Asistencia religiosa en centros de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género

• Author: JOSÉ CRUZ DÍAZ
• Pages: 54-73

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attention and academic scrutiny in Spain than other essential social services such

as health, legal, and psychological support. In addition, it should be noted that

research on religious assistance has tended to focus on other public institutions,

such as the military, prisons and hospitals, which are traditional subjects of study

in our universities.

The exposition is divided into two distinct sections, supported by both

national and regional legislation, especially Andalusian legislation. The first

section deals with the constitutional basis of the right to religious assistance,

including its positive and negative concepts, holders, contents and limitations.

The second part of the work focuses on the concept of gender-based violence,

its typology, and the tools used by public authorities to provide protection and

assistance to victims. It includes a description of residential facilities (crisis

centres and shelter houses) and concludes with an overview of the proposal for

the development of the religious assistance service model provided by legally

recognised religious denominations, including those that have signed

cooperation agreements with the State.

1. El derecho de asistencia religiosa

1.1 Concept o negativo de asist encia religiosa

En su segunda acepción, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define

el servicio de asistencia religiosa como «el conjunto de actividades y servicios

que las confesiones religiosas legalmente reconocidas prestan a sus fieles»1.

Formula un concepto negativo de asistencia religiosa, configurada como una

libertad pública o un derecho de autonomía frente al Estado y frente a terceros,

tanto en un plano interno como externo, en público como en privado, individual

o colectivamente, mediante la práctica, la enseñanza, el culto o la observancia de

las propias creencias profesadas. De esta suerte, a ninguna persona se le puede

impedir «recibir asistencia de su propia confesión», como tampoco se le puede

obligar a recibirla contra su voluntad (art. 2.1.b de la Ley Orgánica 7/1980, de 5

de julio, de Libertad Religiosa, en adelante, LOLR). Constituye, pues, su

fundamento el derecho subjetivo de libertad religiosa (art. 16.1 de la

Constitución española, en adelante, CE), derecho humano y derecho

fundamental irrenunciable, inherente a la idea de dignidad del ser humano (art.

10 CE).

La definición de la RAE hace referencia a un «conjunto de actividades y

servicios», pero ¿cuáles? Esencialmente aquellos que las confesiones religiosas

prestan a sus fieles para la satisfacción de sus fines religiosos: cura de almas,

dirección o atención pastoral, instrucción o asesoramiento religioso, atención a

los moribundos, conmemoración de festividades, administración de sacramentos

(ritos matrimoniales), así como cualesquiera otras prácticas asociadas al acto de

fe, independientemente de las derivaciones específicas y particularidades de

cada credo o creencia religiosa, definidos por un patrimonio o herencia que los

sociólogos llaman transmisión intergeneracional de afiliación religiosa.

1 Real Académica Española, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) [en línea]. https://dpej.rae.es

[Fecha de consulta: noviembre de 2023].

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En efecto, la práctica de la fe o, siendo más precisos, el acto de fe como

práctica, pone de relieve su dimensión social. Hablamos no sólo de actos

ceremoniales, sino también de usos y costumbres, incluidas las normas dietéticas

y los ritos iniciáticos. No se olvide tampoco que el cuidado espiritual o el

asesoramiento religioso comprende actividades que son parte integrante del

modus vivendi y las expresiones culturales de las tradiciones religiosas2.

En este sentido, es significativo el papel que, frente a los fieles, sujetos

beneficiarios y receptores, desempeñan las confesiones religiosas como sujetos

prestadores de la asistencia, a través de los ministros de culto o el personal

designado por ellas3. Observamos, por consiguiente, una doble dimensión

personal y colectiva en la proyección o ejercicio del derecho de asistencia. Son

sus titulares originarios los individuos, las personas físicas. Los artículos 2.1 de la

LOLR y 9.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) proclaman

«toda persona», pues todos sin excepción somos titulares del haz de facultades

abrigado por la libertad religiosa, incluidos extranjeros y menores4.

Igualmente, las confesiones también son titulares del derecho de asistencia.

Titulares «derivados» o instrumentales, en la medida en que se encuentra

supeditada en la práctica a que aquéllas la presten. Quiere decirse que el pleno

reconocimiento y efectividad del derecho exige que su titularidad sea atribuida a

las iglesias y las entidades religiosas. El Tribunal Constitucional lo expone con

claridad:

La plena efectividad de los derechos fundamentales exige reconocer que la

titularidad colectiva de los mismos no corresponde sólo a los individuos

aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en

grupos y organizaciones cuya finalidad sea específicamente la de defender

determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses y los valores que forman

el sustrato último del derecho fundamental5.

Desde esta perspectiva negativa, pues, asistencia religiosa equivale a

asistencia espiritual, un servicio que las confesiones prestan a sus fieles para la

realización de los fines religiosos en el interior de templos, domicilios y otros

espacios aptos para celebraciones propias de cada una y que implica un

reconocimiento y garantía de un «derecho de los ciudadanos a actuar con plena

inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales»6. Sin

embargo, junto a ella, el DPEJ ofrece otra acepción, que de hecho es la primera y

que define la asistencia religiosa como el «conjunto de medidas adoptadas por

los poderes públicos para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa

en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales,

2 El número 2037 del Catecismo de la Iglesia Católica recoge el derecho de los fieles a ser instruidos en los

preceptos divinos. El Código de Derecho Canónico añade que aquéllos «tienen derecho a recibir de los

pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la Palabra de Dios y los

sacramentos» (c. 213).

3 No obstante carecer de tradición en nuestro ordenamiento, la categoría de ministro de culto designa «a las

personas físicas que realizan funciones religiosas con carácter estable y permanente, estando

comprendidas dentro de estas la de (…) asistencia religiosa» (Motilla, 2016: 180).

4 Art. 3 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su

integración social (BOE núm. 10, de 12 de enero); y art. 6 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de

protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil

(BOE núm. 15, de 17 de enero).

5 STC 64/1988, de 12 de abril.

6 STC 24/1982, de 13 de mayo.