La reforma al sistema federal de determinación de la pena en detalle

• Author: Diego Zysman Quirós
• Pages: 121-148

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CAPÍTULO IV

LA REFORMA AL SISTEMA FEDERAL

DE DETERMINACIÓN DE LA PENA EN DETALLE

1. SOBRE LA JUSTICIA FEDERAL

La reforma de nuestro estudio regula las decisiones de los jueces federa-

les. En un sentido genérico, la justicia federal de los Estados Unidos inter-

viene en delitos sancionados por el Congreso nacional; algunos hechos, sin

embargo, están prohibidos tanto por leyes estatales como federales, por lo

que se someten a una doble jurisdicción. De manera simplif‌icada:

«Los tribunales estatales tienen competencia sobre una variedad más am-

plia de disputas en comparación con los tribunales federales [...]. En general, los

tribunales federales determinan las causas relacionadas con el gobierno de los

Estados Unidos o sus funcionarios, la Constitución Política de los Estados Uni-

dos o leyes federales, o controversias entre estados o entre los Estados Unidos

y gobiernos extranjeros. Una causa puede interponerse ante el tribunal federal

—aun si no surge ninguna cuestión relacionada con las leyes federales— si los

litigantes son ciudadanos de distintos estados o la disputa surge entre ciudada-

nos de los Estados Unidos y ciudadanos de otro país» 1.

Sin embargo, el poder de acción de la justicia federal no debe subesti-

marse. Su importancia tiene relación con la tensión, siempre existente, entre

el gobierno central y las autoridades estaduales y locales, lo que se manif‌iesta

mediante la persecución de hechos en distintos territorios mediante leyes y

funcionarios federales (como, por ejemplo, el conocido Federal Bureau of

Investigations, o FBI), la intervención en casos en los que se afecta la Consti-

tución federal y la f‌inanciación federal de ciertas políticas criminales.

En este sentido, Feeley y Swearingen observan que entre las décadas de

los setenta y los ochenta, un número importante de asociaciones f‌inanciadas

1 OFICINA ADMINISTRATIVA DE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS UNIDOS, «El Sistema Federal

Judicial en los Estados Unidos. Presentación para jueces y personal administrativo del ramo judi-

cial en países extranjeros», 2000. Disponible en http://www//purl.access.gpo.gov/GPO/LPS40875

(última visita en septiembre de 2012).

PARTE SEGUNDA

Diego Zysman Quirós

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con fondos federales desarrollaron una gran variedad de estándares para

ser utilizados en los establecimientos carcelarios de distintos estados, que

debían ser entendidos como un piso mínimo de constitucionalidad, con la

pretensión de modernizar y unif‌icar pautas básicas en materia de exigencias

en cuanto a los derechos de los detenidos, como parte de un proceso más

amplio que se extiende hasta el presente 2. Expresan así, que:

«[...] desde 1960, hubo un incremento lento pero f‌irme en materia de partici-

pación federal en cuestiones específ‌icas sobre administración de la justicia cri-

minal reservada a la jurisdicción local. Un hecho decisivo fue el establecimiento

de la Comisión Criminal dependiente del presidente, y la publicación de sus

informes a mediados de la década de los sesenta. Quizá el mayor aporte de la

Comisión haya sido la introducción del concepto de sistema de justicia criminal,

un término que hasta la publicación de los informes de la Comisión había sido

excepcionalmente, si alguna vez lo fue, utilizado [...]. El propósito de la LEAA

[Law Enforcement Assistance Administration] fue distribuir fondos federales

para las agencias de justicia criminales estaduales y locales a f‌in de fomentar la

innovación y la ef‌iciencia en los procesos criminales, y en ese sentido promover

una perspectiva profesional y nacional para reemplazar las limitaciones y el par-

ticularismo de las agencias de justicia criminales locales» 3.

En 1980, con la aprobación del Acta sobre Derechos Civiles de las Perso-

nas Institucionalizadas (Civil Rights of Institutionalized Persons Act: CRIPA)

se le dio una base normativa y expreso reconocimiento a la participación

federal en litigios tendentes a cuestionar las condiciones carcelarias y esta-

blecer estándares federales para las instituciones locales. Más tarde, el «Acta

sobre Control de Crímenes Violentos y Cumplimiento Legal», de 1994 (Vio-

lent Crime Control and Law Enforcement Act) profundizó la tendencia 4.

Así, v. gr., en estos últimos años ha existido una creciente intervención

de los tribunales federales en litigios vinculados con el estado de las cárceles

y la sobrepoblación carcelaria, que tomó inspiración en la línea que supuso

décadas antes Brown v. Board of Education en materia de educación e inte-

gración racial en los estados del Sur más hostiles a los derechos de la Cons-

titución nacional. En estos casos, los tribunales han monitorizado durante

varios años a las unidades carcelarias y se han involucrado en las políticas

públicas sobre el tema 5.

Por otro lado, la inf‌luencia de la justicia federal también se muestra a

partir de acciones como las implementadas desde octubre de 2009 por el

2 FEELEY, Malcom M., y VAN SWEARINGEN, «Los casos sobre condiciones carcelarias y la bu-

rocratización de los correccionales americanos: impacto, inf‌luencias e implicancias», en Nueva Doc-

trina Penal, 2008-B, Buenos Aires, pp. 399-402 (trad. A. Murganti).

3 Ibid., p. 400.

4 Ibid., pp. 401-402.

5 Por ejemplo, véase lo que hemos mencionado en la primera parte de esta obra, en relación

con el litigio judicial en las prisiones de California.