Carta abierta sobre la situación de múltiples violaciones a los derechos humanos y a los principios democráticos en el Perú

Carta abierta sobre la situación de múltiples violaciones a los derechos

humanos y a los principios democráticos en el Perú

El 7 de diciembre de 2022 el Congreso de la República del Perú declaró la vacancia de Pedro

Castillo y asumió la presidencia Dina Boluarte. Tras ello, se han generado protestas en todo el

país y el gobierno reaccionó decretando un estado de emergencia. Esto ha tenido como

resultado el actuar violento de la policía y las fuerzas armadas y un saldo de más de 50

personas asesinadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Diversos medios de

comunicación han documentado el uso de armas letales y no letales que han causado daños a

la población civil, también se han documentado agresiones en contra de periodistas y personas

defensoras de derechos humanos y múltiples detenciones arbitrarias.

Debemos resaltar que un estado de emergencia como medida para generar un efecto inhibidor

de la libertad de expresión es absolutamente inaceptable en un Estado democrático. Mucho

menos justifica el daño generado en la población.

Tenemos conocimiento de ataques en contra de la Asociación Pro Derechos Humanos

(APRODEH), de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) por parte de

grupos particulares, así como en contra de abogadas y periodistas del Instituto de Defensa

Legal (IDL) por parte de la policía por documentar los actos violentos en contra de las personas

manifestantes y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Sabemos que individuos pertenecientes al grupo de extrema derecha “La Resistencia” se han

agrupado en días recientes frente a las oficinas de APRODEH en Lima, donde desplegaron

banderas y gritaron mensajes difamatorios y de odio contra la organización y su Directora por

sus actividades en defensa de los derechos humanos. El mismo día, también se manifestaron

frente a las oficinas de la CNDDHH y de la IDL en Lima.

Organizaciones de la Sociedad Civil en México, colectivos de víctimas, personas defensoras de

derechos humanos y académicas hacemos un respetuoso llamado:

● A la Fiscalía Nacional del Perú para que investigue los hechos atroces de represión

ocurridos en el marco de las protestas de las semanas recientes.

● Al gobierno del Perú para que cese los ataques que impiden el ejercicio de derechos

humanos, particularmente el gobierno debe de garantizar el derecho a defender

derechos humanos, así como abstenerse de emplear armas de cualquier tipo que

puedan causar algún daño a las personas manifestantes.

● A la comunidad Internacional brindar el apoyo que esté en sus manos para proteger los

principios democráticos, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos

humanos en el Perú. Asimismo, les conminamos a realizar un enérgico llamado al

gobierno del Perú y particularmente a la presidenta Dina Boluarte para garantizar el

ejercicio de derechos y la prohibición de acciones arbitrarias y antidemocráticas en

contra de la población.

Firman:

Organizaciones

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Fundación para la Justicia

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica