Protección social en Chile: Reformas para mejorar la equidad

• Author: Carmelo MESA‐LAGO
• Published date: 01 December 2008
• DOI: http://doi.org/10.1111/j.1564-9148.2008.00041.x
• Date: 01 December 2008

Revista Internacional del Trabajo, vol. 127 (2008), núm. 4

Derechos reservados © El autor, 2008

Compilación de la revista © Organización Internacional del Tr abajo, 2008

Protección social en Chile:

Reformas para mejorar la equidad

Carmelo MESA-LAGO*

Resumen. A comienzos del decenio de los ochenta Chile fue pionero en América

Latina en acometer reformas estructurales que privatizaron total o parcialmente los

sistemas de pensiones y salud e inspiraron cambios similares en la mitad de la región

y en otros países del mundo. Las reformas fueron implantadas sin diálogo social, re-

dujeron la solidaridad y la equidad, y agudizaron la pobreza y la desigualdad. Los

gobiernos democráticos han subsanado durante los últimos dieciocho años muchas

fallas de diseño en las reformas originales de salud, pensiones y asistencia sociales. El

autor analiza el progreso realizado, las inequidades sociales que persisten en cuanto

a cobertura, género y financiamiento, y los retos pendientes.

uando Chile retornó a la democracia en 1990, el país tenía el mejor desem-

Cpeño económico y el mercado más libre de la región latinoamericana, pero

había pagado el precio de un alto costo social durante los diecisiete años del régi-

men militar. Con las libertades político-civiles cercenadas, los trabajadores y la

población de ingreso inferior sufrieron un empeoramiento de la pobreza y la de-

sigualdad. El desempeño positivo en crecimiento y estabilidad fiscal, unido a las

restricciones legales y políticas impuestas a la renaciente democracia, llevó a la

Concertación (alianza formada por los dos partidos principales) a preservar el

modelo anterior, a la vez que se hacían correcciones para aliviar la pobreza y me-

jorar los servicios sociales, pero sin disminuir sustancialmente la desigualdad

(Mesa-Lago, 2002 y 2004).

* Catedrático distinguido emérito de Economía en la Universidad de Pittsburgo y Premio

Internacional de Investigación sobre Trabajo Decente de la OIT, 2007. Dirección electrónica:

cmesa@usa.net. El autor agradece los comentarios de Silvia Leiva Parra, economista de la Direc-

ción de Presupuesto de Chile, y de Fabio Bertranou, experto en seguridad social en la oficina de

la OIT en Santiago de Chile.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos sólo incumbe a sus autores,

y su publicación en la Revista Internacional del Trabajo no significa que la OIT las suscriba.

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La pobreza1 aumentó del 17 al 57 por ciento de la población en 1970-1976,

si bien bajó al 48 por ciento en 1980 y al 39 por ciento en 1990 (aún el doble que

antes del golpe militar). La democracia ha logrado un descenso continuo de la

incidencia de la pobreza, que se situaba en el 13,7 por ciento en 2006, proporción

inferior a la de 1970 y que es ya la más baja de América Latina. En cuanto a la

desigualdad, aunque antes de 1973 no hay cifras confiables del coeficiente de

Gini (medición entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la igualdad absoluta y 1 a la

desigualdad absoluta), las estimaciones de años posteriores indican que registró

un incremento considerable durante el régimen militar; llegaba a 0,554 en 1990 y

era todavía de 0,549 en 2006, cifra similar a la de otros siete países de la región

mucho menos desarrollados (CEPAL, 1997-2007a)2. El índice de desarrollo hu-

mano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) desde 1993 ordena a los países del mundo dando más peso a dos indica-

dores sociales (educación y salud) que a uno económico (PIB por habitante).

Chile, que ocupaba el cuarto lugar de la región en 1992, estaba ya en el segundo

en los años 2002-2005 (y en el cuadragésimo lugar entre 177 países), especial-

mente por el progreso del indicador económico, pero también por la mejoría de

los sociales (PNUD, 1993-2007/2008).

La viabilidad del modelo chileno era alta, y para continuarla y mejorarla

era necesario promover la equidad y la solidaridad y reducir la desigualdad con

reformas en la salud y la previsión y asistencia sociales.

Dos preguntas sobre la solidaridad de los connacionales formuladas en la

gran encuesta Latinobarómetro del año 2003 mostraron que los chilenos tenían

el grado más alto de solidaridad de América Latina: el 77 por ciento (cuando el

promedio regional era del 54 por ciento), pero la segunda predisposición más

baja a sacrificar sus intereses personales por el bien del país: sólo un 51 por cien-

to (frente a un promedio regional del 61 por ciento). Los países que percibían la

mayor solidaridad eran los que tenían las instituciones de política social y los

programas más vigorosos de lucha contra la pobreza (CEPAL, 2007b).

En este artículo analizamos las inequidades sociales que existían en Chile y

la mejoría lograda bajo la democracia gracias al diálogo social y a las reformas en

los sistemas de salud y de previsión y asistencia sociales. Como Chile fue pionero

de las reformas estructurales en la materia efectuadas a comienzos del decenio

de 1980, el conocimiento de las correcciones a dicho modelo implementadas du-

rante los últimos dieciocho años es importante para el resto de América Latina y

para otros países en desarrollo. En la última parte del artículo identificamos los

logros conseguidos y los retos que quedan para el futuro.

1La «línea nacional de pobreza» equivale en Chile al valor de dos canastas básicas de ali-

mentos, es decir, unos 43.000 pesos al mes por persona en 2006 (alrededor de 80 dólares estado-

unidenses), y la «línea nacional de indigencia» consiste en el ingreso mínimo necesario para

adquirir una canasta alimentaria al mes por persona.

2Los ingresos del quintil más rico de la población eran 13 veces superiores a los del quintil

más pobre en 2006, pero el gasto social reducía este diferencial a 6,8 (Consejo, 2008, pág. 7).