Fuentes del derecho internacional privado mexicano

• Author: Nuria González Martín - Sonia Rodríguez Jiménez
• Pages: 47-85

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Capítulo segundo

Fuentes del derecho

internacional privado mexicano

Este capítulo aborda las fuentes del

dip

r mexicano, entendiendo por éstas los

convenios internacionales que México tiene ratificados así como la normativa

autónoma que ayudan a solucionar los supuestos de hecho privados interna-

cionales. Partiendo del análisis del artículo

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33 cpeum, el orden en el estud io

de las fuentes norma tivas inici a por l os trat ados int ernaci onales, general es y

espe ciales, continúa con el análisis del derecho autónomo, para concluir con el

análisis de la técnica del Soft Law.

I. Aspectos preliminares

Varias son las precisiones que debemos hacer al iniciar este apartado. La

primera se centra en afirmar que las normas de derecho internacional pri-

vado en el contexto mexicano tienen un génes is dual, a saber: un or igen

interno, autónomo o común y un origen internacional o convencional.

Así, sostenemos la pluralidad de fuentes de producción jurídica que dan

respuesta al derecho internacional privado.

El primer grupo de nor mas se generan en el seno de un Estado refle-

jando su particular visión de justicia en relación a las situacio nes objeto de

estudio del derecho internacional privado. Así, el Poder Legislativo estatal

determina, confor me a sus prioridades y consideraciones de soberanía,

cuándo sus tribunales se deben declarar competentes en la esfera internacio-

nal, o a contrario sensu, cuando deben declararse incompetentes no entrando

a conocer y resolver el fondo de la pretensión. De igual forma deter mina,

siguiendo los mismos parámetros, este Poder Legislativo estatal conforme

a qué sistema jurídico, y en particular, conforme a qué norma mater ial,

se resolverá el fondo de una pretensión. Por último, el Poder Legislativo

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determinará cuáles son los requisitos que debe cumplir un pronunciamiento

judicial extranjero para que sea reconocido y ejecutado en su territorio.

Por su parte, el segundo grupo de normas se genera en el seno de los deno-

minados foros de codificación, universales y/o regionales, siendo fruto del

consenso alcanzado por diferentes Estados. Ahora será el consenso esta-

tal alcanzado el que determine qué tribunal debe declararse competente

en la esfera internacional, conforme a qué sistema jurídico debe resolver y

qué requisitos serán necesarios, como requisitos sine qua non, para poder reco-

nocer y ejecutar un pronunciamiento emitido entre los Estados que se han

comprometido por el texto del convenio. Lo anterior en función de pará-

metros de soberanía y prioridades notablemente más diluidos.

De las anteriores afirmaciones se desprende otra, ya citada pero que

conviene traer en este momento, y es que en México asistimos a una intere-

sante diversificación o fragmentación normativa ad intra para dar respuesta

a los tres sectores que conforman el contenido de esta disciplina jurídi-

ca. Esta fragmentación se origina como consecuencia de la pluralidad de

legislaciones estatales existentes, como manifestación del poder legislativo

conferido a cada una de las 3

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entidades federativas y al Distrito Federal. De

esta for ma debemos acudir a cada uno de los códigos de procedimientos

civiles existentes para determinar la competencia judicial inter nacional, a

cada uno de los códigos civiles para el sector del derecho aplicable y regresar

a los distintos códigos de procedimientos civiles para el reconocimiento y la

ejecución de pronunciamientos judiciales extranjeros. Este factor orilla a

la realización de especulaciones, e incluso interpretaciones, por parte de los

distintos operadores jurídicos en cuanto a la aplicación de la nor mativa de

derecho internacional privado. De esta forma concluimos que México no

posee una ley que de manera global e integradora se pronuncie sobre los

distintos aspectos que conforma el objeto de estudio de esta disciplina, de-

biendo recurrir a distintos cuerpos nor mativos para encontrarla.

Si las anteriores afir maciones cobran importancia respecto a la nor-

mativa autó noma, cabe hacer parec idas afirm aciones en el ámbito de la

normativa convencional que regula la disci plina del derecho inter nacional

privado. Si bien es cierto que este es un instr umento armonizador y unifi-

cador del derecho, el cual permite saber de antemano las reglas del juego

exit ente s en diferen tes E stad os, gene ran do seguri dad y pre visi bil idad

jurídica, no podemos cegarnos a las desventajas que éste instrumento pre-

senta en la actualidad. Ahora bien, y a pesar de los puntos flacos que presenta

esta vía de unificación podemos señalar que es una vía a la que debemos

recurrir en el contexto mexicano debido a la notable ausencia de un leg is-

lador común de carácter supranacional (o intergubernamental).

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Entre sus ventajas más tangibles observamos que los convenios unifican

el derecho en los distintos Estados, con absoluta independencia de la tradi-

ción de éstos; es decir, bien sean de common law o de civil law o romano-ger-

mánico. Igualmente, no cabe restarle el mér ito de la superación de las fron-

teras estatales así como de las barreras que pueda representar la legislación

nacional der ivada de sus diversas concepciones y exaltación de soberanía;

en este sentido consigue asentar conceptos y principios que serán aceptados

multilateralmente; conceptos “supranacionales” que disminuirán la relativi-

dad de soluciones que en poco o nada ayudan en deter minados supuestos

y conceptos. A sus aciertos debemos sumarle su calidad técnica al estar rea-

lizados por expertos en la materia sobre la que versa dicho instrumento, así,

son instrumentos elaborados por los mejores en cada especialidad.

Por otra par te, encontramos una seri e de desventajas al visualizar una

cuestionable petrificación respecto a una realidad para la que fue creado, sin

tener en cuenta que ésta es cambiante, volátil; este apego a una realidad se

produce fundamentalmente por la difícil modificación de su contenido; así,

observamos que a veces es más sencillo hacer un nuevo convenio sobre la

misma materia y entre los mismos Estados que modificar uno ya existente.

Otra desventaja que presenta este instrumento es la confusión y compleji-

dad que a veces se genera respecto a su compatibilidad; en este sentido,

cuando son varios los instrumentos convencionales que regulan un mismo su-

puesto de hecho (procedan o no del mismo foro de codificación) entre los mis-

mos Estados debemos averiguar la compatibilidad que existe entre ellos. Esto

a veces conlleva a que sea el juez de cada Estado el que interprete y acomo-

de esta cuestión a su libre albedrío. De esta libertad de interpretación puede

ocurrir que cada Estado aplique un instrumento convencional diferente o, en

el peor de los casos, que ante la dificultad de su compatibilidad apliquen su

normativa de derecho internacional privado de origen autónomo, generando

responsabilidad internacional ante el incumplimiento de un compromiso in-

ternacional anterior mente adquirido.

Nos resta volver a mencionar, como ya lo hiciéramos en el primer ca-

pítulo, que el instrumento convencional en cuanto vehículo para unificar el

derecho es objeto de estudio del derecho internacional público. En este sen-

tido serán los iuspublicistas los que estudien la forma de modificar, denunciar,

reservar, declarar inter pretativamente, etcétera, los convenios internacionales.

Estudio que se realizará a través del Convenio de Viena sobre Derecho de los

Tratados. Al derecho internacional privado le interesa el contenido de dicho

instrumento convencional en el momento en que éste verse sobre un supues-

to de hecho que configura el objeto de estudio de esta disciplina. Es decir, en

cuanto el contenido de estos instrumentos se refiera a situaciones jurídicas

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