Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-881, 17 de octubre de 2002

• Jurisdiction: Colombia
• Subject Matter: Dignidad humana,Principio de solidaridad

1. Identificación de la sentencia

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-881, 17 de octubre de 2002

2. Resumen

La Corte Constitucional de Colombia consideró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC -,

el municipio del Arenal y la Empresa Electrocosta S.A.E.S.P. violaron el derecho a la dignidad humana, a la

salud y a la integridad física de los reclusos de la Cárcel Distrital de Cartagena y de los habitantes del municipio

del Arenal. Reconoció que tanto el INPEC como el municipio incumplieron sus obligaciones contractuales por

no pagar el servicio de electricidad. No obstante, advirtió que ello imposibilitó: el goce de servicios sanitarios y

de ventilación apropiados, así como de brindar la alimentación en condiciones ordinarias a los reclusos de la

cárcel. También consideró que se limitó la prestación del servicio y la atención médica óptima de los habitantes

del municipio el Arenal, además de poner en riesgo la seguridad de las fuerzas armadas que operaban en el

territorio. Por todo lo anterior, ordenó abstenerse a Electrocosta de realizar cortes o racionamientos de energía

eléctrica en la Cárcel Distrital de Cartagena; exhortó a pagar al INPEC la obligación contraída por concepto de

suministro de energía eléctrica. Por último, solicitó pagar al Alcalde del Distrito turístico y cultural de Cartagena

las obligaciones relacionadas con el uso de los servicios públicos al INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena.

3. Hechos

La Sentencia T-881 de 2002 resolvió las controversias de dos procesos. El primero de estos se remonta al año

2000, cuando el INPEC y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena celebraron un convenio

interadministrativo, mediante el cual se buscó cubrir el pago de los servicios públicos del centro penitenciario.

En septiembre de 2001 la empresa Electrocosta S.A.E.S.P. decidió cortar el suministro del servicio de energía

ante el incumplimiento del pago por parte del INPEC.

Por dichas circunstancias, varias personas recluidas presentaron acción de tutela contra Electrocosta por

considerar que el racionamiento de energía afectó: (i) el suministro de agua de la cárcel, (ii) la posibilidad de

cocinar con las estufas eléctricas y (iii) la óptima ventilación del lugar. Por estos motivos, los actores sostuvieron

que se violaron los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a gozar de un ambiente sano y a ser protegidos

por el Estado. La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena tuteló los derechos

fundamentales a la vida y a la integridad personal de los demandantes, solicitándole a Electrocosta abstenerse de

realizar cortes o racionamientos de energía en la cárcel de Cartagena. No obstante, la Sala de Casación Civil de

la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia de primera instancia por considerar que no procedía debatir

temas referentes a la instalación, suspensión y reinstalación de servicios públicos en sede de tutela, ya que la

controversia emanaba de una relación contractual y no constitucional.

El segundo proceso data de 1992, cuando en el municipio del Arenal y la electrificadora del departamento de

Bolívar Electribol (actual Electrocosta S.A.E.S.P) celebraron un convenio interadministrativo para proveer a la

zona el suministro de energía eléctrica. El día 27 de noviembre de 2001, Electrocosta suspendió el suministro de

energía eléctrica, debido a que el municipio le debía a la empresa dos mil millones de pesos por concepto de

venta de energía eléctrica.

Por este motivo, el personero del Municipio del Arenal presentó una acción de tutela contra Electrocosta, al

considerar que la suspensión del servicio de energía generó una violación sistemática de los derechos

fundamentales de los habitantes. Alegó que produjo graves consecuencias para: (i) el centro hospitalario del

Arenal; (ii) afectó el funcionamiento del acueducto del municipio; (iii) deterioró los alimentos refrigerados en el

territorio; (iv) puso en peligro la seguridad del lugar y de las fuerzas armadas que custodiaban el lugar en la

noche. El Juzgado Promiscuo Municipal de Morales, denegó la tutela de los derechos fundamentales, por señalar

que la acción de tutela no era el mecanismo judicial apropiado para la defensa de los intereses de los habitantes

del Arenal. Sostuvo que lo que se afectaban eran intereses colectivos y que, por ende, la defensa judicial apropiada

era la acción popular. En segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití, reiteró las

consideraciones de primera instancia y negó las pretensiones de los demandantes. La Corte Constitucional

seleccionó los dos procesos y amparó los derechos fundamentales de los dos accionantes.

4. Decisión

La Corte Constitucional tuvo que determinar si la actuación de Electrocosta de cortar y racionalizar la prestación

del servicio de electricidad tanto en el municipio el Arenal, como en el cárcel de la ciudad de Cartagena vulneró

los derechos fundamentales de los habitantes del municipio y de los reclusos del centro penitenciario. Para

resolver este problema, el tribunal realizó un recuento jurisprudencial acerca de la expresión constitucional

dignidad humana. Señaló que la expresión se asociaba en un primer nivel a la autonomía individual de las

personas para poder elegir un proyecto de vida y determinarse según su elección. Agregó que el concepto también

se relacionaba con unas condiciones de vida necesarias para desarrollar el proyecto de vida de cada persona y

con la intangibilidad de la integridad física y espiritual de cada quien.

En un segundo nivel, el tribunal se refirió a la dignidad humana como sujeto de protección en el ordenamiento

jurídico colombiano. Constató que en ese nivel, la dignidad humana podía ser entendida en tres niveles: como

principio fundante, como principio constitucional o como un derecho fundamental autónomo. Como principio

fundante explicó que hacía referencia al conjunto de instituciones jurídicas que caracterizaban de manera

definitoria al Estado colombiano y la democracia constitucional. Como principio constitucional dijo que

constituía un deber positivo, según el cual “todas las autoridades del Estado sin excepción, deben (…) realizar

todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las

condiciones”

1

. Por último, manifestó que la dignidad humana era un derecho fundamental autónomo, el cual

contaba con un titular claramente identificado, un objeto de protección más o menos delimitado y un mecanismo

judicial para su protección.

Finalmente, comentó que la dignidad humana había sido desarrollada en un tercer nivel, bajo una concepción

normativista. La sala señaló que dicha concepción era especialmente importante porque permitía concretar con

mayor claridad los mandatos de la Constitución al incluir el reconocimiento de la dimensión social específica y

concreta del individuo, así como incorporar las condiciones que facilitaran su “real incardinación en la sociedad”

2

.

El alto tribunal se refirió al desarrollo jurisprudencial que se ha dado frente a los servicios públicos. Explicó que

la Constitución Política de 1991 les había atribuido un mandato constitucional encaminado a asegurar su

prestación eficiente para todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dijo que su aplicación era

posible mediante el principio de solidaridad social. Expuso que este era el instrumento mediante el cual “el

Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la

efectividad de los principios y derechos constitucionales, y eran la herramienta idónea para alcanzar la justicia

social y promover condiciones de igualdad real y efectiva, así como para asegurar unas condiciones mínimas de

1

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-881, 17 de octubre de 2002 .

2

Ibídem

justicia material”

3

. Señaló que la prestación del servicio público debía dar respuesta a las necesidades sociales,

así como a asegurar condiciones de igualdad material, mediante la prestación de un servicio continuo, regular y

de calidad.

La Corte aclaró que el principio de solidaridad social imponía el deber de cumplir con las obligaciones

contractuales surgidas “en virtud de contratos de condiciones uniformes o de contratos de prestación de servicios

públicos”

4

. En esa medida, dejó en claro que no se podía imponer al particular encargado de la prestación de los

servicios públicos cumplir a cabalidad con sus obligaciones, cuando los usuarios y directos beneficiarios de los

servicios no cumplieran con el pago de las facturas. Para la corporación, ello deterioraba el interés económico de

la empresa debido a que conllevaba al colapso en el patrimonio de la misma, así como a la imposibilidad material

de prestar debidamente el servicio público. Por esta razón, planteó que los beneficiarios y usuarios tenían la

obligación de pagar las facturas correspondientes a la prestación de servicios públicos.

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional evaluó los incumplimientos contractuales de los dos procesos.

Para la corporación fue evidente que el Distrito de Cartagena incumplió la obligación de pagar una suma de

dinero proporcional al incremento de los costos por el uso de los servicios públicos de la cárcel de Cartagena. De

igual manera, manifestó que fue evidente el incumplimiento del pago de las facturas por parte del IMPEC a la

empresa Electrocosta. No obstante, señaló que cuando se presentaba un riesgo inminente de afectar

negativamente los derechos fundamentales, tanto el interés económico como el principio de solidaridad debían

ceder en aras a proteger los derechos vulnerados.

Con base en lo anterior, constató que en los dos escenarios los incumplimientos contractuales llevaron como

consecuencia la grave afectación de los derechos fundamentales tanto de los reclusos de la cárcel de Cartagena

como de los habitantes del Arenal. En cuanto a los internos del centro penitenciario, la Corte puntualizó que el

derecho a la dignidad humana se vio afectado, debido a que desde el mes de septiembre de 2001 hasta la

actualidad, se habían privado de obtener el suministro de agua potable y con ello la posibilidad de gozar de

servicios sanitarios apropiados, de poder recibir alimentación en condiciones ordinarias, así como de poder

disfrutar de abanicos y ventiladores en el establecimiento.

Para el tribunal, los escenarios anteriores evidenciaban la existencia de una relación estrecha entre “la posibilidad

del goce efectivo del derecho a la dignidad humana y la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de

energía eléctrica al centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido”

5

. Asimismo, la Corte

Constitucional expuso que simultáneamente se violó el derecho a la salud por conexidad con el derecho

fundamental a la vida de los actores, debido a “la posibilidad de que surja una epidemia en el penal debido a la

precariedad de las circunstancias sanitarias”

6

. En esa medida, exhortó al municipio para que se abstuviera de

“incurrir en conductas violatorios del deber constitucional de cancelar las obligaciones contraídas con la empresa

prestadora de energía”

7

. De igual forma, solicitó a las entidades encargadas de separar e instalar contadores de

energía a cada uno de los beneficiarios del servicio.

En cuanto a la situación ocurrida en el municipio del Arenal, también afirmó que el corte del servicio de

electricidad violentó el derecho a la dignidad de sus habitantes. Señaló que las personas que residían en la zona

se vieron privados de los servicios de salud que prestaba el hospital de Arenal, por cuanto este no podía funcionar

3

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-380, 31 de agosto de 1994.

4

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-881, 17 de octubre de 2002.

5

Ibídem.

6

Ibídem.

7

Ibídem.

sin energía. Recordaron en el fallo que la falta de energía también imposibilitó a los habitantes del Arenal obtener

agua potable, debido a que el suministro de dicho recurso funcionaba con la activación de una motobomba. De

la misma manera, sostuvo que se vulneró el derecho a la salud “ante la posibilidad de que de presentarse una

emergencia médica, por la imposibilidad de prestar el servicio y la atención médica en condiciones normales, la

protección de tales derechos resultare inoportuna o imposible”

8

.

Encontraron que el corte del servicio de electricidad amenazó el derecho fundamental a la integridad física y a

la vida de los habitantes del municipio del Arenal y de los miembros de la fuerza pública, pues al estar ubicado

el municipio en zona roja (zona de alto peligro) “la posibilidad de incursiones de grupos al margen de la ley y en

general de actos de violencia se incrementa, los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la muerte

de los miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes del municipio”

9

.

El tribunal conminó al Departamento de Bolívar, al municipio del Arenal y a Electrocosta para que diseñaran y

adaptaran los sistemas técnicos de contabilización e individualización del consumo de energía, que permitieran

el funcionamiento ordinario de los establecimientos constitucionalmente protegidos. También les solicitó instalar

contadores individuales, con el fin de posibilitar la individualización del consumo de energía y promover el

cumplimiento del pago de las facturas por concepto de prestación de los servicios públicos.

Como consecuencia de lo anterior, la Corte Constitucional decidió ordenar a Electrocosta abstenerse de realizar

cortes o racionamientos de energía eléctrica en la Cárcel Distrital de Cartagena; exhortó a pagar al INPEC

Regional Norte la obligación contraída por concepto de suministro de energía eléctrica y solicitó pagar al Alcalde

del Distrito turístico y cultural de Cartagena las obligaciones relacionadas con el uso de los servicios públicos al

INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena.

5. Jurisprudencia citada

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-522, 19 de septiembre

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-422, 19 de noviembre de 1992

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-596, 10 de diciembre de 1992

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-380, 31 de agosto de 1994

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-123, 14 de marzo de 1994

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-017, 30 de enero de 1995

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-119, 16 de marzo de 1995

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-645, 26 de noviembre de 1096

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-058, 7 de febrero de 1997

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-556, 6 de octubre de 1998

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-927, 18 de noviembre de 1999

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-966, 18 de noviembre de 2000

● Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-318, 19 de julio de 1995

6. Palabras clave

● Dignidad humana

● Principio de solidaridad

8

Ibídem.

9

Ibídem.

● Servicios públicos

● Derecho a la integridad física.

● Derecho a la salud.