La praxis de los DERECHOS HUMANOS. Metodología para la defensa de casos desde un programa universitario

• Author: JESÚS ALFREDO GALINDO ALBORES
• Pages: 433-450

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CAPÍTULO 26

LA PRAXIS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

METODOLOGÍA PARA LA DEFENSA DE CASOS

DESDE UN PROGRAMA UNIVERSITARIO

JESÚS ALFREDO GALINDO ALBORES

Universidad Autónoma de Chiapas

1. INTRODUCCIÓN

Desde su fundación en 1975, la Universidad Autónoma de Chiapas

(UNACH) ubicada al sur de México ha asumido un compromiso social

con su entorno, de manera especial en el terreno de los derechos hu-

manos al registrar importantes planes de estudio que datan incluso de

antes de las reformas constitucionales de 2011 que modificaron sustan-

cialmente el reconocimiento de los derechos fundamentales en el país.

Actualmente esta institución de educación superior registra tres pro-

gramas inherentes a la disciplina: una licenciatura en línea, una maes-

tría en defensoría y un doctorado, esta oferta la ubica como una de las

pocas instituciones educativas públicas a nivel nacional que cuenta con

todo el ciclo académico.

De acuerdo con Beltrán (2006) “la educación de los derechos humanos

en Latinoamérica data de los ochenta cuando se consideraba que su

estudio debía traducirse en pilar fundamental de la democracia de

aquellas sociedades lesionadas por violaciones sistemáticas” (p.41). En

esa época en el que las ONG’s eran casi los actores exclusivos de esta

clase de enseñanza y difusión aparece en México de manera similar a

otros países latinoamericanos un nuevo discurso educativo en el con-

texto de las políticas públicas. En la siguiente década se registró un

mayor interés del Estado en este proceso con énfasis en las ciencias

sociales y se elaboraron los primeros materiales educativos. Al respec-

to Magendzo (s.f) afirma que “la temática trascendió el ámbito univer-

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sitario y surgieron los primeros centros e institutos especializados así

como seminarios permanentes, dejando al nuevo milenio la obligación

ética de traducir esta educación en una verdadera política de los Esta-

dos democráticos” (p.21).

Se suma a esa tendencia, el reconocimiento constitucional de la CNDH

en México en 1992, que abrió la oportunidad para las universidades de

celebrar convenios de colaboración y ampliar su oferta educativa en

esta disciplina.

A partir de esos hechos, la promoción y defensa de estos derechos ha

generado mecanismos más novedosos para aceptar los términos diná-

micos de la educación, que no se pueden esquivar ante la demanda

genuina de la sociedad. Como reseña Barba (2013) “el proceso educa-

tivo de esta disciplina no es una acción que termine en sí misma, sino

que está proyectada para generar otras acciones y ámbitos múltiples,

que hagan realidad la existencia viva del Estado de derecho”.

Existen también factores sociales y políticos que han dado pauta a la

creación de una nueva oferta educativa. El primero, gira en torno a lo

que apuntan los organismos internacionales de protección desde hace

algunos años sobre el déficit y crisis por la que atraviesa el país en

materia de derechos humanos, que ven en México a un lugar inseguro,

carente de buenas prácticas y distante de contar con garantías para el

ejercicio y eficacia de estos derechos. Amnistía Internacional

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ha

registrado datos nada alentadores a través de sus informes al exhibir a

un Estado en el cual la justicia y la realidad son asimétricos, “la fre-

cuencia de desapariciones forzadas incluyendo los defensores del terri-

torio, dificultades para ejercer con libertad el periodismo, ejecuciones

extrajudiciales y tortura, que se suman a los problemas generados en

una región de América en la que proliferan los grupos delictivos y el

narcotráfico” (Galindo, 2017, p.151).

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Amnistía Internacional es un organismo global independiente que surge en 1961, lo con-

forman millones de personas y activista de casi todos los países del mundo, con la finalidad de

luchar contra las vulneraciones a los derechos humanos. Sus investigaciones y trabajo en

todos los continentes ayudan a combatir los abusos de tortura, a cambiar leyes opresivas y a

liberar personas encarceladas por expresar sus opiniones.