Capítulo VIII. Los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas equitativas de género en materia financiera. Consideraciones para la investigación jurídica

• Author: Miguel Ángel Sánchez Huete
• Profession: Profesor de Derecho Financiero y Tributario Director del Centro de Estudios e Investigación Mujeres y Derechos, Universidad Autónoma de Barcelona
• Pages: 167-194

CAPÍTULO VIII

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

...

Y LAS POLÍTICAS

EQUITATIVAS DE GÉNERO EN MATERIA FINANCIERA. CONSIDERA-

CIONES PARA LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Dr. Miguel Ángel Sánchez Huete

Profesor de Derecho Financiero y Tributario

Director del Centro de Estudios e Investigación Mujeres y Derechos

Universidad Autónoma de Barcelona

DOI: 10.14679/2118

1. INTRODUCCIÓN

Existe un amplio consenso en el reconocimiento de la igualdad entre las personas

sin que el sexo u otra circunstancia personal sea obstáculo, y también en la prohi-

bición de su lesión a través de la discriminación. De esta manera la igualdad y la

no discriminación resultan perspectivas que, sin ser idénticas, convergen en la ne-

cesidad de ser complementadas con políticas normativas de promoción. Políticas

beligerantes y multisectoriales.

Hablar de discriminación y género requiere delimitar el punto de partida que ar-

ma que no existe, sobre todo entre hombres y mujeres, una plena y efectiva igualdad1.

De aquí se deriva la necesidad de una acción, también normativa, tanto para comba-

1 La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-

tiva de mujeres y hombres (en adelante LOI) sintetiza el estado de la cuestión armando que “El pleno

reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo,

ha resultado ser insuciente. […] la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres […] es toda-

vía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”. Sobre datos estadísticos se

puede consultar una selección de indicadores más relevantes en “Mujeres y Hombres en España”. Publi-

cación del Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la

Igualdad de Oportunidades de 2019, disponible en el web.

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tir las manifestaciones subsistentes de discriminación por razón de sexo como para

promover la igualdad real. Se exige no solamente el abolir discriminaciones sino ac-

ciones positivas que conformen una nueva situación de igualdad real entre personas

y grupos. Ello conlleva otorgar un trato equitativo que tenga presente las diferen-

cias existentes. No cabe duda de que la realidad desigual ha de ser modicada con

medidas equitativas, expresión posiblemente más adecuada que la de medidas de

discriminación correctiva o discriminación positiva. Pues, en puridad, tales medidas

pretenden más que una discriminación un trato diverso de las situaciones que tam-

bién son disimiles, procurar las mismas oportunidades; se busca la equidad.

La igualdad y la interdicción de la discriminación se inserta, según la Constitu-

ción española –art. 14 y art. 9.2–, en tres deberes o tres mandatos imperativos a los

poderes públicos. Dichos mandatos suponen armar, el primero de ellos, la prohi-

bición de la discriminación por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o

condición personal o social. El segundo, la remoción de los obstáculos que impidan

o diculten la plenitud de una igualdad real y efectiva. Y el tercero, la promoción de

las condiciones para la efectividad de la igualdad reconocida2.

Tanto el ámbito regional como el nacional es prolíco en propugnar medidas nor-

mativas y llamamientos para conseguir una igualdad real y efectiva. Las acciones

positivas apareen presentes en el ámbito de la Unión Europea en el art. 157.4 del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea donde se arma que los Estados

miembros podrán establecer acciones positivas para “mantener o adoptar medidas

que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el

ejercicio de actividades profesionales, o a evitar o compensar desventajas en sus ca-

rreras profesionales”. En el ámbito interno o nacional también se reconocen en la Ley

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,

así en su art. 11 indica que “con el n de hacer efectivo el derecho constitucional de la

igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas especícas en favor de las mujeres

para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.

Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de

ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”.

A nivel mundial el compromiso con la igualdad y no discriminación, a través de

acciones normativas y actuaciones públicas, aparece especialmente presente en los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para su cumplimiento

en el año 2030. Los ODS, si bien no son jurídicamente obligatorios, suponen compro-

misos ineludibles moralmente por sus implicaciones para el futuro de la humanidad

en el que todos los países se contemplan mutuamente. Este pacto mundial supone

que “Nuestros Gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano na-

cional, regional y mundial, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en

2 En el marco de la Unión Europea también se reconoce a la igualdad en sus diversas perspectivas

-como valor, prohibición de la discriminación, igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de oportuni-

dades- en el art. 2 y 3 y en los arts. 8, 10, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y

también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el art. 21, 23 y 33.