El acceso a la justicia de las personas con discapacidad

• Author: José Luis Castro-Girona Martínez
• Profession: Abogado
• Pages: 101-127

Capítulo VI

EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

Declarar un derecho no es suficiente para que el mismo prevalezca. Es nece-

sario que el mismo pueda ser exigido con fuerza coactiva a las personas o entida-

des que deben facilitar su ejercicio. No basta con predicar el derecho si no que debe

existir la posibilidad de acudir a los organismos que tienen responsabilidad sobre

los mismos para que aseguren su ejercicio. Y en nuestra sociedad el último esla-

bón de esa cadena es precisamente el acceso a los Tribunales de Justicia para que

corrijan las conductas desviadas del propio ordenamiento jurídico.

Hay que tener en cuenta que la discapacidad afecta también a la forma en la

que la persona se relaciona con la Administración de Justicia por lo que se deben

realizar los ajustes razonables que permitan la efectividad o realidad de dicho

acceso en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.

Este principio se consagra en el artículo 13 de la Convención que textualmente

establece:

“1. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapaci-

dad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás,

incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para

facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como

participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos,

en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de inves-

tigación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso

efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación ade-

102 EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

cuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el per-

sonal policial y penitenciario”123.

Este artículo es preciso ponerlo en relación con los apartados 3 y 4 del

artícu lo12 de la misma Convención en cuanto señalan:

“3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para propor-

cionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan nece-

sitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas

y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho inter-

nacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán

que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los

derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya con-

flicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adap-

tadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más

corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una

autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.

Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas

afecten a los derechos e intereses de las personas”.

El artículo 13 de la Convención configura “el acceso a la justicia de las perso-

nas con discapacidad”, como el conjunto de medidas, servicios y apoyos que les

permiten sin discriminación alguna, la utilización del servicio público de la Justi-

cia para conseguir el eficaz ejercicio de sus derechos en igualdad con los demás,

mediante los apoyos personales o técnicos necesarios, para adecuar su grado de

autonomía personal en este ámbito.

El apartado primero implica la necesidad de adaptación de la administración

de justicia desde una doble perspectiva y está íntimamente vinculado al artículo

doce de la Convención como hemos visto, dicha adaptación puede observarse:

a) Desde una perspectiva física: que debe guiarse por la accesibilidad univer-

sal o diseño para todos, así implica la necesidad de la adaptación real del órgano

judicial para la plena protección de la persona con discapacidad, mediante la crea-

ción de nuevos espacios que garanticen la accesibilidad a la justicia, cuando menos

poder acceder a las salas de los juzgados, pero también mediante los medios de

transporte adecuados para que los ciudadanos lleguen a las sedes judiciales, acce-

sibilidad del inmueble, condiciones de espera, colocación física de los profesiona-

les sin escalones, estrados o banquillos, en espacios cómodos y accesibles.

La persona con discapacidad ante el proceso exige que la Administración de

Justicia adopte el conjunto de medidas, servicios y apoyos que les permitan sin dis-

123 https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf