Competencia universal sobre los crímenes de guerra

• Author: Willard B. Cowles
• Pages: 277-315

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COMPETENCIA UNIVERSAL

SOBRE LOS CRÍMENES DE GUERRA

Willard B. COWLES*

A raíz de la movilidad de las tropas en la presente guerra y de la práctica

de transferir tropas de un frente a otro, bien podría ser que las unidades de

la Gestapo, las SS o de otras organizaciones alemanas acusadas de haber co-

metido los peores crímenes de guerra, hayan sido movilizadas de un frente a

otro, tal vez como «escuadrones de vuelo». También puede ser que muchos

de los miembros de estos grupos, quizás cientos de ellos, hayan sido captu-

rados y estén detenidos en calidad de prisioneros de guerra en Gran Bretaña

o en los Estados Unidos. Dichos prisioneros en poder de Gran Bretaña pue-

den haber cometido atrocidades contra yugoslavos en Yugoslavia, o contra

griegos en Grecia. Los prisioneros alemanes detenidos por las autoridades

de los Estados Unidos pueden haber cometido atrocidades contra polacos

en Polonia antes de que los Estados Unidos se convirtieran en parte belige-

rante. Más aún, por razones no obvias, pero reales, puede ser que algunos

países no deseen castigar a ciertos criminales de guerra, o que pref‌ieran que

algunos de esos individuos sean castigados por otros Estados. También, el

Estado en cuyo poder se encuentra el criminal puede preferir castigarlo él

mismo en lugar de entregarlo a otro gobierno, a pesar de que éste haya soli-

citado su entrega.

En el contexto de la jurisdicción territorial, hay quienes creen que, a pe-

sar de que un Estado puede castigar a los criminales de guerra por violacio-

nes cometidas contra sus propias fuerzas armadas durante las operaciones

militares, no puede castigar a un criminal cuando la víctima no pertenecía

a sus fuerzas armadas, si el crimen fue cometido en un lugar en el cual, al

* El presente artículo fue publicado originalmente como «Universal Jurisdiction over War

Crimes», California Law Review, 33(2) (1945), 177-218. Las opiniones expresadas aquí son del

autor exclusivamente y no representan los puntos de vista del Auditor Judicial General (Judge

Advocate General), del Departamento de Guerra ni de ningún otro departamento u organismo del

gobierno de los Estados Unidos.

Willard B. Cowles

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momento del acto, el Estado no tenía un control de facto consolidado, simi-

lar a la soberanía. Esta situación se denomina «ocupación militar» —en los

términos del art. 42 de la Convención de La Haya de 1907, éste es el grado

de control que existe cuando la autoridad del ejército enemigo ha sido efec-

tivamente establecida y puede ser ejercida efectivamente 1—.

Este trabajo se ocupa de la pregunta siguiente: si, con arreglo al Derecho

internacional, un Estado beligerante tiene competencia para castigar a un

criminal de guerra enemigo en su poder cuando la víctima del crimen de

guerra era nacional de otro Estado y la violación tuvo lugar fuera del territo-

rio bajo su control. En términos más técnicos, la pregunta es si el principio

de competencia universal es aplicable al castigo de crímenes de guerra.

Se han propuesto diversos fundamentos para el enjuiciamiento y castigo

de criminales extranjeros 2. Pound 3 y la mayoría de los miembros de la Cor-

te Suprema de los Estados Unidos 4 probablemente argumentarían sobre la

base del «interés» del Estado. Sin embargo, el juez Jackson duda que «se

pueda mantener la posición según la cual los alcances del poder del Estado

son una consecuencia de sus intereses» 5. En cualquier caso, no es necesario

ahondar en la teoría en la que se basa la competencia en este tipo de casos,

porque la pregunta es sobre la existencia o no de una limitación en el Dere-

cho internacional al poder jurídico, o la competencia, de los Estados. Si no

se puede encontrar ninguna limitación con arreglo a ese Derecho, entonces

los Estados se han reservado un poder en ese sentido.

El método para abordar la pregunta formulada no es mostrar que el De-

recho internacional permite a los Estados ejercer dicha competencia, sino

que no se los prohíbe. El punto fundamental puede quedar más claro me-

diante la apreciación de los hechos y del Derecho en el leading case sobre

competencia estatal en el Derecho internacional: el caso S. S. Lotus (Francia

c. Turquía), resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional en

1927 6. En 1926 tuvo lugar una colisión en alta mar entre la embarcación

francesa Lotus, con destino a Constantinopla, y el Boz-Kurt, una embarca-

ción turca. El Boz-Kurt naufragó y ocho pasajeros turcos o miembros de la

tripulación turca murieron. Después de asistir a los sobrevivientes del Boz-

1 36 Stat. (1909-11) 2277, 2295, 2306; 2 Treaties, etc. (Malloy) 2269, 2281, 2288. Véase n. 132,

infra.

2 Véase Jurisdiction with Respect to Crime, E D. DICKINSON, Reporter, Harvard Research in

International Law, AJIL, 29 (Sup núm. 3), 437 y ss.; W. E. BECKETT, «The Exercise of Criminal

Jurisdiction over Foreigners», British Yearbook of International Law, 6 (1925), 44.

3 R. POUND, «The Idea of Law in International Relations», Proc. Am. Soc. Int. Law (1939),

10 y ss.

4 Alaska Packers Association c. Industrial Accident Commission of California (1935), 294

U.S. 532.

5 J. R. H. JACKSON, «Full Faith and Credit - The Lawyer’s Clause of the Constitution», Col. L.

Rev., 45 (1945), 1, 28.

6 Judgment núm. 9, Serie A, núm. 10. También en 2 Hudson, World Court Reports 23.

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Kurt, el Lotus continuó su viaje hacia Constantinopla. Tras las investigacio-

nes realizadas por las autoridades turcas, Demons, el of‌icial de guardia en

el Lotus al momento de la colisión, fue detenido a la espera del juicio por

homicidio culposo.

En el juicio, Demons se opuso al proceso sobre la base de que los tribu-

nales turcos carecían de jurisdicción sobre el hecho. La objeción fue recha-

zada. Demons fue declarado culpable y sentenciado a pagar una multa de

aproximadamente 120 dólares americanos y a pasar ocho días en prisión. El

gobierno francés protestó por la actuación de las autoridades turcas. Como

resultado de las discusiones diplomáticas, los dos gobiernos acordaron remi-

tir la cuestión a la Corte Permanente de Justicia Internacional. La pregunta

jurídica formulada a ese tribunal fue si Turquía, al iniciar las actuaciones pe-

nales contra Demons, había «actuado en contradicción con los principios del

Derecho internacional y, en caso af‌irmativo, respecto de qué principios» 7.

En la Corte Permanente de Justicia Internacional el gobierno francés

planteó una cuestión de principio que «resultó ser fundamental» 8. Af‌irmó

que a f‌in de establecer su jurisdicción, Turquía debía probar que existía una

norma de Derecho internacional que permitía a los Estados ejercer su po-

der en este tipo de casos. Turquía sostuvo que los Estados podían ejercer

su jurisdicción sobre un crimen determinado siempre que el ejercicio de

«dicha jurisdicción no entrara en conf‌licto con un principio del Derecho

internacional» 9. La Corte resolvió a favor de Turquía señalando que la posi-

ción de Turquía era «dictada por la naturaleza y por las condiciones existen-

tes del Derecho internacional» 10. En un ya clásico pasaje, la Corte explicó

lo siguiente:

«El Derecho internacional gobierna las relaciones entre Estados indepen-

dientes. Las normas de Derecho vinculantes para los Estados, por consiguiente,

emanan de su propio libre albedrío expresado en las convenciones o en los

usos generalmente aceptados como expresión de los principios de Derecho, y

establecidos para regular las relaciones entre estas comunidades coexistentes o

con la visión de alcanzar metas comunes. Por tanto, las restricciones a la inde-

pendencia de los Estados no pueden presumirse» 11.

La Corte también af‌irmó que el Derecho internacional, en lo que res-

pecta al ejercicio de la jurisdicción, deja a los Estados «un elevado margen

de discreción». Cuando no hay una norma de Derecho internacional que

lo prohíba, «cada Estado es libre de adoptar los principios que considere

mejores y más apropiados». Así «todo lo que puede exigírsele a un Estado

7 Judgment núm. 9, Serie A, núm. 10, 5.

8 Ibid., 18.

9 Ibid.

10 Ibid.

11 Ibid.