Crímenes graves y errores conceptuales: la corte penal internacional y los estados no partes

• Author: Madeline Morris
• Pages: 101-166

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CRÍMENES GRAVES Y ERRORES CONCEPTUALES:

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Y LOS ESTADOS NO PARTES

Madeline MORRIS*

1. INTRODUCCIÓN

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) 1 dispone el

establecimiento de una corte internacional con competencia sobre el crimen

de genocidio, los crímenes de guerra, y los crímenes de lesa humanidad 2. A

menudo, tales crímenes son cometidos por gobiernos o con la aprobación

de éstos. Es poco probable que un gobierno que patrocina genocidios, crí-

menes de guerra, o crímenes de lesa humanidad consienta el enjuiciamiento

de sus nacionales por su participación en esos hechos. En ello reside el pro-

blema de una corte penal internacional que pueda ejercer competencia sólo

con el consentimiento del Estado de nacionalidad del acusado. Los Estados

que con mayor probabilidad estén involucrados en crímenes internacionales

graves son los mismos que con menor probabilidad otorgarán competencia

a una corte internacional respecto de sus nacionales.

El Estatuto de la CPI evita la perspectiva funesta de una corte penal

internacional que no pueda ejercer su competencia respecto de criminales

* Publicado originalmente como M. MORRIS, «High Crimes and Misconceptions: The ICC

and Non-Party States», Law and Contemporary Problems, 64(1) (invierno, 2001), 13-66. Este artícu-

lo, a su vez, es una versión modif‌icada de un capítulo con el mismo título, publicado en D. SHELTON

(comp.), International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal

Court (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2002).

1 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998. Doc. ONU A/

CONF.18379 (en adelante, Estatuto de la CPI).

2 Véase art. 5. Aunque el Estatuto de la CPI también establece la competencia sobre el crimen

de agresión [cfr. art. 5(1)(d)], luego dispone que la CPI no debe ejercer esta parte de su competen-

cia hasta que el estatuto sea modif‌icado, e incluya disposiciones que def‌inan el crimen de agresión

y establezca las condiciones bajo las cuales la Corte va a ejercer su competencia sobre ese crimen.

Véase art. 5(2).

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internacionales. El Estatuto establece que la CPI puede ejercer su compe-

tencia incluso sobre nacionales de Estados no partes del Estatuto, y que no

han consentido la competencia de la CPI de ninguna forma. El art. 12 dis-

pone que, además de la competencia basada en la acción del Consejo de Se-

guridad con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y la

competencia basada en el consentimiento del Estado de la nacionalidad del

acusado, la CPI va a tener competencia para enjuiciar a nacionales de cual-

quier Estado cuando los crímenes de competencia de la Corte son cometidos

dentro del territorio de un Estado parte del Estatuto, o de un Estado que

ha prestado su consentimiento para ese caso. Esa base territorial autorizaría

a la Corte a ejercer su competencia incluso en casos en los que el Estado

de nacionalidad del acusado no es parte del Estatuto y no ha consentido al

ejercicio de su competencia 3.

Los Estados Unidos han objetado el Estatuto de la CPI sobre la base de

que, al pretender conferir competencia a la Corte sobre nacionales de Esta-

dos que no han consentido y no son parte, el Estatuto obligaría a Estados no

partes en contravención con las normas del Derecho de los tratados 4. Esta

objeción ha dado lugar a una intensa controversia que se ha focalizado en las

particularidades del Derecho internacional en materia de tratados y de ju-

3 Obsérvese, sin embargo, la brecha siguiente en materia de competencia. Si un crimen es

cometido por un nacional de un Estado no parte en el territorio de ese Estado no parte, la CPI

no puede ejercer su competencia. Así, aun si la CPI hubiese existido en el momento relevante, no

hubiese podido, por ejemplo, ejercer su competencia sobre los crímenes de Pol Pot en Camboya,

o de Kambanda en Ruanda, si Camboya o Ruanda, respectivamente, no hubieran sido parte del

Estatuto de la CPI. De esta manera, la efectividad de la CPI como mecanismo de rendición de

cuentas es limitada.

Véase el art. 12. El art. 13(a) del Estatuto de la CPI articula una tercera condición que le per-

mite a la CPI ejercer su competencia. Incluso cuando no estuvieran satisfechas las precondiciones

de nacionalidad o territorialidad establecidas en el art. 12, la CPI puede ejercer su competencia si el

caso surge de una situación remitida al f‌iscal de la CPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas, con arreglo al Capítulo VII de la Carta. Véase el art. 13.

Cuando el Estado de nacionalidad del acusado es parte del Estatuto de la CPI o consintió

especialmente la competencia de la CPI para el caso concreto, la competencia de la CPI estará

basada en el consentimiento del Estado de nacionalidad del acusado. Cuando la competencia de la

CPI esté basada en el accionar del Consejo de Seguridad, la competencia reposa posiblemente en el

consentimiento del Estado de nacionalidad del acusado (asumiendo que es miembro de Naciones

Unidas) a través de su membresía Naciones Unidas, la cual conlleva el consentimiento de cooperar

con las decisiones del Consejo de Seguridad tomadas con arreglo al Capítulo VII. Véase la Carta

de las Naciones Unidas, art. 25. No obstante, véase el Escrito de la Parte Recurrente, Fiscal c. Ta-

dic, Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, caso núm. IT-94-1-AR72 (argumentando que el

Consejo de Seguridad es inherentemente incapaz de establecer legítimamente un órgano judicial).

El presente artículo se centrará no en éstas justif‌icaciones basadas en el consentimiento, sino, por

el contrario, en las justif‌icaciones basadas en consideraciones territoriales, las cuales, con arreglo al

Estatuto de la CPI, le permiten a la CPI ejercer su competencia sobre nacionales de Estados que no

han consentido su competencia.

4 Véase D. SCHEFFER, embajador extraordinario de Estados Unidos para crímenes de guerra,

The International Criminal Court: The Challenge of Jurisdiction, discurso en la reunión anual del

American Society of International Law (26 de marzo de 1999) (copia en el archivo de la autora).

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risdicción. Sin embargo, si examinamos atentamente el problema, podemos

detectar una cuestión más básica que intenta salir a la luz.

La cuestión central está relacionada con la naturaleza de la CPI como

institución internacional. La estructura jurisdiccional de la CPI está basada

en una concepción de la CPI como un tribunal penal en un sentido estricto.

Según esta concepción, el trabajo de la CPI es juzgar la culpabilidad o ino-

cencia de individuos acusados por crímenes internacionales. Con este mo-

delo en mente, tiene sentido darle a la Corte competencia compulsiva; eso

evitaría que los autores de crímenes internacionales graves puedan eludir el

accionar de la justicia. Desde esta perspectiva, alguien podría razonar que,

si la competencia de la Corte se limita a los crímenes internacionales clara-

mente establecidos, y el proceso ante la Corte es justo, ningún Estado —sea

parte o no parte— debería tener objeciones legítimas al ejercicio de esta

competencia sobre sus nacionales.

La def‌iciencia de este enfoque es que ref‌leja sólo uno de los dos tipos

de casos que la CPI puede ser llamada a resolver. Además de los casos que

conciernen únicamente la responsabilidad individual, habrá casos ante la

CPI que se centren en la legalidad de actos of‌iciales de Estado. Aun cuando

sean individuos y no Estados los que f‌iguren en las acusaciones, habrá casos

en los que se acuse a esos individuos por actos of‌iciales llevados a cabo con-

forme a una política estatal y bajo la autoridad del Estado. Estos casos de

actos of‌iciales podrían perfectamente incluir casos en los que un acto of‌icial

es caracterizado como criminal por el f‌iscal de la CPI (muy probablemente,

actuando en virtud de una remisión del Estado agraviado), mientras que el

Estado cuyo nacional está siendo enjuiciado af‌irma que el acto fue lícito.

Uno puede fácilmente imaginarse casos ante la CPI en los que el acto ob-

jeto de la acusación fue una intervención militar, el despliegue de un arma

en particular, el recurso a cierto método de guerra, u otra conducta of‌icial

que el Estado responsable af‌irma que fue lícita. También puede ocurrir que

el acto objeto de la acusación sea un presunto acto of‌icial que el Estado

involucrado af‌irma que nunca ocurrió. En este tipo de casos, a pesar de que

en el banquillo esté sentado un individuo, la cuestión de fondo representa

conf‌lictos jurídicos de bona f‌ide entre Estados.

Cuando la CPI decida casos que involucren actos of‌iciales, su función

va a asemejarse menos a la de un tribunal penal local que a la una corte

internacional que resuelve conf‌lictos jurídicos entre Estados. Los defectos

de la estructura jurisdiccional de la CPI y de los argumentos que han sido

propuestos a favor de esa estructura derivan del hecho de que este segundo

aspecto del carácter de la CPI, el de una corte para la resolución de conf‌lic-

tos entre Estados, no se toma en consideración adecuadamente.

Existe una variedad de mecanismos para la solución de controversias en-

tre Estados. La decisión judicial es uno de ellos, pero no siempre es el modo