La justicia ordinaria y la justicia constitucional: la condición de «legislador negativo» del tribunal constitucional

• Author: Gerardo Ruiz-Rico Ruiz
• Pages: 519-547

1. Introducción

El examen tiene que partir necesariamente de una evidencia. En un Estado

Constitucional el juez ordinario actúa siempre como «juez de la constitucionali-

dad». La armación encierra en sí misma una obviedad, ya que esa vinculación

funcional no es sino la consecuencia de primacía normativa de la Constitución

como fuente del derecho. La sujeción no se circunscribe por otro lado a la esfera

institucional encargada de aplicar el ordenamiento jurídico (Poder Judicial), sino

PARTE VI CAPÍTULO 20

LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL: La condición de «legislador

negativo» del Tribunal Constitucional

Gerardo Ruiz-Rico Ruiz

Profesor de Derecho Constitucional

Universidad de Jaén (España)

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Fórmulas básicas de aplicación judicial de la Constitución. 3. La

bipolaridad de la justicia constitucional como origen de potenciales conf‌lictos entre las jurisdiccio-

nes ordinaria y constitucional. 4. Una tendencia (imparable) hacia el eclecticismo. 5. Una relación y

función «poliédricas». 6. La dialéctica justicia constitucional y justicia convencional. 7. Relaciones

entre la Justicia ordinaria y la justicia constitucional: planos de potencial conf‌licto. 8. El amparo

jurisdiccional: punto de conf‌luencia y zona de conf‌licto en el modelo español de justicia constitu-

cional. 9. El blindaje competencial del Tribunal Constitucional como fórmula para evitar el conf‌licto

con la justicia ordinaria. 10. Hacia una mejor articulación entre Tribunal Supremo y Tribunal Cons-

titucional (¿es posible?). 11. Conclusiones. 12. Referencias bibliográf‌icas.

DERECHO JUDICIAL EL DERECHO DE CREACIÓN JUDICIAL A LA LUZ DEL SIGLO XXI 519

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GERARDO RUIZ-RICO RUIZ

PARTE VI CAPÍTULO 20 LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL: LA

CONDICIÓN DE «LEGISLADOR NEGATIVO» DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

que representa una máxima que se exige y rige el comportamiento de todos los

poderes del Estado.

En esta concepción constitucional de la función jurisdiccional se contie-

ne implícita también una posición ética del juez ordinario. En tanto que la sub-

ordinación de éste igualmente al principio de legalidad no puede interpretarse

como una potencial actitud de asepsia valorativa respecto del contenido de la ley

que debe aplicar en el marco de un procedimiento judicial. De nuevo aquí entra

en juego otra constatación innegable a priori. Porque, efectivamente, el derecho

nunca es neutral en la ordenación de la sociedad y de las relaciones jurídicas que

se producen entre los sujetos que la componen. Y en esa medida, el intérprete y

aplicador de la norma tampoco queda al margen de un proceso que, expresa o

implícitamente, tiene una dimensión «política»; la misma que explica su génesis

e ingreso en el sistema de categorías normativas.

Sin duda, la «parcialidad» ético-jurídica resulta innegable en la principal

fuente del Derecho del Estado. La Constitución es la ley «política» fundamental

del Estado; ese carácter implica ya el posicionamiento en favor de un modelo

social e institucional en donde serán garantizados ciertos –y no otros– valores y

principios; una dimensión axiológica que se plasma y sintetiza luego en derechos

y libertades, cuyo ejercicio se enmarca y facilita por estructuras institucionales

diseñadas a tal efecto. La tarea de los órganos judiciales no puede eludir ese com-

promiso constituyente y fundacional del Estado.

La utilización de la Constitución como canon jurisdiccional, donde se han

positivizado unos principios jurídicos y unos valores morales socialmente com-

partidos, se produce a través de una serie de mecanismos generales, a partir de

los cuales se conguran después los diferentes modelos de justicia constitucio-

nal.

2. Fórmulas básicas de aplicación

judicial de la Constitución

El primer y más generalizado método de aplicación judicial de la Constitu-

ción opera mediante la técnica de la interpretación del ordenamiento «conforme

a» (Constitución). Sin embargo, conviene puntualizar que en el ejercicio de esta

competencia el juez ordinario nunca es del todo independiente. Su autonomía

interpretativa y decisional se ve delimitada –esto es, limitada o condicionada– por

la jurisprudencia que emana de las resoluciones de la instancia que ostente una

superioridad jerárquica dentro de la estructura institucional del modelo concreto

de justicia constitucional.