un factor fun-

damental a tener en cuenta a la hora de abordar cualquier intento de

adaptación a la Convención de un sistema parcial y, en ciertos aspectos,

subordinado al estatal, como lo es la legislación de una comunidad autó-

noma, pues la posible existencia de importantes déficits en la legislación

general o básica del Estado representa un factor que, sin duda, condicio-

nará y limitará aquellas posibilidades de adaptación.

No obstante, puesto que un análisis de las insuficiencias del ordena-

miento estatal en relación a las exigencias de la CIDPD y de las limitacio-

nes que aquellas insuficiencias comportan para la adaptación del orde-

namiento y de la legislación autonómicos excede con mucho las

posibilidades y los objetivos de este trabajo, nos limitaremos a señalar

únicamente los rasgos generales de la regulación legal de la discapaci-

dad en el ordenamiento español y algunos de los principales puntos ge-

nerales de desajuste entre dicha regulación y las exigencias de la Con-

vención.

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