Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Resolución nº 74 CIDH. Medida Cautelar nº 1175-20 (Haití), 04-09-2021
El 4 de septiembre de 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de Camille Occius y su núcleo familiar. Según la solicitud, el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo ante los hechos de violencia cometidos en su contra debido a su labor como defensor de derechos humanos en Haití. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la organización solicitante, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que existe un riesgo grave y urgente de daño irreparable a los derechos a la vida e integridad personal del señor Occius, de conformidad con el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita que Haití: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de Camille Occius y su familia. A tales efectos, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, así como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para que Camille Occius pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el desempeño de su labor; c) concierte las medidas a adoptar con las personas beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolución nº 71 CIDH. Medida Cautelar nº 593-21, 665-21, 680-21 (Nicaragua), 30-08-2021
Resolución nº 71 CIDH. Medida Cautelar nº 593-21, 665-21, 680-21 (Nicaragua), 30-08-2021
El 30 de agosto de 2021 la CIDH decidió otorgar medidas cautelares en favor de Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Arguello, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray. Según la solicitud, las personas propuestas beneficiarias se encontrarían en una situación de riesgo en el marco de sus privaciones de libertad debido a que no se conocen sus condiciones de detención, además de que algunas padecen enfermedades crónicas graves y a otras se desconocen sus paraderos. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Ana Margarita Vijil Gurdián, Dora María Téllez Arguello, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray; b) asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; c) tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean sus privaciones de libertad actuales, se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables; y, d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolución nº 72 CIDH. Medida Cautelar nº 679-21 (Nicaragua), 30-08-2021
El 30 de agosto de 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza y su familia. Según la solicitud, el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo en el marco de su privación de libertad debido a agresiones sufridas durante su detención, así como sus condiciones actuales y la alegada falta de atención médica. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la parte solicitante, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza y su núcleo familiar. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza. En particular, mediante la adopción de las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, incluyendo a los medicamentos necesarias de conformidad con lo prescrito por las o los profesionales de salud correspondientes, así como los diagnósticos y exámenes que permitan evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables; c) asegure que las condiciones de detención del señor Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; d) tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud del señor Wilmer Alfredo Mendoza Espinoza como resultado de las circunstancias que rodean su privación de la libertad actuales, se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables; e) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y, f) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución nº 68 CIDH. Medida Cautelar nº 1068-20 (Cuba), 28-08-2021
El 28 de agosto de 2021, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor de Irán Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Cuba. La CIDH identificó que el propuesto beneficiario sería objeto de amenazas, intimidaciones y sometido a incomunicación durante sus detenciones de parte de agentes estatales. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la parte solicitante, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que el señor Almaguer Labrada se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la persona beneficiaria. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la persona beneficiaria, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de sus labores; c) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución nº 70 CIDH. Medida Cautelar nº 1061-20 (Nicaragua), 28-08-2021
El 28 de agosto de 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de Georgina Roxana Vargas Clarens. Según la solicitud, la beneficiaria, corresponsal de Canal 10 de televisión en la Región Autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua, se encuentra en una situación de riesgo debido a que está sufriendo actos de hostigamientos, amenazas y represión por parte de autoridades estatales y particulares a raíz de su labor periodística. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que la señora Vargas Clarens se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Georgina Roxana Vargas Clarens. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la beneficiaria, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para que Georgina Roxana Vargas Clarens pueda desarrollar sus actividades como periodista independiente sin ser objeto de actos de violencia, amenazas, hostigamiento o intimidación en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la adopción de medidas para que pueda debidamente ejercer su derecho a la libertad de expresión; c) concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes; y, d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución nº 69 CIDH. Medida Cautelar nº 512-21 (Colombia), 28-08-2021
El 28 de agosto de 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de los periodistas José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago, en Colombia. La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios, periodista y camarógrafo de canal 2 de Cali, han sido objeto de amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia en su contra, sin contar medidas de protección idóneas y eficaces a su favor por parte del Estado. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la Comisión consideró que, desde el estándar prima facie aplicable, los periodistas José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Colombia que a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago. En particular, el Estado deberá asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los beneficiarios, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) adopte las medidas necesarias para que José Alberto Tejada Echeverri y Jhonatan Buitrago puedan desarrollar sus actividades como periodistas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la adopción de medidas para que puedan debidamente ejercer su derecho a la libertad de expresión; c) concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar, y así evitar su repetición.
Resolución nº 67 CIDH. Medida Cautelar nº 584-21 (Nicaragua), 24-08-2021
El 24 de agosto de 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de José Bernard Pallais Arana. Según la solicitud, el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo debido a que padece de enfermedades crónicas graves y está privado de su libertad desde el 9 de junio de 2021, sin que se conozca su paradero ni condiciones de detención. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes en el contexto en el que tienen lugar, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que el señor Pallais Arana se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, se solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de José Bernard Pallais Arana; b) asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia; c) tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de la libertad actuales, se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables; y, d) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.
Resolución nº 65 CIDH. Medida Cautelar nº 444-21 (Nicaragua)
El 23 de agosto de 2021 la CIDH decidió otorgar medidas cautelares en favor de Douglas Antonio Villanueva Sandoval, Cindy Mariana Mejía Tercero y su hijo. Según la solicitud, el propuesto beneficiario Villanueva Sandoval es objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia por parte de autoridades estatales y paraestatales. En este contexto, su pareja, la señora Mejía Tercero también sería blanco de hostigamientos y amenazas. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Douglas Antonio Villanueva Sandoval, Cindy Mariana Mejía Tercero, y su hijo. En particular, el Estado deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resolución nº 64 CIDH. Medida Cautelar nº 211-20 (Cuba)
El 22 de agosto de 2021, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor de Richard Adrián Zamora Brito, en Cuba. Según la solicitud, el beneficiario es integrante del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y se encuentra en riesgo en el actual contexto del país. Por consiguiente, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Cuba que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; b) informe sobre el paradero oficial de aquellas personas beneficiarias que se encuentran detenidas, así como adopte medidas para que puedan ponerse en contacto con familiares y representantes legales; c) adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos en el ejercicio de sus labores. Lo anterior incluye la adopción de medidas para que pueda ejercer su libertad de expresión; d) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y e) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

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