Intervención ciudadana ante la Corte Constitucional demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 de la Ley 1482 de 2011 (Ley Antidiscriminación) 31 de julio de 2014

• Author: Iván Garzón Vallejo

Honorables Magistrados

Señoras y señores.

No son buenos días para las libertades públicas. Humoristas a los que les prohiben hacer ciertos chistes (Chile), diseñadores que pierden millonarios contratos por lo que dijeron en un bar (Francia), rectores que renuncian antes de posesionarse por hablar públicamente de anomalías (Uruguay), pastores y ministros que van a la cárcel por predicar o por hacer comentarios desobligantes (Suecia y Guyana), avisos de contenido “potencialmente traumático” en bibliotecas universitarias (Estados Unidos).

Pero no sólo pasa afuera. Acá un internauta irá a prisión por dejar en la web comentarios irresponsables, y no hace mucho un sacerdote estuvo a un paso de la cárcel por predicarle a sus fieles lo que su religión enseña.

¿Qué tienen en común los casos citados? El juicio implacable, y acaso desmedido de quienes se sintieron aludidos. Varios de ellos incluso argumentaron haber sido blanco de odio y discriminación, como si aquel fuera un sentimiento fácil de sopesar. En muchos de ellos el poder político y el judicial consideraron que la cárcel era la mejor forma de reparar, resocializar y castigar al delincuente.

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La discriminación es un cáncer para las sociedades modernas. Afrodescendientes, inmigrantes, judíos, homosexuales, mujeres, creyentes y discapacitados entre otros son día a día blanco de odios y otras formas de violencia y exclusión. No todos del mismo modo ni siempre sistemáticamente: el contexto cultural y las costumbres cuentan, por supuesto. También hay que advertir que toda forma de discriminación no es injusta ni supone por sí misma actos de odio. Discriminar, según el Diccionario de la Real Academia Española es “seleccionar excluyendo”. Y odiar no es lo mismo que discrepar o disentir, sino una aversión que lleva a desear el mal de otro.

Por eso, convengamos que debemos tratar de erradicar de nuestra vida colectiva la discriminación injusta y arbitrara. La dignidad humana y la igualdad son las mejores razones para hacerlo. Las virtudes cívicas y las acciones afirmativas, formas razonables de promover una cultura ciudadana de tolerancia y respeto que disuada a los que discriminan.

Pero aún estando de acuerdo con el propósito de combatir la discriminación, estoy en desacuerdo con el modo como se propone hacerlo la Ley 1482 de 2011: sancionando con penas de prisión y multas a quienes emitan expresiones que sean interpretadas por los afectados como discriminatorias o contentivas de odio, o les...