Reconocimiento y ejecución

• Author: Nuria González Martín - Sonia Rodríguez Jiménez
• Pages: 189-210

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Capítulo quinto

Reconocimiento y ejecución

Se ofrece un panorama sobre los tipos de reconocimiento que se pueden seguir

por un Estado, de manera general, y de manera particular qué tipo de reco-

nocimiento exige México. Igualmente, se ofrece un panorama de cuáles son

los tipos de exequatur que puede exigir un Estado en particular y cuál de ellos

adopta México. En este sentido, se analiza el ar tículo

1

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1

, fracción III, consti-

tucional como marco general que debe atender los códigos de procedimientos

civiles estatales, así como el federal.

I. Introducción

Una vez deter minada la cji de los tr ibunales mexicanos de acuerdo a su

normativa competencial, autónoma o convencional, y señalado el da que

en su caso resolverá el fondo de la pretensión, denominada cji directa,

nos encontramos con una resolución judicial mexicana la cual puede nece-

sitar reconocimiento y ejecución en un tercer Estado, a este tercer y último

interrogante, que constituye el contenido del

dip

r da respuesta el sector

conocido como reconocimiento y ejecución, denominado como cji in-

directa. De igual for ma este sector da respuesta al reconocimiento y eje-

cución de un pronunciamiento emitido por un tribunal extranjero en

territor io mexicano. Una pequeña observación que debemos realizar

en este momento es que nos vamos a enfocar al reconocimiento y ejecución

de sentencias judiciales dejando para la parte especial el reconocimiento

y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

A diferencia de los otros dos sectores constitutivos del contenido del

dip

r, éste no es un sector de apar ición obligatoria en todas las situaciones

jurídicas privadas inter nacionales; solamente se suscitará este tercer sector

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Derecho internacional privado

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cuando los efectos del pronunciamiento pretendan levantarse en un Estado

distinto a aquel que se declaró con competencia.

En este sector se encuentran involucrados dos tribunales que desde el

inicio debemos conocer: uno es el tribunal de origen o también conocido

como juez requirente, artículo 599 del cpcdf, el cual emite el pronuncia-

miento judicial cuyo reconocimiento y ejecución se pretende; el otro es

el tribunal de destino que es el juez ejecutor o requerido (ar tículo 6

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del

cpcdf) al cual se le está solicitando el reconocimiento y la ejecución.

La razón de ser de este sector constitutivo del contenido del

dip

r radica

en la soberanía estatal traducida en la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo

juzgado cada Estado en su territorio; es decir los pronunciamientos emitidos

por las autoridades judiciales mexicanas son únicamente eficaces en terri-

torio mexicano, por ello sólo los tribunales de un Estado tienen la facultad

de pronunciar decisiones efectivas y válidas en dicho Estado. En el momento

en que dicho pronunciamiento quiera dar el “salto de frontera” necesitará

cumplir con los requisitos establecidos legalmente por el Estado requerido.

Por lo anterior, un tribunal mexicano tras aplicar la nor mativa mexica-

na sobre reconocimiento y ejecución podría rechazar, total o parcialmente,

la eficacia en México de una decisión judicial extranjera. México debe tener

contemplado en su normativa, autónoma o convencional, unos requisitos

lógicos y razonables a la hora de reconocer y ejecutar los pronunciamien-

tos extranjeros, lo anterior en aras de evitar un rechazo apr iorístico y total

de cualquier decisión extranjera; por ello, en el apartado de orden público

mencionábamos que éste debía ser alegado como excepción y no como regla

general y además la cji debe estar basada, por parte del tribunal de origen

en criterios de neutralidad y proximidad.

En caso de que el Estado mexicano adoptara una postura de rechazo

absoluto y automático hacia las decisiones extranjeras, esto repercutiría en

los siguientes aspectos:

1

) “coste de la repetición del proceso” al obligar

a las partes a iniciar toda su pretensión ante las autoridades mexicanas, per-

judicando seriamente a la economía procesal, y 2) “riesgo de duplicidad de

resoluciones” desde que podríamos encontrarnos con soluciones diametral-

mente opuestas dependiendo del tribunal estatal que conociera, ello tanto

desde el punto de vista material como procesal, perjudicando de esta ma-

nera la continuidad en el espacio de las soluciones jurídicas.

Hay un sector doctrinal, Calvo Caravaca y Carrascosa González, que

expresa que podríamos incorporar un tercer aspecto que denominan “per-

juicio para la tutela judicial «efectiva»”, y aquí el comentario vendría a des-

tacar que una es la cuestión de la tutela judicial efectiva en el plano nacional

y otro en el internacional. En el primer caso, plano nacional, la solución

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