Algunas reflexiones sobre las reformas administrativas como instrumento de cambio y fortalecimiento del Estado del Bienestar desde la perspectiva europea

Autor:Vicente José Benito Gil
Cargo del Autor:Profesor Asociado de Ciencia Política y de la Administración. Dpto. de Estudios Jurídicos del Estado. Universidad de Alicante. ESPAÑA
Páginas:75-92
RESUMEN

Introducción. - 1. Reforma e Innovación de las Administraciones Públicas en la Sociedad del Bienestar - 2. El político debe liderar y dirigir, y el gestor debe gestionar - 3. Flexibilización de las estructuras de gestión - 4. Control del gasto, rendición de cuentas e imagen social - 5. Resistencia al cambio, cultura organizacional y gestión del personal - 6. El papel de la formación en la... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Introducción

El Estado actual del siglo XXI, fruto de su crisis por múltiples causas, debe transformarse y adaptarse a la nueva realidad y a las demandas sociales que reclaman los nuevos tiempos; se necesita pues un Estado moderno, fuerte y capaz de dar respuesta a dichas demandas.

El fortalecimiento del Estado, a la vez que su modernización, son condiciones necesarias para lograr la viabilidad del Estado del Bienestar y el desarrollo por parte de éste de políticas sociales adecuadas a su contexto social y a las demandas de la ciudadanía y de la sociedad civil. Pero, esa viabilidad y realidad de las políticas sociales, no será posible de una forma eficaz y eficiente, sin una previa transformación y adaptación de sus Administraciones Públicas y de su gestión, a fin de que las prestaciones y los servicios públicos sean de calidad y eficaces, al tiempo que respondan a la necesidades sociales.

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la sociedad globalizada en la que vivimos, altamente determinada por la información y el conocimiento, obliga a los Estados modernos a prestar especial atención a los cambios que demanda la Sociedad respecto de los servicios públicos

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que prestan las diferentes Administraciones Públicas. Por esta razón, todo Estado que apueste por la cohesión social y económica, debe abordar con valentía y de manera prioritaria los cambios y retos que implica la Nueva Gestión Pública. Para llevar a cabo este cambio, tan necesario y demandado, entendemos que debe tenerse en cuenta, sobre todo, los siguientes aspectos:

· Que tanto el proceso de reforma, entendido como innovación, y la modernización que se plantee, alcancen a todos los niveles de la Administración Pública (central, regional y local).

· Que se profesionalice al máximo la gestión pública, evitando las interferencias de los políticos.

· Que se ofrezcan garantías jurídicas y políticas de una gestión ágil, eficaz , transparente y de calidad.

· Que existan los medios materiales e infraestructuras necesarias para llevar a cabo las reformas.

· Que los cambios sean compartidos y asumidos por el personal al servicio de las Administraciones Públicas, como elemento motivador y dinamizador.

Sobre la reforma, innovación y/o modernización del sector publico, se ha hablado mucho en los últimos tiempos, podría decirse que está casi todo dicho y por ello no puede hablarse de recetas mágicas, sin embargo, sí existen consideraciones y enfoques diversos que, sin duda, pueden contribuir en mayor o menor medida al éxito o fracaso de los objetivos planteados. En cada país, dos factores influyen especialmente en la consecución de dichos objetivos, por un lado, la estructura políticoadministrativa existente que determina el tipo de reforma que puede acometerse y, por otro, la voluntad real de los responsables políticos a la hora de plantear el cambio. Hacer una apuesta valiente a medio y largo plazo, más allá de los intereses partidistas del momento y del compromiso temporal que supone el periodo de tiempo en el que se ejerce el mandato electoral, es imprescindible para que un proyecto de esta importancia sea estratégico y por tanto pueda tener éxito.

1. Reforma e Innovación de las Administraciones Públicas en la Sociedad del Bienestar

Toda reforma de la gestión pública que se plantee, pasa por diseñar estratégica y cuidadosamente, no sólo las políticas públicas correspondientes,

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sino también por contar con todos los actores implicados (servidores públicos, ciudadanos, políticos, grupos de presión, etc.) para ponerse de acuerdo en el tipo de reforma a realizar, los medios a emplear y los efectos y resultados que se desean conseguir. Sobre esta base, y mientras no cambien estas circunstancias, son los Estados de manera unilateral, los que deben tomar las iniciativas y decisiones que sirvan para conseguir que las Administraciones Públicas sean más ágiles, eficaces y transparentes, generando con ello la necesaria credibilidad social.

El ciudadano de hoy, más que nunca, dispone de información, medios y conocimiento de sus derechos, a la hora de exigir a la Administración un servicio de calidad. Esta circunstancia hace que el ciudadano del siglo XXI tenga un concepto de exigencia mayor respecto de los servicios públicos en función de la doble relación que mantiene con la Administración, por un lado, como "ciudadano" (beneficiario directo de las políticas públicas en razón de los impuestos que paga) y, por otro, como usuario de un servicio público con derecho a exigir el mismo trato y calidad que teóricamente recibe del sector privado.

Cualquier reforma que se formule sin tener presente la anterior premisa, no sólo es un error de planteamiento y planificación sino también estratégico en tanto que, en vez de buscar soluciones para generar confianza al ciudadano, se mira hacia otro lado generando con ello una falta de credibilidad que, no sólo afecta a los resultados electorales sino también y, muy especialmente, al desarrollo económico y social del país y, en consecuencia al Estado del Binestar.

Por otro lado, si bien es cierto que no debería plantearse una modernización de la Administración Pública sin tener presente a sus verdaderos destinatarios: los ciudadanos, tampoco debería iniciarse reforma alguna sin contar con otros "usuarios" muy especiales, como son los propios servidores públicos. Los empleados públicos no deben limitarse simplemente a ser partícipes de la reforma sino que deben estar debidamente motivados e incentivados, no necesariamente de manera económica, también puede hacerse y, de hecho debe hacerse, en forma de reconocimiento público. La Administración Pública, como cualquier otra Organización, debe promover las medidas, los incentivos, las motivaciones y las herramientas necesarias para que sus empleados la sientan como propia, promoviendo así una verdadera cultura organizacional. El hecho de pertenecer a una Organización donde se apoya al empleado, se le otorga reconocimiento y se le facilitan los medios necesarios para su formación y

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desarrollo profesional, es clave a la hora de considerar los resultados a obtener, y requisito demostrado como necesario para el éxito del cambio.

Si en términos generales estas consideraciones son decisivas, por elementales que parezcan, está claro que esto no son suficientes por sí mismas. Cuando un Estado desea abordar una reforma estructural y estratégica en sus Administraciones Públicas necesita, sobre todo, identificar las grandes líneas en las que ésta debe apoyarse.

En mi opinión, estas grandes líneas deben incluir decisiones sobre los siguientes aspectos:

· Descentralización administrativa

· Profesionalización de la gestión pública

· Flexibilización de las estructuras de gestión

· Control del gasto y rendición de cuentas

· Gestión del personal

· Evaluación de la calidad

Si tenemos en cuenta la extraordinaria capacidad organizativa y estructural con la que cuenta el Estado para llevar a cabo cualquier reforma, hablar de gestión ágil, eficaz y eficiente, pasa incuestionablemente por plantear una descentralización de las estructuras centralistas. La Administración Estatal, Regional, o Local, de un país que no cuente con un nivel importante de autonomía está condenada a ser presa de su burocracia y, en consecuencia, será incapaz de acometer las reformas estructurales a las que nos venimos refiriendo; transferir pues competencias estatales a las demás Administraciones territoriales en materia de gestión pública, no debe generar reparos, si se hace con la adecuada planificación técnica y política.

La descentralización administrativa que se ha llevado a cabo en España, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas y en la Administración Local ha supuesto, sin lugar a dudas, un verdadero acercamiento al ciudadano, haciéndole partícipe de sus resultados, al tiempo que ha servido de motor de desarrollo económico y social. El Estado se ha quedado con un papel prácticamente residual en materia prestacional y de ejercicio de competencias, limitándose a legislar y controlar la normativa básica pero, no por ello con menor importancia. No obstante lo dicho, es de justicia afirmar que no es oro todo lo que reluce pues, si bien es cierto que esto es un hecho objetivo, no es menos cierto que se está produciendo un creciente conflicto

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en materia de competencias, tal vez, por no concretarse con mayor nivel de detalle los límites jurídicos en las competencias de cada Administración Pública.

2. El político debe liderar y dirigir, y el gestor debe gestionar

El segundo aspecto a considerar, es decir, la profesionalización de la gestión pública, no pasa exclusivamente por trasladar las técnicas de gestión privada al ámbito público sin más, pasa por aceptar que los políticos deben dedicarse a la política y los gestores a la gestión. Los políticos diseñan las políticas públicas y los gestores ejecutan de manera profesional los mandatos de los políticos, eso sí, libres de presiones u oportunismos. Sobre esta idea, profesionalizar la gestión es contar con personal formado, motivado e incentivado adecuadamente, para ello, es imprescindible reformar, entre otros elementos, los sistemas de acceso a la función pública y de provisión de los puestos de trabajo, e institucionalizar una auténtica carrera administrativa. Por otro lado, diseñar una verdadera carrera administrativa que facilite al empleado...

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