Límites constitucionales a la creación de leyes estatales y territoriales en los Estados Unidos

• Author: Fernando Juan Echegaray Daleccio
• Profession: Doctor en Derecho
• Pages: 85-128

Capítulo II

Límites constitucionales a la creación de leyes

estatales y territoriales en los Estados Unidos

Como punto de partida para nuestro análisis sobre la viabilidad de una norma,

con las características aquí propuestas, tenemos que determinar si esta nueva ley

entra en conflicto con alguna de las normas federales promulgadas por el Congreso

estadounidense en materias relacionadas a los derechos de exclusividad (autor y

patentes) o con leyes federales concordantes dentro de este campo de la competen-

cia económica. Toda vez que, de ocurrir, quedaría desplazada de plano por leyes de

mayor jerarquía. De igual forma, y no menos importante, si esta ley propuesta

pudiese ser declarada inconstitucional de su faz por ser contraria a las cláusulas

constitucionales que regulan este ámbito en los Estados Unidos.

1. Doctrina del desplazamiento (preemption)

1.1. Formulación de la doctrina del desplazamiento (preemption)

En los Estados Unidos existen dos gobiernos con distintas autoridades y com-

petencia: el federal y el estatal. Esto conlleva en ciertos casos conflictos sobre la

aplicabilidad de la norma correcta para la adjudicación de controversias por parte

de los tribunales o agencias administrativas. Se da por sentado en el discurso fede-

ralista que, si el Congreso posee la autoridad para regular una actividad, sus leyes

reinan y superan las regulaciones estatales en conflicto sobre el mismo tema. 213

Hay tres tipos de normas federales: la Constitución, las leyes y los tratados. En

virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, estas

normas federales desplazan (preempt) leyes estatales contradictorias. 214 Todos los

213 MIKOS, Robert A.: «On the Limits of Supremacy: Medical Marijuana and the States’ Over-

looked Power to Legalize Federal Crime», Vanderbilt Law Review, vol. 62, 2009, pág.102.

214 GARDBAUM, Stephen: «The “Horizontal Effect” of Constitutional Rights», Michigan Law

Review, vol. 102, 2003, págs.389-391; KESAVAN, Vasan: «The Three Tiers of Federal Law», Nor-

thwestern University Law Review, Vol. 100, núm. 4, 2006, pág.1480; CLARK, Bradford R.: «The

Supremacy Clause as a Constraint on Federal Power», George Washington University Law Review,

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estados y territorios de los Estados Unidos, en la promulgación de sus leyes, están

sujetos a la «Cláusula de Supremacía» incluida en el segundo párrafo del artículo

sexto de la Constitución estadounidense, que dispone lo siguiente:

«This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance

thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United

States, shall be the Supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound

thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstan-

ding». 215

El TSEU en Fidelity Federal Sav. & Loan Ass’n v. De la Cuesta 216, expresó que

«The preemption doctrine, which has its roots in the supremacy clause, requires an

examination of congressional intent». Este mismo Tribunal ya en 1824, en Gibbons

v. Ogden 217, dictaminó la necesidad de que las leyes estatales regulen asuntos inter-

nos y no interfieran ni resulten contradictorias con las leyes federales:

«[…] however, in exercising the power of regulating their own purely internal affairs, whe-

ther of trading or police, the States may sometimes enact laws, the validity of which

depends on their interfering with, and being contrary to, an act of Congress passed in

pursuance of the constitution … But the framers of our constitution foresaw this state of

things, and provided for it, by declaring the supremacy not only of itself, but of the laws

made in pursuance of it. The nullity of any act, inconsistent with the constitution, is pro-

duced by the declaration, that the constitution is the supreme law. The appropriate appli-

cation of that part of the clause which confers the same supremacy on laws and treaties,

is to such acts of the State Legislatures as do not transcend their powers, but, though

enacted in the execution of acknowledged State powers, interfere with, or are contrary to

the laws of Congress, made in pursuance of the constitution, or some treaty made under

the authority of the United States. In every such case, the act of Congress, or the treaty, is

supreme; and the law of the State, though enacted in the exercise of powers not controver-

ted, must yield to it».

El desplazamiento se aplica independientemente de si la ley o el reglamento

proviene de legislaturas o agencias administrativas estatales o territoriales. El

TSPR en Vega v. Soto 218, comenta sobre la primacía del derecho federal sobre el

estatal:

«La primacía del derecho estatal […] tiene que ceder ante el principio de la supremacía

de las leyes del Congreso […] cuando una ley federal así lo ordena al ocupar expresa-

vol. 71, https://ssrn.com/abstract=449420; RAMSEY, Michael D.: «The Supremacy Clause, Original

Meaning, and Modern Law», Ohio State Law Journal, vol. 74, 2013, págs.559-562.

215 Archivos Nacionales y Administracion de Documentos de los Estados Unidos, en: https://

www.archives.gov/espanol/constitucion.html (accedido 20 de enero de 2020).

216 Fidelity Federal Sav. & Loan Ass’n v. De la Cuesta, 458 U.S. 141, 152 (1982).

217 Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1, 210-211 (1824).

218 Vega v. Soto, 164 D.P.R. 113, 120 (2005).

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mente el campo, o cuando la ley incide sustancialmente sobre la política pública que

establece el Congreso en alguna legislación».

Puerto Rico, al ser un territorio no incorporado de los EE.UU., está sujeto y

obligado por este mandato constitucional y no puede promulgar leyes que sean

inconsistentes o contrarias a las normas federales que específicamente desplazan

(preempts) parcial o totalmente, y así lo resolvió el TSEU en P.R. Dept. of Consumer

Affairs v. Isla Petroleum Corp. 219 En este caso el Juez Asociado Scalia dispuso al

respeto lo siguiente:

«The test for federal pre-emption of a law of Puerto Rico is the same as the test […] for

pre-emption of the law of a state».

Si bien todo el desplazamiento federal (preemption) en última instancia se basa

en la Cláusula de Supremacía y la naturaleza de las normas federales, la doctrina

reconoce varios tipos diferentes de desplazamiento federal. En primer lugar, el Con-

greso puede expresamente desplazar (express preemption) una legislación estatal,

incluyendo dentro de un esquema legal, una disposición dirigida explícitamente a

desplazar la ley estatal. 220 Un ejemplo, como ilustramos anteriormente, lo constitu-

yen las leyes federales de patente y autor. El Congreso está facultado, a través de la

cláusula octava de la sección octava del artículo primero de la Constitución 221, a

promulgar estos estatutos. En este caso, la Ley de Derecho de Autor (Copyright Act 222)

desplaza cualquier legislación estatal o territorial en el ámbito del derecho patrimo-

nial del autor, pero permite que los estados o territorios promulguen leyes sobre el

derecho moral de autor, en ciertos renglones. 223 No ocurre igual en el ámbito de la

219 Puerto Rico Dep’t of Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp., 485 U.S. 495, 499 (1988).

220 LEWIS, AMANDA G.: «Federal Preemption of State and Local Laws: State and Local Efforts

to Impose Sanctions on Employers of Unauthorized Aliens», Advanced Seminar on State Attorneys

General, (2008), pág.5; Al respecto, véase: HOKE, S. Candice: «Preemption Pathologies and Civic

Republican Values», Boston University Law Review, vol. 71 rev. 685, 700 (1991); GREY, Betsy J.:

«Make Congress Speak Clearly: Federal Preemption of State Tort Remedies», Boston University

Law Review, vol. 77 rev. 559, 566 (1997).

221 Const. EE.UU. art. I, § 8, cl.8.

222 Copyright Act, Public Law No. 94-533 of Oct. 19, 1976, 17 U.S.C §§101-1132.

Sobre la preemption en materia de derechos de autor véase ROTHMAN, Jennifer E.: «Copyright

Preemption and the Right of Publicity», UC Davis Law Review, vol. 36, 2002, págs.199-201.

223 El derecho de autor se compone de facultades de índole patrimonial y de facultades de

índole personal. Mientras que los derechos patrimoniales o copyright protegen la explotación

económica de la obra, los derechos morales salvaguardan los intereses personales, no económicos

del autor que resultan de su creación artística. Estos derechos son independientes de los derechos

patrimoniales de autor. La doctrina del derecho moral, proveniente del francés «droit moral»,

reconoce que existe una relación personal, espiritual e intelectual entre la obra y el autor, y en los

ordenamientos anglosajones se plasma de forma más restringida que en los europeos continenta-

les. Como nos explica este autor en: PROWDA, Judith B.: Visual Arts and The Law - a Handbook

for Professionals, Lund Humphries (part of Ashgate Publishing), Surrey-UK, 2013, págs.101-102:

«Los derechos morales son derechos no económicos sobre obras creativas. Muchos estudiosos