Derecho a la Libertad Personal
| Author | Centro de Derechos Humanos |
| Pages | 7-10 |
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II. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
La jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que cuando existe una violación grave de los derechos humanos, los Estados tienen
la obligación de iniciar una investigación orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y
castigo de todos los responsables1. Esto implica, como aclara la Corte IDH en el caso Vélez Loor, que frente a la posibilidad o sospecha de
que se haya cometido un acto de tortura, la actividad estatal debe desplegarse de inmediato, sin necesidad de que exista denuncia alguna
[…] [L]a Corte aclara que de la Convención contra la Tortura surgen dos supuestos que accionan el deber estatal de
investigar: por un lado, cuando se presente denuncia, y, por el otro, cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido
un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado […] aún cuando los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos
o degradantes no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia víctima, en todo caso en que
procesamiento”. (Caso Vélez Loor, párr. 240)
Violación sexual como acto de tortura y su impacto sobre una niña
En el caso Rosendo Cantú Penal Castro Castro2 y asentada en el caso
Fernández Ortega, al considerar la violación sexual de una mujer como una vulneración a su vida privada y dignidad y, más aún, como un
Rosendo Cantú
En el presente caso, la señora Rosendo Cantú estuvo sometida a un acto de violencia y control f ísico de los militares
que la penetraron sexualmente de manera intencional; su vulnerabilidad y la coerción que los agentes estatales ejercieron
sobre ella se reforzaron con la par ticipación de otros seis militares también armados, que agravaron el marco de violencia
sexual ejercido contra la víctima. Resulta evidente para la Corte que el sufrimient o padecido por la señora Rosendo Cantú, al
ser obligada a mantener actos sexuales contra su voluntad, hecho que además fue observado por otras seis personas, es de la
mayor intensidad, más aún considerando su condición de niña […]”. (Caso Rosendo Cantú, párr. 115)
Deber del Estado de respetar y garantizar la integridad de las personas detenidas: las condiciones mínimas de detención
Como parte del análisis de la violación del derecho a la integridad personal en el caso Vélez Loor
mínimas de detención que debe satisfacer un recinto penitenciario para ser compatible con la dignidad e integridad de las personas que se
encuentran en él. En este sentido, la vulneración de estos derechos dentro del contexto de privación de libertad de estas personas, puede hacer
“[…] [L]a Cor te determina que las condiciones de detención en la Cárcel Pública de La Palma, así como aquellas en el
Centro Penitenciario La Joyita, en su conjunto constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes contrarios a la dignidad
. (Caso Vélez Loor, párr. 227)
Respecto de cuáles serían estas condiciones mínimas, la Corte IDH, en el caso Vélez Loor
(i) hacinamiento, (ii) atención médica y (iii) suministro de agua potable. Respecto del hacinamiento, la Corte consideró que dicha condición
acarrea una serie de consecuencias que hacen imposible que la vida de un recluso pueda considerarse digna, entre ellas, los problemas en la
alimentación, higiene, aumento de la violencia intra-carcelaria y daños físicos y psicológicos tanto en los funcionarios como en los reclusos.
En relación con la atención médica, la Corte señala claramente que los recintos penitenciarios deben contar con los medicamentos y
aparatos necesarios para atender todo tipo de emergencia médica que se presente en dichos establecimientos y que las personas privadas
de libertad tienen derecho a una revisión médica regular y a una atención y tratamientos adecuados, cada vez que lo necesiten. Finalmente,
El Tribunal considera que la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro
de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran
bajo su custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad satisfagan
por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el
”. (Caso Vélez Loor, párr. 216)
Diligencia estricta y excepcionalidad de la afectación de la libertad
personal por parte de las Fuerzas Armadas en contextos de intervención militar
En el caso Cabrera García
a la libertad personal, con el objeto de aplacar disturbios internos o controlar las protestas sociales y la criminalidad común. Al respecto, la
Corte considera, en primer lugar, que una alta presencia militar y la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública,
en determinados contextos, puede traducirse en un mayor riesgo de violación de derechos humanos, es decir, en una mayor vulnerabilidad
para las personas. En este sentido, la Corte estimó que, tratándose de la restricción a la libertad personal por parte de dichas fuerzas
militares, debían satisfacerse no sólo los requisitos de restricción legítima de derechos, sino que además tal afectación debía sujetarse a
un criterio de excepcionalidad y de diligencia estricta en la observancia de las obligaciones convencionales del Estado. Esto supone que tal
posibilidad se contempla como una alternativa de último recurso que eleva el estándar de diligencia del Estado, dado el riesgo que conlleva
1
Lund, supra
2
3
III. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
8
“La Corte considera que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas funciones dirigidas a la restricción de la
libertad personal de civiles, además de atender a los requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho,
debe responder, a su vez, a criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías
convencionales, teniendo en cuenta, como ha sido señalado (supra párrs. 86 y 87), que el régimen propio de las fuerzas militares
al cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles”. (Caso
Cabrera García
Control judicial de la detención y hábeas corpus
a) Aplicabilidad del principio de control judicial de la detención a las personas privadas de libertad por su situación migratoria
En el caso Cabrera García la Corte IDH reitera lo señalado en el caso Bulacio, en cuanto a que el control judicial inmediato que
prescribe el artículo 7.5 de la Convención es una medida que busca prevenir la arbitrariedad o ilegalidad de la detención, considerando que,
en un Estado de Derecho, corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de
coerción y procurar un trato consecuente con la presunción de inocencia4.
exclusivamente con la categoría de detenidos mencionados en el párrafo 1.c de dicho artículo, esto es, aquellas personas detenidas en virtud
de la existencia de indicios racionales de que han cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirles que cometan una
infracción o que huyan después de haberla cometido. De esta manera, el Convenio Europeo no reconoce expresamente el derecho al control
judicial sin demora de la detención, a otras categorías de detenidos como, por ejemplo, aquellos comprendidos en el párrafo 1.f del mismo
artículo, entre los cuales se encuentran las personas detenidas para impedir su entrada ilegal en el territorio.
En el caso Vélez Loor, la Corte IDH se encarga de enfatizar que en el sistema interamericano ocurre algo distinto, al extenderse el
A diferencia del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la
base a las causas o circunstancias por las que la persona es retenida o detenida. Por lo tanto, en virtud del principio pro persona,
esta garantía debe ser satisfecha siempre que exista una retención o una detención de una persona a causa de su situación
migratoria, conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal […]”. (Caso Vélez Loor, párr. 107)
realizada por personal militar
Desde el caso Castillo Petruzzi
otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el período de detención5.
En el caso Cabrera García la Corte IDH añade que, en caso de detenciones efectuadas por personal militar, el control judicial de
la detención adquiere una importancia gravitante. Ésta se vincula con el hecho de que la intervención militar en la regulación de asuntos
de seguridad pública, según la propia Corte, acarrea un mayor riesgo de que los derechos de las personas sean vulnerados. De ahí que
la celeridad en el control judicial de la detención se vuelva una garantía de primer orden en el resguardo de los derechos de las personas
Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal (supra párr. 93) en lo que concierne a la autoridad competente para la remisión
sin demora, este Tribunal reitera que los señores Cabrera y Montiel debieron ser llevados ante el juez lo más pronto posible y,
Cabrera y Montiel fueron puestos a disposición de la autoridad competente excediendo el término establecido en la Convención
Americana, que claramente exige la remisión ‘sin demora’ ante el juez […]Al respecto, la Corte reitera que en zonas de alta
presencia militar, donde los miembros de la institución militar asumen control de la seguridad interna, la remisión sin demora
perjuicio de los señores Cabrera y Montiel”. (Caso Cabrera García, párr. 102)
c) Diferencia entre los numerales 5 y 6 del artículo 7 de la Convención respecto de la autoridad competente para controlar la detención
un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales”6. Por su parte, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria
un juez u otra autoridad”, entendiendo por tales una
autoridad judicial u otra autoridad establecida por ley cuya condición y mandato ofrezcan las mayores garantías posibles de competencia,
imparcialidad e independencia”7.
Vélez Loor
migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales
cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar
derechos y obligaciones de las personas. En este sentido, el Tribunal ya ha establecido que dichas características no solo deben
también a las decisiones de órganos administrativos”. (Caso Vélez Loor, párr. 108)
hábeas
corpusjuez o tribunal competente”8 para que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de la detención y ordene su
libertad si la detención es ilegal. El hábeas corpus es concebido por la Corte IDH como una garantía judicial que no puede ser suspendida ni
aún en situaciones de excepción.
4 Caso Cabrera García, supra
5
6
7
8
9 Ver El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías 8
9
De este modo, en el caso Vélez Loor
hábeas corpus
El artículo 7.6 de la Convención es claro al disponer que la autoridad que debe decidir la legalidad del ’arresto o
detención’ debe ser ’un juez o tribunal’. Con ello la Convención está resguardando que el control de la privación de la libertad
control y escrutinio de los actos de la administración que afectan derechos fundamentales”. (Caso Vélez Loor, párr. 126)
Privación de libertad de las personas en situación migratoria irregular
Corte IDH ha señalado que, además de cuidar la legalidad formal de la detención, los Estados deben hacer un análisis de la compatibilidad
material de su legislación con la Convención, para evitar que la aplicación de una ley que autoriza la adopción de medidas privativas de
libertad resulte arbitraria.10
privativa de libertad, y su necesidad, teniendo en cuenta el siguiente principio asentado en el caso Kimel11
[…] En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger
los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al
ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado […]”. (Caso Vélez Loor, párr. 170)
Vélez Loor
ingreso y permanencia de inmigrantes en su territorio, la privación de libertad a modo de penalización por la entrada irregular de inmigrantes
el objeto de asegurar la comparecencia de la persona al procedimiento migratorio iniciado a su respecto y para garantizar la efectividad de
[…] [L]a utilización de detenciones preventivas puede ser idónea para regular y controlar la migración irregular a los
deportación. No obstante, y a tenor de la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, -la penalización de la
entrada irregular en un país supera el interés legítimo de los Estados en controlar y regular la inmigración irregular y puede dar
de acuerdo a la Convención”. (Caso Vélez Loor
por la comisión de delitos
En el caso Vélez Loor la Corte IDH abordó la necesidad de que las personas detenidas a causa de su situación migratoria se encuentren
separadas de otras categorías de detenidos, en particular, respecto de los procesos y condenados en materia penal.
La separación de quienes se encuentran sometidos a proceso, respecto de quienes han sido condenados por la comisión de delitos,
es exigida expresamente por el artículo 5.4 de la Convención. Más allá de por qué esta norma se encuentra regulada a propósito del derecho
a la integridad personal, parece claro que tras ella se encuentra la idea de que las personas procesadas que sean detenidas no deben
recibir el mismo tratamiento que se dispensa a aquellas que cumplen condena por cometer un delito. La presunción de inocencia, además,
consagrada en el artículo 8.2 de la Convención, ampara a los primeros y marca una importante diferencia con los segundos.
Bajo el mismo razonamiento, es plausible sostener que las personas detenidas o bajo custodia por su situación migratoria irregular,
deben también permanecer separadas de quienes cumplen condena. En efecto, las personas que contravienen la regulación migratoria de un
Estado no podrían recibir una protección menor que la que se asegura a quienes enfrentan la imputación de un delito12
interesante detenernos en el hecho de que la Corte IDH, en el caso Vélez Loor, no sólo exige que los inmigrantes detenidos sean separados de
deber de separación ha sido también reconocido por diversos organismos e instrumentos de protección internacional, pero lo que resulta
una persona por su situación migratoria, u otros lugares donde puedan estar junto con personas acusadas o condenadas por
en ningún caso podrán ser los centros penitenciarios”. (Caso Vélez Loor, párr. 208)
de que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia14. La privación de libertad derivada del
15. Por su parte, en el caso
comparecencia de la persona extranjera al proceso que determine su situación migratoria o asegurar la efectividad de la aplicación de una
16
10
supra nota 4, párr. 166.
11
12 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary
13
del Grupo, Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con: la tortura y de la detención
categorías”).
14 supra
15
supra nota 4, párr.208.
16 En este sentido ver también, Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn y Zwaak (Eds.), Theory and Practice of the European convention of Human Rights, fourth edition, p. 482.
10
“[…] [L]os Estados tienen la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio
medida punitiva al migrante que reingresara de manera irregular al país tras una orden de deportación previa no constituye
(Caso Vélez Loor
La Corte IDH estima que los objetivos considerados legítimos que están detrás de la detención de las personas procesadas,
condenadas y en situación migratoria irregular, son disímiles y por tanto, deben necesariamente traducir se en un sistema de detención
también diferenciado. Esto indica que el Estado, al disponer la restricción del derecho a la libertad de los migrantes irregulares, debe no sólo
reclusión de condenados o procesados, tales requerimientos no se cumplen, pues la privación de estas personas en ese tipo de lugares no
se condice ni es idónea para alcanzar los objetivos permitidos; a la vez que acarrea la afectación ilegítima de la dignidad de estas personas
y de una serie de otros derechos cuyo ejercicio se hace impracticable por las condiciones y funcionamiento que caracterizan a los recintos
de detención penal17.
En el caso Ibsen Cárdenas, la Corte IDH reitera su jurisprudencia18
[…] [E]n ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inaplicable la prescripción así como las
poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que vuelvan a ser cometidas”.
(Caso Ibsen Cárdenas, párr. 207)
En el mismo sentido, en el caso Gomes Lund la Corte IDH precisó que toda forma de amnistía respecto de graves violaciones a los
la posibilidad de validar algunas modalidades de amnistías de dichos crímenes por el hecho de que ellas sean el resultado de un acuerdo
político, destinado a la transición democrática y emanado del Poder Legislativo, como era el caso de Brasil. La Corte IDH enfatizó que la
En cuanto a lo alegado por las partes respecto de si se trató de una amnistía, una autoamnistía o un ‘acuerdo político’,
de la Convención incluye a las amnistías de graves violaciones de derechos humanos y no se restringe sólo a las denominadas
‘autoamnistías’. Asimismo, como ha sido señalado anteriormente, el Tribunal más que al proceso de adopción y a la autoridad
que emitió la Ley de Amnistía, atiende a su ratio legis: dejar impunes graves violaciones al derecho internacional cometidas por
el régimen militar. La incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana en casos de graves violaciones de
derechos humanos no deriva de una cuestión formal, como su origen, sino del aspecto material en cuanto violan los derechos
. (Caso Gomes Lund, párr. 175)
El deber de los jueces de realizar un “control de convencionalidad” de las normas internas
En los casos Cabrera García, Gomes Lund, Ibsen Cárdenas y Vélez Loor, la Corte IDH puso especial énfasis en el deber de los jueces
nacionales de realizar un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana.
García Ramírez en el caso Myrna Mack Chang. Este control consiste, básicamente, en el análisis de compatibilidad entre la Convención
Americana y otros instrumentos internacionales, por una parte, y las disposiciones del derecho interno de los Estados, por la otra.20 La
(i) las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe; y (ii) no es posible alegar el derecho interno para incumplir dichas
Es evidente que la Corte IDH, en el ejercicio de su jurisdicción, realiza este control de convencionalidad para determinar la
lo que interesa destacar es que, a partir del caso Almonacid Arellano, la Corte IDH ha hecho expresa referencia a este concepto para
establecer que el Poder Judicial de los Estados debe también realizar un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y
la Convención Americana, agregando que, en esta tarea, la judicatura debe tener en cuenta no solamente la Convención, sino que también
la interpretación de la misma efectuada por la propia Corte IDH.22 Esto da cuenta de la doble dimensión del control de convencionalidad, en
sede internacional (por la Corte IDH) y en sede nacional (por el Poder Judicial de cada Estado)
“Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas
al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando
un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, t odos sus órganos, incluidos sus jueces,
17 Al respecto, la Comisión Interamericana ha indicado enfáticamente que los Estados deben desarrollar sistemas de detención civil, acorde a la situación de las personas que infringen reglamentaciones migratorias. Entre
otras cosas, la Comisión sostiene que la detención que pueda ser procedente en su caso debe permitirles mantener privacidad, movimiento y recreación al aire libre, contar con espacios apropiados para recibir visitas y
uniformes similares a los de una prisión; los detenidos no deben ser sometidos al uso de esposas o grilletes, deben tener amplio acceso a las comunicaciones a través de teléfono, Internet y correo electrónico. Ver CIDH,
Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso
18
19 Estudios Constitucionales
Mack Chang, supra
20 Ibídem, Hitters, p. 110.
21 Estudios Constitucionales
22 Almonacid Arellano, supra
supra nota 4, párr. 287.
23 supra nota 8, p. 120-121.
IV. DERECHO A LA PROTECCION JUDICIAL
