Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos Vs. Perú Fondo, Serie C No. 75, 14 de marzo de 2001

• Jurisdiction: Derecho Internacional
• Subject Matter: Leyes de amnistía,Derecho a la verdad,Derecho a la vida,Derecho a la integridad personal,Derecho a la protección judicial

1. Identificación de la sentencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos Vs. Perú Fondo, Serie C No. 75, 14 de marzo de

2001.

2. Resumen

El caso se relaciona con el asesinato de 15 personas y las heridas graves generadas a 4 personas más por parte de

miembros del Ejército de Perú. Asimismo, el caso tenía que ver con la falta de investigación y sanción de los

ocasionada por la promulgación de dos leyes de amnistía que exoneraba de responsabilidad a los responsables de

estos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado por

la violación a los derechos a la vida y la integridad personal de las personas heridas y asesinadas (artículos 4 y 5 de

la Convención), y la violación a las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los familiares de las

víctimas (artículos 8 y 25 de la Convención). La Corte también declaró la responsabilidad por la violación de los

artículos 1.1 y 2 de la Convención por la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía.

3. Hechos

El 3 de noviembre de 1991, hombres armados que se desplazaban en vehículos de la policía irrumpieron en un

inmueble ubicado en el vecindario Barrios Altos de la ciudad de Lima, Perú. En la localidad se estaba celebrando

una fiesta para recaudar fondos para hacer reparaciones en un edificio. Los individuos obligaron a las personas a

arrojarse al suelo y dispararon indiscriminadamente durante 2 minutos aproximadamente, causando la muerte de 15

personas y heridas graves a otras 4. Posteriormente, los atacantes huyeron encendiendo las sirenas de policía. Las

investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados llevaban a cabo su propio

programa antisubversivo como miembros del “escuadrón de eliminación” o “Grupo Colina” del Ejército peruano.

El 14 de junio de 1995 el Congreso peruano sancionó la Ley No. 26479, mediante la cual se buscó exonerar de

responsabilidad a los militares, policías y a los civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos o

participado en esas violaciones entre 1980 y 1995. Más concretamente, se pretendió determinar el archivo definitivo

de las investigaciones judiciales y la libertad de 8 hombres que estaban recluidos por casos como La Cantuta, así

como Barrios Altos.

El 16 de junio de 1995 la Jueza Saquicuray, haciendo uso de una facultad constitucional, decidió que el artículo 1 de

la Ley No. 26479 era inaplicable a los procesos penales pendientes en su juzgado contra los 5 miembros del Servicio

de Inteligencia, debido a que la amnistía violaba las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales del

Estado peruano a la luz de la Convención Americana. A causa de la decisión, se inició una investigación por parte

del Congreso, pero este mismo órgano aprobó la Ley No. 26492, a través de la cual se impidió que los jueces se

pronunciaran sobre la legalidad o aplicabilidad de la primera ley de amnistía. De igual manera, se amplió dicha a

todos los funcionarios militares, policiales o civiles que pudieran ser objeto de procesamientos por violaciones de

derechos humanos cometidas entre 1980 y 1995, aunque no hubieran sido denunciadas.

4. Decisión

El Estado de Perú reconoció su responsabilidad internacional en el caso ante la Corte IDH. Por esa razón admitió los

hechos expuestos por la Comisión en su demanda y declaró la responsabilidad internacional del Estado por la

violación del derecho a la vida (artículo 4) en perjuicio de las 15 personas asesinadas y por la violación al derecho

a la integridad personal de las otras 4 que resultaron gravemente heridas. La Corte IDH también declaró la

responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial

(artículo 8 y 25) y por incumplimiento de las obligaciones de respetar los derechos y de adoptar disposiciones de

derecho interno (artículos 1.1 y 2) como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía No.

26479 y 26492.

Adicionalmente, la Corte IDH se pronunció sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención

Americana de Derechos Humanos (CADH) considerando que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la

investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura,

las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por

contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

La Corte IDH precisó que las leyes de amnistía adoptadas por el Estado de Perú impidieron que los familiares de las

víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el

artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la

Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los

hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención y obstruyeron el esclarecimiento

de los hechos del caso.

La Corte IDH también señaló que la al adoptar leyes de autoamnista incompatibles con la CADH, el Estado

incumplió́ la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2. Se enfatizó en que a la luz de las

obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH, los Estados Partes tienen el deber de tomar

las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un

recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención.

La Corte IDH indicó que las leyes de autoamnistía tenían como efecto la indefensión de las víctimas y a la

perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la

Convención Americana. Para la Corte IDH, este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables

de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculizaba la investigación y el acceso a la justicia e impedía a las

víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente. En ese sentido, la Corte IDH

declaró, en sus puntos resolutivos, que las leyes de amnistía No. 26479 y No. 26492 eran incompatibles con la

Convención Americana y carecían de efectos jurídicos.

Por otro lado, la Corte Interamericana se pronunció sobre el derecho a la verdad y las garantías judiciales en el

Estado de Derecho. Al respecto, afirmó que en el caso concreto se impidió a las víctimas sobrevivientes, a sus

familiares y a los familiares de las víctimas que fallecieron conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos. La

Corte IDH agregó que el derecho a la verdad se encontraba subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a

obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades

correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento que se consagrara en los artículos 8 y 25. Tras analizar

el caso en concreto, la Corte IDH decidió reconocer la responsabilidad internacional del Estado peruano. De igual

manera, declaró su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a

las garantías judiciales de las víctimas

1

del caso. Por último, exhortó al Estado de Perú a investigar los hechos para

determinar los sujetos responsables de las violaciones de derechos humanos ocasionadas.

5. Jurisprudencia citada

 Corte IDH. Caso Bmaca Vlasquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70

 Corte IDH. Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64

 Corte IDH. Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 58

 Corte IDH. Caso Benavides Cevallos. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38

 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No. 26

 Corte IDH. Caso El Amparo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19

 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11

6. Palabras clave

 Leyes de amnistía

 Derecho a la verdad

 Derecho a la vida

 Derecho a la integridad personal

 Derecho a la protección judicial

1

Según la decisión de la Corte, se reconoció que se violó el derecho a la vida de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto

Díaz Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máxi mo León León, Lucio

Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro

Rosales Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo.

También se reconoció que se violó el derecho a la integridad personal de Natividad Condorcahuana Chicaña, Fel ipe León León, Tomás

Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez.

Finalmente, se reconoció la violación al derecho a las garantías judiciales de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz

Astovilca, Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León, Máximo León León, Lucio Quispe

Huanaco, T ito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales

Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Nuñez, Benedicta Yanque C huro, y en perjuicio de Natividad

Condorcahuana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez.