Resolution No. 60 IACHR. Precautionary Measure No. 1067/18 (Nicaragua), 24-01-2019

• Case Outcome: Extension
• Respondent State: Nicaragua
• Date: 24 January 2019
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Resolution Number: 60

- 1 -

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN 60/2019

Medida cautelar No. 1067-18

S.I.M.A. y otras dieciséis mujeres defensoras de derechos

humanos respecto de Nicaragua

(Ampliación)

24 de diciembre de 2019

I. INTRODUCCIÓN

1. Durante la visita de trabajo realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en

lo sucesivo “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”), entre el 17 al 21 de mayo de 2018,

fueron recibidas diversas solicitudes de medidas cautelares, instando a que requiriera al Estado de

Nicaragua (en adelante “el Estado”), la protección de la vida e integridad personal de personas que se

encontrarían en una situación de riesgo como resultado de los hechos de violencia que tuvieron lugar

desde el 18 de abril de 2018. La Comisión continúa dando seguimiento a la situación y a las solicitudes

de medidas cautelares recibidas durante y después de la visita. Según la presente solicitud de

ampliación

1

, las diecisiete personas propuestas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo

en el marco de la actual situación por la que atraviesa Nicaragua.

2. Tras analizar la información disponible, a la luz del contexto aplicable y las constataciones

realizadas, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los derechos

a la vida e integridad personal de (1) S.I.M.A., (2) V.V.sa Delgado

Sarmiento, (3) M.T.B.G., (4) M.d.S.B.G., (5) L.M.

.

T.V., (6) M.C.M.M., (7) S.A.T., (8) Y. de la

Concepción Mejía Palma, (9) A.P.M.C., (10) M.d.S.P.E.,

(11) C.R.P., (12) J.E.A.P., (13) R.M.D.D., (14)

X.I.Z., (15) M.A. C how, (16) D.T.D.R., y (17) M.

.

V.M.M., así como sus núcleos familiares, quienes son susceptibles de identificación,

se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25

del Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que: a) adopte las medidas necesarias para

garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las beneficiarias, así como sus núcleos

familiares, quienes son susceptibles de identificación. En particular, el Estado debe asegurar que los

derechos de las beneficiarias sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el

derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de

riesgo atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus

representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que

dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

II. ANTECEDENTES

3. La Comisión tomó conocimiento sobre protestas realizadas durante el mes de abril de 2018 en

rechazo al anuncio de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, las cuales ocurrieron con

posterioridad a una protesta que se realizó por un incendio que tuvo lugar en la reserva “Indio Maíz”.

Tras conocer sobre la represión realizada contra las protestas y la muerte de al menos 20 personas, la

Comisión emitió un comunicado de prensa condenando los hechos y haciendo un llamado a las

1

La solicitud de ampliación respecto de las 17 personas propuestas beneficiarias identificadas en el presente asunto se presentó el 30 de agosto

de 2019.

- 2 -

autoridades, entre otros aspectos, a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante

estas manifestaciones y establecer las sanciones correspondientes

2

.

4. La Comisión siguió recibiendo información sobre presuntas muertes, personas heridas y

detenciones presuntamente arbitrarias como resultado del supuesto uso excesivo de la fuerza por parte

de la policía, la actuación de diversos grupos armados parapoliciales o terceros armados. Así, la CIDH

decidió conformar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) el 3 de mayo

de 2018 para dar seguimiento a los hechos denunciados

3

. La Comisión solicitó la anuencia del Estado

para visitar el país, la cual fue aceptada por el Estado el 13 de mayo de 2018

4

.

5. Tras realizar su visita entre el 17 y 21 de mayo de 2018, la Comisión reunió información

documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidenciaron graves violaciones de

derechos humanos, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del

Estado y de terceros armados. Lo anterior, habría resuelto en decenas de muertos y centenares de

personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y

degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras f ormas de amedrentamiento como amenazas,

hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana

5

.

Con posterioridad, la Comisión continuó condenado los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua

6

.

6. El 22 de junio de 2018, la CIDH presentó su informe sobre la grave situación de los derechos

humanos en Nicaragua en el cual señaló que según las cifras relevadas “la acción represiva del Estado ha

dejado al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas

privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio, así como cientos de personas en situación de

riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”

7

.

7. El 24 de junio de 2018, la Comisión anunció la instalación del Mecanismo Especial de

Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con su equipo técnico en terreno, el cual permanecería en el país

mientras la situación lo requiera

8

. El objetivo del MESENI es dar seguimiento a las recomendaciones

realizadas por la CIDH derivadas de su visita al país, como las Observaciones Preliminares y el Informe

“Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”.

Durante su estancia en el país el MESENI constató “en terreno la intensificación de la represión y los

operativos desplegados en todo el país por agentes de la policía nacional y grupos parapoliciales”, con el

objetivo de desmantelar los tranques que estaban ubicados en diversas ciudades

9

. Según

pronunciamiento de la CIDH, al 19 de diciembre de 2018 habría existido “un progresivo e incesante

2

CIDH, CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en Nicaragua, 24 de abril de 2018. D.nible en:

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/090.asp

3

CIDH, CIDH anuncia instalación de Sala de Coordinación para monitorear la situación en Nica ragua, 3 de mayo de 2018, disponible en

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/094.asp

4

CIDH: CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en Nicaragua, 24 de abril de 2018; CIDH anuncia instalación de Sala

de Coordinación para monitorear la situación en Nicaragua, 3 de mayo de 2018; CIDH insiste en solicitud de anuencia de Nicaragua para visitar el

país, 11 de mayo de 2018; CIDH realizará visita a Nicaragua, 14 de mayo de 2018; CIDH a nuncia fechas y alcance de su visita a Nicaragua, 17 de

mayo de 2018; todos estos disponibles en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp

5

CIDH, Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua, 21 de mayo de 2018. D.nible en:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/113.asp

6

CIDH, CIDH condena nuevos hechos de violencia en Nicaragua, 25 de mayo de 2018. D.nible en:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/118.asp ; CIDH, CIDH urge a desmantelar grupos parapoliciales y proteger derecho a

protesta pacífica, 1 de junio de 2018. D.nible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/124.asp

7

CIDH, CIDH presenta informe sobre grave situación de derechos humanos en Nicaragua, 22 de junio de 2018. D.nible en:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/134.asp

8

CIDH, “CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)”, comunicado de prensa de 24 de junio de 2018.

D.nible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2018/135.asp

9

CIDH, Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) completa tercera semana de trabajo y constata intensificación de represión

y operativos por la policía y grupos parapoliciales”, 19 de julio de 2018.

- 17 -

M.R.P., en Nicaragua

31

. La solicitud de medidas cautelares alegó que las beneficiarias

eran defensoras de derechos humanos y estaban siendo objeto de amenazas, hostigamientos,

intimidaciones, así como de actos de violencia en el marco de sus labores y tras las protestas del 18 de

abril de 2018 en Nicaragua.

96. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró que la información

presentada demostraba, en principio, que las beneficiarias se encontraban en una situación de gravedad

y urgencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión

solicitó a Nicaragua que adoptara las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e

integridad personal de las beneficiarias así como sus núcleos familiares, qu ienes eran susceptibles de

identificación. En particular, el Estado debería tanto asegurar que sus agentes respetasen los derechos

de las beneficiarias de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los

derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros. La CIDH solicitó

asimismo al Estado de Nicaragua que concertara las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus

representantes; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos

que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

97. Tras el otorgamiento de las presentes medidas cautelares, el Estado de Nicaragua no ha

brindado una respuesta sobre las medidas de protección adoptadas. Por el contrario, la representación

informó que los eventos de riesgo valorados en su momento por la Comisión continúan a la fecha.

V. ANÁLISIS SOBRE LOS ELEMENTOS DE GRAVEDAD, URGENCIA E IRREPARABILIDAD

98. El mecanismo de medidas cautelares es parte de la función de la Comisión de supervisar el

cumplimiento con las obligaciones de derechos humanos establecidas en el artículo 106 de la Carta de la

Organización de Estados Americanos. Estas funciones generales de supervisión están establecidas en el

artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recogido también en el artículo

18 (b) del Estatuto de la CIDH, mientras que el mecanismo de medidas cautelares se encuentra descrito

en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión. De conformidad con ese artículo, la Comisión otorga

medidas cautelares en situaciones que son graves y urgentes, en que tales medidas son necesarias para

prevenir un daño irreparable.

99. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte

Interamericana” o “Corte IDH”) han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y

provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. R.o del carácter tutelar, las

medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos. Con

respecto al carácter cautelar, las medidas cautelares tienen como propósito preservar una situación

jurídica mientras está siendo considerada por la CIDH. El carácter cautelar tiene por objeto y fin

preservar los derechos en posible riesgo hasta tanto se resuelva la petición que se encuentra bajo

conocimiento en el Sistema Interamericano. Su objeto y fin son los de asegurar la integridad y la

efectividad de la decisión de fondo y, de esta manera, evitar que se lesionen los derechos alegados,

situación que podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil (effet utile) de la decisión final. En tal

sentido, las medidas cautelares o provisionales permiten así que el Estado en cuestión pueda cumplir la

decisión final y, de ser necesario, cumplir con las reparaciones ordenadas. Para los efectos de tomar una

decisión, y de acuerdo con el artículo 25.2 de su Reglamento, la Comisión considera que:

31

CIDH, Resolución 70/18. MC 939/18 y 1067/18 - Y.M.A..E. y otras (diecisiete defensoras de derechos humanos),

Nicaragua, 17 de septiembre de 2018. D.nible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/70-18MC939-18-NI.pdf

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a. la “gravedad de la situación” implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener

sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso

o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;

b. la “urgencia de la situación” se determina por medio de la información aportada, indicando

el riesgo o la amenaza que puedan ser inminentes y materializarse, requiriendo de esa

manera una acción preventiva o tutelar; y

c. el “daño irreparable” consiste en la afectación sobre derechos que, por su prop ia naturaleza,

no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

100. La Comisión recuerda que los hechos alegados que motivan una solicitud de medidas cautelares

no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada

desde una perspectiva prima facie que permita identificar una situación de gravedad y urgencia

32

.

101. Asimismo, un requisito para la ampliación de las medidas de cautelares es que los hechos

alegados en la solicitud de ampliación tengan una “conexión fáctica” con los eventos que justificaron la

adopción inicial de las medidas cautelares

33

. La Comisión identifica que el presente asunto aborda, al

igual que la MC-1067-18, la situación de diecisiete mujeres defensores de derechos humanos en

Nicaragua que continúan enfrentando diversos de riesgo, los cuales estarían ligados a su cercanía a

beneficiarias de medidas cautelares y a su pertinencia a organizaciones que trabajan el tema de

derechos de las mujeres en diversos colectivos. Asimismo, las diecisiete propuestas beneficiarias

continuarían realizando sus labores de defensa en el actual contexto de Nicaragua, al igual que las

beneficiarias de la MC-1067-18. Por lo anterior, la Comisión considera que el requisito de conexión

fáctica se encuentra cumplido.

102. En lo que respecta al requisito de gravedad, la Comisión observa que los hechos alegados se

inscriben en un momento particular que atraviesa el Estado de Nicaragua, en el cual los defensores y las

defensoras cumplen un rol fundamental en la documentación de los sucesos que vienen ocurriendo, así

como en las labores de defensa y acompañamiento a las víctimas de grave violencia. La Comisión ha

venido otorgando medidas cautelares a favor de defensores de derechos humanos por sus labores

realizadas en la documentación y defensa de derechos humanos, y en general ante la grave situación de

riesgo en que se encontrarían.

103. Las diecisiete propuestas beneficiarias formarían parte de diversas agrupaciones, colectivos,

movimientos, asociaciones e iniciativas que tendrían un rol relevante en la actual situación que atraviesa

Nicaragua. La Comisión toma en cuenta al momento de calificar la situación de riesgo que los eventos de

violencia e inseguridad de mujeres defensoras se ven influenciados por su género, estando expuestas

particularmente a varias formas de violencia, incluida la sexual, así como violencia contra sus familias en

represalias por su trabajo, en adición a otros obstáculos que amenazan el trabajo de personas

defensoras en general

34

. Asimismo, la Comisión observa que las defensoras están expuestas

particularmente al uso de estereotipos de género para deslegitimar su trabajo o incluso ridiculizarlas

35

.

32

Al respecto, por ejemplo, refiriéndose a las medidas provisionales, la Corte Interamericana ha indicado que se requiere un mínimo de detalle e

información que permitan apreciar prima facie una situación de extrema gravedad y urgencia. Corte IDH, Asunto de los niños y adolescentes

privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales

respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Considerando 23.

33

En este sentido ver, CIDH, Resolución 10/17, Medida Cautelar No. 393-15 Detenidos en “Punta Coco” respecto de Panamá, 22 de marzo de

2017, párr. 28; y Corte IDH, F.O. y Otros respecto de los Estados Unidos Mexicanos. Resolución de Medidas Provisionales de 23 de

noviembre de 2010, considerando décimo noveno.

34

CIDH, Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos, 2017, párr. 303

35

I..

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104. Del mismo modo, la Comisión toma nota que los solicitantes informaron que muchas de las

propuestas beneficiarias pertenecerían o liderarían organizaciones existentes con anterioridad a las

protestas de abril de 2018, e incluso a organizaciones o colectivos que se formaron con posterioridad a

dicha fecha. De manera particular, la Comisión considera como parte de su evaluación la especial

situación de vulnerabilidad que se genera en las propuestas beneficiarias tras la cancelación de las

personalidades jurídicas de las organizaciones que integran, así como por la represión que indicaron

haber sido objeto por ser parte de organizaciones o colectivos que participaban en las protestas y por su

rol en la denuncia de violaciones de derechos humanos desde diversos sectores en Nicaragua. Como fue

valorado anteriormente, la Comisión ha expresado su preocupación respecto de que la verdadera

intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones, en el marco de

serias alegaciones de faltas al debido proceso, sea coartar la capacidad de las organizaciones y las

personas defensoras de derechos humanos de cumplir con su labor de defender derechos humanos en

Nicaragua

36

.

105. La Comisión advierte que, dada la visibilidad y liderazgo de las propuestas beneficiarias en el

contexto actual de Nicaragua, ellas habrían sido objeto de consistentes seguimientos, hostigamientos,

intimidaciones, amenazas de muerte, y agredidas en diversos momentos y por diversos medios, siendo

tales eventos de riesgo atribuidos a funcionarios estatales, elementos policiales, elementos

parapoliciales, personas afines al gobierno, sujetos armados y/o motorizados, o personas desconocidas.

Del mismo modo, la Comisión identifica que determinas personas propuestas beneficiarias habrían

denunciado que, dado que sus domicilios y datos personales se habrían hecho públicos, y ante los

eventos de riesgo narrados, habrían decidido salir de sus casas de habitación, o cerrar sus negocios

familiares.

106. Determinadas propuestas beneficiarias no habrían podido retornar a sus casas o negocios ante

la vigilancia y asedio de la zona por parte de terceros motorizados. Aquellas propuestas beneficiarias

que continuarían en sus casas de habitación seguirían siendo vigiladas por motorizados no identificados.

Asimismo, según la información disponible, integrantes de los núcleos familiares de las propuestas

beneficiarias también están expuestos a eventos de riesgo. Asimismo, en algunos casos los centros de

labores estarían bajo vigilancia constante.

107. Del mismo modo, las propuestas beneficiarias estarían siendo expuestas a una campaña de

estigmatización o desprestigio a través de diversos medios que buscarían deslegitimar las acciones que

estarían realizando y a ellas mismas, ridiculizándolas. En el anterior escenario, algunas propuestas

beneficiarias estarían siendo calificadas por diversos medios como ¨proabortos¨, “vende patria”,

“golpista”, “abortistas”, “terroristas”, “tranquistas” y de “financiar a los golpistas”, entre otros. En

relación con tales declaraciones, la Comisión toma en cuenta, a partir de lo indicado por la Corte

Interamericana, que “las publicaciones amedrentadoras en redes sociales y las alegadas declaraciones

públicas por parte de funcionarios de gobierno llamando a desacreditar el trabajo de los defensores,

puede poder en una situación de grave riesgo a éstos, particularmente respecto de su vida o integridad

personal”

37

.

108. Por otra parte, si bien no corresponde a la Comisión determinar la autoría de los eventos de

riesgo, ni si los mismos resultan atribuibles a agentes del Estado de Nicaragua, al momento de valorar la

presente solicitud sí toma en cuenta la seriedad que reviste la posible participación de agentes del

36

CIDH, CIDH condena la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, 13 de diciembre de 2018.

D.nible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/265.asp

37

Corte IDH. Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena M. de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua.

Ampliación de Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de agosto de 2018, párr. 11. D.nible

en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_05.pdf

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Estado, conforme a las alegaciones presentadas pues ello colocaría a las propuestas beneficiarias en una

situación de vulnerabilidad.

109. En estas circunstancias, la Comisión considera, desde el estándar prima facie aplicable y en el

contexto que atraviesa el Estado de Nicaragua, estar suficientemente acreditado que los derechos a la

vida e integridad personal de las 17 mujeres defensores de derechos humanos se encuentran en

situación de grave riesgo. La Comisión considera asimismo que en vista de los hechos alegados dicha

situación de riesgo también se extiende a los miembros del núcleo familiar de las propuestas

beneficiarias.

110. En lo que se refiere al requisito de urgencia, la Comisión considera que se encuentra cumplido

ya que los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse

con el tiempo, de tal forma que ante la inminencia de materialización del riesgo resulta necesario de

manera inmediata adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal.

111. En lo que se refiere al requisito de irreparabilidad, la Comisión considera que se encuentra

cumplido, ya que la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal, por su propia

naturaleza, constituye una máxima situación de irreparabilidad.

112. Finalmente, la Comisión desea recordar que de acuerdo con el artículo 25.5 de su Reglamento

“antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado

involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora”.

En el presente asunto, en vista del contexto específico y las circunstancias descritas, incluyendo los

hechos de riesgo ya afrontados por las propuestas beneficiarias, la Comisión no considera necesario

solicitar información adicional.

IV. BENEFICIARIAS

113. La Comisión declara como beneficiarias a las siguientes personas (1) S.I.M..

.

A., (2) V.V.D.S., (3) M.T.B.G., (4) M.d.S.

.

B.G., (5) L.M.T.V., (6) M.C.M.M., (7) S.

.

A.T., (8) Y. de la Concepción M ejía Palma, (9) A.P.M.C., (10)

M.d.S.P.E., ( 11) C.R.P., (12) J.E.A.P.,

(13) R.M.D.D., (14) X.I.Z., (15) M.A.C., (16) D.

.

T.D.R., y (17) M.V.M.M., así como sus núcleos familiares, quienes

son susceptibles de identificación en los términos del art. 25.6.b).

V. DECISIÓN

114. La Comisión considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad,

urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión

solicita al Estado de Nicaragua que:

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las

beneficiarias, así como sus núcleos familiares, quienes son susceptibles de identificación. En

particular, el Estado debe asegurar que los derechos de las beneficiarias sean respetados de

conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos,

tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros;

b) Concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes; y

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c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a

la adopción de la presente medida cautelar y evitar así su repetición.

115. La Comisión también solicita al Gobierno de Nicaragua tenga a bien informar a la Comisión

dentro del plazo de 15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción

de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

116. La Comisión resalta que, de conformidad con el artículo 25(8) del Reglamento de la Comisión, el

otorgamiento de medidas cautelares y su adopción por el Estado no constituye prejuzgamiento sobre la

posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos

aplicables.

117. La Comisión de conformidad con el artículo 25.5 del R eglamento revisará la pertinencia de

mantener vigente la presente medida cautelar o bien proceder a su levantamiento. Para ello, la Comisión

tendrá en cuenta la información que sea aportada por el Estado de Nicaragua.

118. La Comisión instruye a la Secretaría de la Comisión Interamericana que notifique la presente

Resolución al Estado de Nicaragua y al solicitante.

119. Aprobado el 24 de diciembre de 2019 por: Esmeralda Arosemena de T., P.; J..

.

H..G., P..V.; A..U..N., S..V.;

M.M.M., F.J.E.P., L.E.V.S. y F.P.,

miembros de la CIDH.

P.A.

.

S. Ejecutivo