La prueba en la jurisprudencia de la CPI

• Author: Diego dei Vecchi - Juan Cumiz
• Pages: 81-151

CAPÍTULO 4

LA PRUEBA EN LA JURISPRUDENCIA

DE LA CPI

Decíamos antes que es usual entre legisladores, jue-

ces y juristas asumir contemporáneamente dos tesis re-

lativas a la prueba de los enunciados fácticos en la deci-

sión judicial. Eran:

i) Que dentro de la práctica jurídica, en especial la

penal y procesal penal, los errores que es posible come-

ter al decidir si un imputado es o no culpable deben ser

tratados asimétricamente. Específicamente, se debe

considerar más grave la condena a inocentes que las ab-

soluciones a culpables.

ii) Que el sistema de valoración de la prueba debe

ser el de la SCR y que de hecho ese es el sistema en vigor

en el Derecho vigente.

Decíamos también que este parece ser el caso respec-

to de la CPI. Veremos ahora el modo en que ese tribunal

suscribe la segunda tesis para pasar luego a analizar el

modo en que lo hace respecto de la primera.

82 Diego Dei Vecchi / Juan Cumiz

1. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

EN LOS DICHOS DE LA CPI

El EdRo no establece expresamente cuál ha de ser el

sistema de valoración de la prueba. Sin embargo, parte

de su articulado sugeriría que se presupone una concep-

ción racionalista de la prueba y, por tanto, un sistema de

SCR. Por ejemplo, el art. 74 (2), al establecer los requisi-

tos para el fallo, establece que:

La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo

en su evaluación de las pruebas y de la totalidad del jui-

cio. El fallo se referirá únicamente a los hechos y las

circunstancias descritos en los cargos o las modificacio-

nes a los cargos en su caso. La Corte podrá fundamentar

su fallo únicamente en las pruebas presentadas y exami-

nadas ante ella en el juicio.

A su vez, el apartado 5 de ese mismo artículo exige

una exposición fundada y completa de la evaluación de

las pruebas y las conclusiones. El art. 69 facultaba ya a

la Corte a solicitar toda la prueba que crea necesaria

para determinar la veracidad de los hechos en su inci-

so (3), y le ordena decidir sobre la pertinencia o admisi-

bilidad de cualquier prueba teniendo en cuenta su valor

probatorio un inciso más adelante. Lo mismo establece

el art. 63 (2) RPP que concede a la Sala facultades discre-

cionales para valorar libremente todas las pruebas presen-

tadas a fin de determinar su pertinencia o admisibilidad.

Por su parte, al momento de resolver la cuestión de la

información que pueda afectar la seguridad nacional de

un determinado estado, el art. 72 establece que:

7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba

es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad

o la inocencia del acusado, podrá adoptar las disposicio-

nes siguientes: a) Cuando se solicite la divulgación de la

información o del documento de conformidad con una

solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX del

presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere

el párrafo 2 del presente artículo, y el Estado hiciere va-

ler para denegarla el motivo indicado en el párrafo 4 del

La prueba en la jurisprudencia de la CPI 83

art. 93: [...] iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá

extraer las inferencias respecto de la existencia o inexis-

tencia de un hecho que sean apropiadas en razón de las

circunstancias, o b) en todas las demás circunstancias:

i) [...] ii) Si no ordena la divulgación, en el juicio del acu-

sado, extraer las inferencias relativas a la culpabilidad o

a la inocencia del acusado que sean apropiadas en razón

de las circunstancias.

Todo esto indica que se espera que la prueba sea va-

lorada de conformidad con su peso epistémico, tal

como, veremos, sostiene la CPI, aun cuando no queda

claro que el criterio para decidir sobre la suficiencia

vaya a ser el mismo.

Más allá de esa advertencia, la SCR es, en efecto, el

sistema de valoración de la prueba que según la juris-

prudencia de la Corte se implementa. Ello sobre la base

de la alusión al principio de libre apreciación de la prue-

ba del art. 69 (4) EdRo y del art. 63 (2) RPP, que hemos

mencionado. La Corte considera que ese modo de valo-

rar la evidencia constituye «un componente del núcleo

central de la actividad judicial» 1, aplicable de igual for-

ma a las etapas preliminares como a la de juicio.

Los textos legislativos, como vimos, no parecen brin-

dar mayor información acerca del criterio de valoración

de la prueba. Al abordar la cuestión, la Corte se limita a

repetir literalmente el art. 66 y a citar el art. 74 (2) EdRo.

En el primero de esos artículos, cabe recordar, se esta-

blecía la presunción de inocencia, la carga probatoria

sobre la acusación y el estándar necesario para imponer

una condena. En la segunda disposición se consagraba

el deber para la Sala consistente en fundamentar el fallo

en la evaluación de las pruebas y de la totalidad del jui-

cio. Según el texto, el fallo ha de referirse únicamente a

los hechos y las circunstancias descritas en los cargos o

las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte po-

1 ICC-01/09-02/11, 23 de enero de 2012, «Francis Kirimi Muthau-

ra, Uhuru Muigai Kenyatta y Mohammed Hussein Ali», § 73.