El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica en materia de acceso a la justicia

Autor:María Olga Sánchez Martínez - José Ignacio Solar Cayón
Páginas:321-333
Capítulo Sexto
EL IMPACTO DE LA CIDPD EN LA LEGISLACIÓN
AUTONÓMICA EN MATERIA DE ACCESO
A LA JUSTICIA
El artículo 13 de la CIDPD establece que los Estados signatarios de-
berán asegurar «que las personas con discapacidad tengan acceso a la
justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajus-
tes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de
las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e in-
directos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimien-
tos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas
preliminares». Y, al objeto de facilitar ese acceso efectivo, les obliga a
«promover la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administra-
ción de justicia, incluido el personal policial y penitenciario».
I. EL ACCESO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
Como se analizó en la primera parte de este trabajo, las dificultades
para el acceso a la administración de justicia de las personas con discapa-
cidad —dejando de lado el problema ya abordado de la accesibilidad físi-
ca a los edificios— tienen que ver, fundamentalmente, con tres cuestiones:
a) El no reconocimiento, en algunos casos, de su capacidad de ac-
tuar jurídicamente al hallarse incapacitados judicialmente.
De esta cuestión ya nos hemos ocupado al analizar el impacto de
la CIDPD en el ordenamiento jurídico español, en cuanto consti-
tuye una materia de competencia estatal que tiene una relevancia
central en la defensa de los derechos de las personas con discapa-
cidad, pues la incapacitación de éstas incide directamente en su
imposibilidad de actuar por sí mismos en defensa de sus intereses
de una manera jurídicamente válida en diversos ámbitos, entre
ellos el judicial. Se erige así, en estos casos, una infranqueable
barrera jurídica que impide el acceso directo de estas personas al
derecho a una tutela judicial efectiva —considerado por la doctri-
na como «el derecho de los derechos»—.
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