Estado del Bienestar y Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en Colombia

Autor:María Erley Orjuela Ramírez
Cargo del Autor:Profesora del Departamento de Cuidado y Práctica de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Colombia
Páginas:213-232
 
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El Análisis del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales en Colombia, en el contexto del Estado del Bienestar comporta en si mismo una reflexión compleja. Estado y Bienestar, son conceptos que han sido aplicados en las ciencias sociales, económicas, políticas, con muy diversas orientaciones ideológicas del bienestar social, históricamente ligadas al quehacer político y atendiendo a las particularidades de los patrones culturales y dinámicas institucionales de cada país. Por lo tanto es necesario establecer un marco referencial que permita comprenderla en su dimensión histórica y social, sin pretender con este fin, hacer una revisión exhaustiva del tema, del cual se encargan los académicos y expertos de la materia y sobre las que existen abundantes fuentes bibliográficas, sino contextualizar la temática en el desarrollo de la intervención del Estado en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la población laboral colombiana.

El Estado de Bienestar, término acuñado a finales de los años veinte y primeros años treinta del pasado siglo, bajo expresiones como New Deal (EEUU), Welfare State (Suecia, Reino Unido), se generaliza después de la segunda guerra mundial en el mundo occidental, para denominar las políticas sociales emergentes que tienen como objetivo proteger al trabajador de las incertidumbres del mercado laboral. Dicho en nuestro contexto, la protección frente al riesgo que se pueda derivar de las contingencias de la sociedad mercantil, desarrollados a través de políticas y

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programas de carácter redistributivo en las que el trabajador es sujeto de derechos y obligaciones sociales.

En cada fase de su desarrollo histórico, el Estado de Bienestar emerge como una red institucional que conjuga intereses relativos a la estabilidad política de los gobernantes, líderes sociales y económicos y a la satisfacción de las demandas populares de justicia y protección social, para mantener el equilibrio de un modelo triangular entre sindicatos, gobiernos, gremios. Por lo tanto, se estructura en un conjunto de instituciones públicas proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

En el informe Beveridge publicado en el Reino Unido (1942), se plantea una extensión y transformación de la seguridad social limitada al mercado de trabajo, para la mayoría de la población con orientación de cobertura universal, con cargo a los presupuestos estatales financiados por todos los contribuyentes, que se consolida en la constitución de un servicio nacional de salud gratuito y universal (Nacional health service) y genera un modelo para la gestación y desarrollo de los modernos estados de protección social.

En su devenir histórico, el estado de bienestar es una invención Europea en la que se establecieron los principios de solidaridad vía contributiva o fiscal entre los ciudadanos, en el marco de un estado social de derecho, lo que posibilitó su consolidación y apoyo legitimador por parte de los actores sociales de su época. Los sistemas de seguros contributivos de finales de siglo pasado, mediante el pago de cotizaciones a fondos de seguros sociales de previsión, posibilitaban el pago de aportes a las clases asalariadas desprotegidas, para cubrir contingencias en caso de enfermedad, vejez o viudedad. Es decir, sus primeros beneficiarios fueron obreros carentes de protección estatal de los efectos derivados de los riesgos propios de su quehacer laboral y que se encontraban en condiciones precarias. Se da inicio a la intervención estatal destinada a garantizar recursos y medios para la previsión de unos mínimos de subsistencia a los ciudadanos que no pueden generarlos por si mismos. Se instrumentaliza la seguridad social a las clases asalariadas, que hasta entonces habían estado a la merced de la caridad de las iglesias e instituciones benéficas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), subraya en su momento, la importante capacidad de legitimación social de los programas de seguros, tales como los relativos a la enfermedad, la incapacidad laboral, el desempleo o las pensiones de vejez.

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De otra parte, bienestar social, política social y Estado de Bienestar son conceptos en las que converge la mediación institucional en la producción de servicios y prestaciones sociales en función del crecimiento económico y el juego de fuerzas políticas para crear mecanismos de orden social orientadas a satisfacer necesidades concretas para los ciudadanos. No obstante, persiste el debate conceptual por delimitar las actuaciones en cada área, para ello en muchos casos se recurre a medir niveles de desigualdad de rentas para cuantificar niveles de bienestar de los ciudadanos, establecer la satisfacción vital dependiendo de que necesidades y capacidades humanas son cubiertas o para legitimar la acción del Estado en la producción de bienestar.

Es necesario anotar, que la producción de bienestar no es competencia absoluta del Estado, sino que se debe considerar las interacciones de este, con la familia como proveedor de prestaciones y servicios sociales y las condiciones de empleo, sujeto a cambios y transformaciones determinados por necesidades y estilos de vida diferentes, las relativas a los roles asignados tradicionalmente al hombre como suministrador del sustento de la familia y la mujer como proveedora de cuidados domésticos no remunerados. Así mismo, por funcionamientos organizativos diversos, procesos de producción complejos dentro del ámbito del mercado de trabajo.

En la concepción ideológica del bienestar social, convergen enfoques de tres grandes corrientes europeas, cristianodemócrata, liberal y socialdemócrata, que desde mediados del siglo XIX, infundieron los principios de los programas institucionales responsables de la modernas estructuras públicas de protección social, fruto no solamente de consensos políticos coyunturales sino de las tradiciones culturales y condiciones de vida en los países europeos donde se consolidaron. En este sentido, se reconocen dos grandes modelos de bienestar:

· Universalista o "Beveridgeano". Basado en la consideración de unos derechos básicos del bienestar para los ciudadanos, plasmados en un acceso sin restricciones a políticas y servicios sociales. Las prestaciones económicas son de igual cuantía para todos los beneficiarios. Su financiación se realiza por vía impositiva con cargo a los presupuestos generales estatales. Se producen transferencias redistributivas de rentas por vía fiscal entre los contribuyentes.

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· Ocupacional o "Bismarckiano". Basado en el principio contributivo de la seguridad social, principal mecanismo institucional de bienestar y previsión social. Las prestaciones monetarias, principalmente pensiones se perciben de acuerdo a las contribuciones realizadas. Estas no siguen criterios actuariales de equivalencia entre aportaciones y percepciones, lo que produce redistribuciones entre diversas categorías de trabajadores cotizantes y familiares dependientes. Se pretende mantener el nivel de renta de los cotizantes adquirido a lo largo de su vida laboral.

Desde otro punto de vista el Estado de Bienestar, pretende mantener estándares y niveles de vida básicos a todos los ciudadanos para protegerlos de determinados riesgos y contingencias derivados de la incertidumbre como la vejez, desempleo, enfermedad, o incapacidad, protección que suele canalizarse a través de las prestaciones económicas de la seguridad social y de la prestación de servicios públicos básicos como educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, para garantizar la seguridad económica. Se procura también, la reducción de la desigualdad económica social, modificando la estructura de la distribución de renta tanto por los sistemas impositivos como por la provisión pública de determinados bienes y servicios públicos para mejorar la distribución de las oportunidades vitales de los individuos. A este respecto, hay explicaciones a favor o en contra de que el Estado de Bienestar pueda promover la igualdad social a través del gasto público social, para lo cual la distribución de la renta se tendría que orientar de manera discriminativa hacia sectores sociales menos favorecidos, situación que dada la universalización de los servicios lo tendrían las clases medias por tener un mayor acceso a ellos. En otro de sus objetivos, el Estado de Bienestar pretende la lucha contra la pobreza, a través de los programas de prestación o subsidios por desempleo, prestaciones no contributivas, salario mínimo de inserción, servicios sociales a la familia.

No obstante la consolidación del Estado de Bienestar, empieza a resquebrajarse a finales de la década de los 70, con el resurgimiento del desempleo y la inflación, fenómenos que algunos autores explican entre otras causas al aumento en los precios del petróleo, al deterioro del clima social en el que se cuestionaba al Estado, al mercado, al individualismo o a los empresarios. Hay quienes afirman que la crisis económica no fue la causa sino la excusa para justificar la denominada Crisis del Estado de Bienestar. La creación de nuevos equilibrios institucionales y políticos entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, ha generado una reestructuración

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institucional y reorientación ideológica, en la que han coincidido el envejecimiento de la población, los riesgos políticos que se derivan del desempleo estructural que limita la capacidad de los gobiernos de no incrementar el gasto público. Todo ello en el contexto de un crecimiento económico menor, el debilitamiento del apoyo público a la acción estatal que demanda menos presión fiscal y la aplicación de políticas sociales más efectivas. Además de la mundialización de las relaciones sociales y la globalización económica que exigen la renovación tecnológica y productiva y permite a los gobiernos políticas sociales impopulares.

En el contexto de la globalización, el Estado...

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