Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa

• Author: Andrew von Hirsch/Wolfgang Wohlers
• Pages: 279-302

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TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO Y ESTRUCTURA

DEL DELITO. SOBRE LOS CRITERIOS

DE UNA IMPUTACIÓN JUSTA *

Andrew VON HIRSCH

Wolfgang WOHLERS

I. INTRODUCCIÓN

Según la doctrina dominante, junto a la función inmanente al sistema de

la teoría del bien jurídico generalmente reconocida, a dicha teoría también

le corresponde una función crítica al sistema. Esta consiste en la posibilidad

de objetar a las decisiones del legislador de amenazar con pena determinadas

conductas que la norma correspondiente no protege ningún bien jurídico

digno de protección penal. Sin embargo, hasta ahora la teoría del bien jurí-

dico crítica al sistema no ha podido cumplir el objetivo que se había f‌ijado

a sí misma de «poner en manos del legislador penal un criterio plausible y

utilizable para sus decisiones y desarrollar, al mismo tiempo, un baremo para

el examen externo de la justicia de dichas decisiones». Una de las posibles

razones podría residir en que prácticamente cualquier tipo penal se puede

relacionar con un bien jurídico legítimo, si se está dispuesto a considerar

suf‌iciente la presencia de nexos de imputación indirectos.

Prueba de ello lo son los tipos del Derecho penal en materia de drogas 1:

al abarcar también el consumo de estupefacientes por personas que actúan

bajo su propia responsabilidad, estos tipos no pueden legitimarse conside-

rando que se trata de proteger la integridad personal del consumidor de

drogas. Sin duda, determinadas drogas son perjudiciales, y lo son para la

salud de quien las consume. Sin embargo, dado que este se inf‌lige a sí mismo

los daños corporales resultantes de dicho consumo, si se partiera del bien

* Traducción del original «Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur - zu den Kriterien fairer

Zurechnung» realizada por Beatriz Spínola Tártalo.

1 Sobre ello, cfr. también ya VON HIRSCH, en este volumen, pp. 37 y 38, así como WOHLERS,

Deliktstypen des Präventionsstrafrechts, 2000, pp. 178 ss., 340-341.

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jurídico de la integridad corporal, tales tipos penales solo se fundamenta-

rían en el paternalismo, lo que sería manif‌iestamente inconciliable con la

concepción del ciudadano capaz de formarse un juicio y adoptar decisiones

de forma autónoma [Konzeption des mündigen Bürgers]. Del mismo modo,

en una sociedad pluralista, el modelo de una vida de abstinencia tampoco

puede ensalzarse como concepción «correcta» de la vida, obligatoria con

carácter general y merecedora per se de protección penal. Por tanto, lo que

queda es el interés de los miembros individuales de la sociedad en no verse

afectados por las consecuencias negativas y los costes de un consumo de

drogas creciente. Precisamente de estos intereses se trata cuando se habla,

dando lugar a malinterpretaciones, de la «salud pública como bien jurídico

protegido». Al respecto, el Tribunal Federal suizo explica: «el objetivo de la

legislación en materia de estupefacientes consiste en proteger a la sociedad

de perjuicios para la salud como consecuencia del abuso de drogas y de

los efectos para terceros vinculados a él. Todo manejo de estupefacientes

dirigido a la venta constituye el comienzo de una puesta en peligro de la

salud del consumidor potencial y, en def‌initiva, de la salud pública» 2. En

la dicción del Tribunal Supremo alemán se puede leer esto, explicado de

forma parecida: «Los bienes jurídicos protegidos en las normas penales so-

bre estupefacientes no son solo y en primer lugar la vida y la salud de los

particulares, como en los §§211, 212, 222 y 223 y ss. StGB [delitos contra la

vida y la integridad física], sino que se pretenden prevenir los daños para la

comunidad resultantes de un consumo extendido de drogas, sobre todo de

drogas duras, y los perjuicios para la salud de los particulares derivados de él

(bien jurídico protegido, “salud pública”; ...)» 3. Con ello se hace referencia,

por un lado, a los gravámenes que supone para el ciudadano particular la

propagación de la delincuencia como medio para la ulterior adquisición de

drogas, pero sobre todo a los gravámenes f‌inancieros adicionales originados

cuando los consumidores de drogas, a consecuencia del consumo, dejan de

poder mantenerse a sí mismos, y que, en caso de un consumo difundido,

podrían poner en cuestión la funcionalidad del sistema social.

Incluso si se desenmascara la «salud pública» como bien jurídico apa-

rente que ha sido objeto de una hipóstasis 4, se reprueba la protección de

la integridad corporal de los consumidores de drogas contra su voluntad

como legitimación paternalista y se rechaza la concepción moral de una

vida de abstinencia como bien jurídico protegido ilegítimo en una sociedad

2 BGer, Decisión de 3 de junio de 1991, citado según HUG-BEELI, ZStR, 115 (1997), pp. 249 ss.

(p. 263).

3 BGHSt 37, 179 (182), comentado, siguiendo la misma posición, por BEULKE/SCHRÖDER,

NStZ, 1991, pp. 393 ss. (p. 394), y RUDOLPHI, JR, 1991, pp. 572 ss. (pp. 573-574), así como, de

forma crítica, por NESTLER-TREMEL, StV, 1992, pp. 273 ss. (p. 276).

4 Cfr. sobre ello también, ahora, HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, 2002,

pp. 142 ss.