Supervisión y rendición de cuentas en el sector de la auditoría social. El papel de las iniciativas de cumplimiento social
| Author | Carolijn TERWINDT,Amy ARMSTRONG |
| Published date | 01 June 2019 |
| DOI | http://doi.org/10.1111/ilrs.12123 |
| Date | 01 June 2019 |
Revista Internacional del Trabajo, vol. 138 (2019), núm. 2
Derechos reservados © Las autoras, 2019
Compilación de la revista y traducción del artículo al español © Organización Internacional del Trabajo, 2019
Supervisión y rendición de cuentas
en el sector de la auditoría social.
El papel de las iniciativas
de cumplimiento social
Carolijn TERWINDT* y Amy ARMSTRONG**
Resumen. El colapso del Rana Plaza en 2013 concienció acerca de las condicio-
nes de trabajo abusivas en la industria del vestido. Se ha prestado mucha atención
a la responsabilidad de las empresas minoristas, pero no tanta a la de las empresas
de auditoría social. Las autoras investigan los sistemas existentes para detectar y
corregir las auditorías decientes e inecaces y concluyen que, en la práctica, la
supervisión y las sanciones en este ámbito son limitadas. Se explora pues cómo las
iniciativas de cumplimiento social pueden mejorar la vericación de la calidad de
las auditorías y la rendición de cuentas.
El 24 de abril de 2013, el complejo de edicios de Rana Plaza en Daca
(Bangladesh) se derrumbó matando a 1134 personas e hiriendo a unas
1800, entre ellas niños y mujeres embarazadas (CPD, 2014, pág. 12). Dos fá-
bricas ubicadas en el edicio habían pasado por el proceso de auditoría de la
Business Social Compliance Initiative (BSCI), lanzada en 2003 por la Asocia-
ción de Comercio Exterior (FTA) «en respuesta a la creciente demanda de
transparencia por parte de las empresas y de mejores condiciones de trabajo
en las cadenas mundiales de suministro», según sus propias declaraciones1. Tras
la tragedia, el Director General de la BSCI expresó la siguiente salvedad: «Es
muy importante no esperar demasiado de la auditoría social» (Al-Mahmood
y Wright, 2013). Esto plantea la cuestión de qué se puede esperar exactamente
de las auditorías sociales de terceros y cuáles son las consecuencias cuando
no se cumplen esas expectativas. En particular, ¿qué papel deberían desem-
peñar las iniciativas de cumplimiento social en lo que respecta a las garantías
de responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas?
* Asesora jurídica superior, Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales,
Berlín; info@ecchr.eu (autora para la correspondencia). ** Miembro del Colegio de Abogados
de Johannesburgo; armstrong@thulamelachambers.co.za.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos solo incumbe a sus autores,
y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no signica que la OIT las suscriba.
1 Véase
Revista Internacional del Trabajo
262
En 2005 ya se habían reconocido deciencias públicas notables en el
sistema de auditoría social. En aquel momento, la Clean Clothes Campaign
(CCC), una organización de defensa de los derechos de los trabajadores, pu-
blicó un análisis en que denunciaba ciertos aspectos problemáticos, entre ellos
las «auditorías falsas y negligentes», y advirtió contra la dependencia excesiva
de estos mecanismos, destacando la necesidad de transparencia y de rendición
de cuentas (CCC, 2005). Aunque los problemas que plantean estas auditorías
se conocen desde hace mucho tiempo, es poco probable que desaparezcan en
lo inmediato. Al contrario, se están imponiendo como instrumento prioritario
de responsabilidad social de las empresas (RSE) y de actividad industrial sos-
tenible. Según la BSCI, «las auditorías son la herramienta más able para lo-
grar la transparencia en cuanto a lo que ocurre en las fábricas»2. Además, son
un mecanismo adecuado para que los minoristas demuestren al público que
están tomando medidas de cumplimiento social en su cadena de suministro.
Si aceptamos que la auditoría social no va a desaparecer, al menos debería-
mos considerar cómo tratar los casos en que sus deciencias no permiten detec-
tar violaciones de los derechos de los trabajadores. En la práctica, los auditores
sociales no se enfrentan a ninguna reclamación de responsabilidad por sus ser-
vicios, como reconoció un portavoz de la empresa de certicación alemana TÜV
Rheinland (Dohmen, 2016). Esto es problemático porque las marcas minoristas
tienden a recurrir a informes de auditoría para justicar sus compras en fábri-
cas que posteriormente se han derrumbado o incendiado (Burckhardt, 2014).
Si bien los informes de auditoría son habituales, no está claro quién asume la
responsabilidad de su contenido o impacto. Como en general no se hacen públi-
cos, no hay forma de que las partes interesadas, o incluso partes independientes,
supervisen el proceso o determinen su exactitud. En particular, los trabajadores
–supuestos beneciarios nales del proceso– no tienen medios para vericar di-
chos informes o hacer que los auditores rindan cuentas.
En el verano de 2016, PricewaterhouseCoopers (PwC) se encontró en el
banquillo en el mayor juicio contra una empresa de auditoría nanciera hasta
la fecha en los Estados Unidos. Se le acusaba de no haber detectado un caso
de fraude, lo que planteaba la cuestión de cómo debían cumplir exactamente
sus funciones los auditores. En su defensa, PwC insistió en que, si bien no se
había detectado el fraude, se habían cumplido las normas contables estableci-
das por el Consejo de supervisión de las empresas públicas de contabilidad, o
PCAOB (McKenna, 2016). En casos así se suele llegar a un acuerdo (a menu-
do por una suma no divulgada) antes de que el tribunal se pronuncie sobre la
responsabilidad del auditor, y este no fue una excepción (McLannahan, 2016;
Fisher, 2017). Sin embargo, este tipo de procesos judiciales cumplen una fun-
ción de rendición pública de cuentas. PwC tuvo que defenderse y responder
del modo en que se ajustaba a las normas contables profesionales mínimas
exigidas. El caso permitió a la industria, expertos, académicos y grupos de in-
terés analizar si esas normas mínimas eran sucientes y abogar por el cambio.
2 Véase
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