Entre la impunidad y los show trials

• Author: Martti Koskenniemi
• Pages: 69-100

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ENTRE LA IMPUNIDAD Y LOS

SHOW TRIALS

Martti KOSKENNIEMI*

Cuando comenzó su defensa en La Haya, el 12 de febrero de 2002, no

había motivos para sorprenderse por las tácticas que eligió el ex presidente

Milosevic. Al acusar a Occidente, en especial a la Organización del Trata-

do del Atlántico Norte (OTAN), por su presunta complicidad, primero, en

la destrucción de lo que Milosevic llamaba la «Mini Yugoslavia» (Bosnia-

Herzegovina) y luego, en 1999, por dirigir un ataque contra su propio país,

Milosevic buscaba evitar tener que hacer su defensa en las condiciones im-

puestas por sus adversarios. A la vez, su maniobra resalta, una vez más, lo

difícil que es lidiar con crisis políticas importantes a través de la imputación

de responsabilidad penal a un individuo, y brinda razones para poner en

duda la capacidad de un juicio penal para conservar o expresar la «verdad»

de una compleja serie de hechos que involucran el accionar habitualmente

errático de actores internacionales importantes, superpotencias, la Unión

Europea, las Naciones Unidas, entre otros. El juicio a Milosevic (y el Dere-

cho penal internacional en general) se balancea indecisamente entre el deseo

de castigar aquellos individualmente responsables por grandes atrocidades

humanitarias y el peligro de convertir los juicios en show trials o «juicios

espectáculo».

1. ¿POR QUÉ CASTIGAR?

El juicio de Milosevic en La Haya ha sido celebrado como el hecho más

importante entre los esfuerzos internacionales por terminar con la cultura

de la impunidad, que se han desarrollado a partir del establecimiento de

los tribunales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda en 1993

y 1994, la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998,

* El presente artículo fue publicado originalmente bajo el título «Between Impunity and

Show Trials», en Max Planck Yearbook of United Nations Law, 6 (2002), 1-35.

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y el inicio de procesos contra líderes políticos nacionales o extranjeros en

varios países. Estos eventos son disímiles. Sin embargo, no hay duda de que

ponen de manif‌iesto una necesidad renovada de pensar hoy la política inter-

nacional en términos de categorías internas. La universalización del Estado

de Derecho requiere que la responsabilidad penal se materialice tanto en el

ámbito internacional como en el interno. Desde la cosmovisión liberal, no

debería haber nadie fuera de la ley: todos, independientemente del lugar

donde lleven a cabo su actividad o de su cargo, deben ser responsables por

sus actos 1.

Sin embargo, como señaló Hannah Arendt durante los juicios de Núrem-

berg, «[a]horcar a Göring es ciertamente necesario, pero totalmente inade-

cuado. Su culpabilidad [...] trasciende y destruye todo orden jurídico» 2. Lo

que Arendt quería decir, por supuesto, es que una tragedia puede ser tan

impresionante, una serie de hechos tener tal importancia política o incluso

metafísica, que castigar a un individuo no estará ni cerca de ser suf‌iciente.

En casi todas las persecuciones penales que involucraron crímenes de lesa

humanidad cometidos durante o después de la Segunda Guerra Mundial, ha

habido algunos observadores que han dudado de la capacidad del Derecho

penal para lidiar con estos hechos, precisamente por su enorme importancia

moral, histórica o política.

El f‌ilósofo Karl Jaspers, por ejemplo, le escribió a Arendt en 1960, unos

meses antes de que comenzara el juicio a Eichmann, señalando que los he-

chos por los que éste era acusado «están fuera de lo comprensible en tér-

minos humanos y morales» y que «[a]lgo más que el Derecho [estaba] en

juego —reducirlo a una cuestión puramente jurídica [era] un error—» 3. El

mismo tipo de argumento apareció ocasionalmente en relación con los más

recientes juicios en Francia a Klaus Barbie («el carnicero de Lyon»), en 1987,

y a los franceses Paul Touvier y Maurice Papon, en 1994 y en 1998, respecti-

vamente. Hoy parece claro que si Milosevic termina o no en prisión, ésa no

sería en lo más mínimo una respuesta «adecuada» al hecho de que alrededor

de 200.000 personas han perdido sus vidas (y millones han sido afectadas)

por la serie de guerras ocurridas en Yugoslavia. Si este juicio tiene alguna

importancia, debe ser por una razón distinta al hecho de que se castigue a

Milosevic.

1 La descripción de la campaña para terminar con la «cultura de la impunidad» como un

aspecto de la analogía con el Derecho interno es provechosamente analizada en G. BASS, Stay the

Hand of Vengeance. The Politics of War Crime Tribunals (2000), 8-36.

2 Citada en N. FREI, «Le retour du droit en Allemagne. La justice et l’histoire contemporaine

après l'Holocauste- un bilan provisoire», en F. BRAYARD (comp.), Le génocide des Juifs entre procés

et historie 1943-2000 (2000), 57.

3 L. KOHLER y H. KOHLER (comps.), Hannah Arendt - Karl Jaspers, Correspondence 1926-1969

(1996), 410. Citado también en L. DOUGLAS, The Memory of Judgment. Making Law and History in

the Trials of the Holocaust (2001), 174-175. Aquí Jaspers estaba recurriendo sin lugar a dudas a su

libro Die Schuldfrage (1946).

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Puesto que esto es tan evidente, se suele argumentar que los juicios por

crímenes de lesa humanidad o genocidio tienen más que ver con establecer

la verdad de los hechos que con juzgar a una persona. Por ejemplo, si bien

el proceso contra Eichmann en Jerusalén era considerado necesario en for-

ma prácticamente universal, pocos creían que esa necesidad emanaba de la

necesidad de castigar a Eichmann. Al f‌in y al cabo, Eichmann era sólo una

pieza de la maquinaria asesina nazi. En cambio, el juicio fue considerado

necesario para hacer público todo el horror de la «guerra nazi contra los

judíos» 4, especialmente porque ese aspecto de la responsabilidad alemana

había recibido, según el punto de vista de muchos, escasa atención en los

juicios de Núremberg. Para el Estado de Israel, el objetivo del juicio era

sacar a la luz un aspecto central de la historia de esa nación y poder hacer

algunos avances en la explicación acerca de cómo todo aquello pudo haber

ocurrido 5. El destino de Eichmann luego del juicio sería una cuestión secun-

daria. En efecto, Eli Wiesel sugirió que Eichmann debía ser simplemente

liberado, mientras que Arendt propuso entregarlo a las Naciones Unidas 6.

Su muerte no podría reparar de ninguna manera el crimen en el que había

estado implicado. Incluso podía reducir la percepción de que la naturaleza

especial de ese crimen se basaba en su naturaleza colectiva, como parte de la

política of‌icial de Alemania.

La concepción de la justicia penal (y del juicio a Milosevic) como un

instrumento para la verdad y la memoria ha sido sugerida precisamente en

respuesta a las críticas por la supuesta obsesión del Derecho penal con el

acusado. Este aspecto del Derecho penal fue destacado durante los prime-

ros años del Tribunal para la ex Yugoslavia porque resultó imposible llevar

a los acusados por crímenes de guerra a La Haya. El Tribunal recurrió al

procedimiento que permitía leer la acusación en una audiencia pública y

librar órdenes de arresto internacionales ante la ausencia del acusado 7. El

razonamiento detrás de un «tribunal de la palabra» fue resumido de la si-

guiente manera al iniciarse el proceso contra Karadzic y Mladic, el 27 de

junio de 1996:

«incapaz hasta aquí de hacer justicia, obligado a dejar sin castigo los crímenes de

lesa humanidad y el genocidio, el trabajo del TPI adoptaba de golpe una consis-

4 En The Nazi War Against the Jews: 1933-1945 (1975), Lucy Davidowicz muestra en qué

medida el Holocausto no fue una consecuencia incidental, sino una opción deliberada del régimen

de Hitler.

5 Ésta fue la perspectiva que tomó el f‌iscal, Gideon Hausner. Arendt consideró que Hausner

estaba simplemente «obedeciendo a su amo», el primer ministro David Ben-Gurión. H. ARENDT,

Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, edición revisada y ampliada (1963), 5. Para

una excelente y reciente exposición de este aspecto del juicio véase DOUGLAS, n. 3, supra, 97 y ss.,

y 150-182.

6 ARENDT, ibid., 270-271.

7 Regla 61 de las Reglas del Tribunal: «Procedimiento en caso de no poder ejecutar la orden

de arresto».