Los grupos de presión en la transición y consolidación democrática en España

• Author: Esther del Campo García, Amalinda Savirani
• Pages: 223-254

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Capítulo A

Los grupos de presión en la transición

y consolidación democrática en España

A-1. Introducción

La transición democrática que se inicia en España en 1975 tras la

muerte de Franco obligó a replantear necesariamente las relaciones entre

el nuevo Estado democrático postfranquista, que se fue configurando en

los años posteriores, y una sociedad civil, reprimida que no adormecida,

que se había desarrollado en la oposición política y social al régimen

autoritario. Esta sociedad, durante muchos años bicéfala en una per-

manente oposición y convivencia con el régimen franquista, había visto

surgir, especialmente al calor del proceso de modernización económica

y social que experimentó España durante la década de 1960, un impor-

tante número de organizaciones profesionales, sindicales, empresariales,

vecinales, en defensa de unos determinados intereses sectoriales, pero

que en buena medida planteaban también un proyecto político democrá-

tico para España. Estos grupos de intereses, junto a otros actores como

los partidos políticos, serán a la postre los artífices de una progresiva

liberalización y apertura de la sociedad civil que se traducirá más tarde

en una democratización del Estado.

En las próximas páginas analizaremos con mayor detalle este proceso

de apertura de la sociedad civil, así como el papel desempeñado por los

grupos de presión, especialmente sindicatos de trabajadores y organi-

zaciones empresariales, y por dos poderes fácticos fundamentales en la

sociedad española, como son la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas.

Estos grupos van a ser los encargados de articular las reivindicaciones y

las necesidades de la sociedad y transmitirlas al proceso político. Si bien

consideramos que Linz (1988) tiene razón cuando señala que la política

ha tenido en la España del siglo XX precedencia sobre los intereses

y conflictos de clase y que, por tanto, la clase política ha gozado de

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autonomía frente a la sociedad civil, este capítulo sostiene que en la

medida en la que un sistema político no logra canalizar adecuadamente

los intereses de importantes sectores sociales, está minando los cauces

políticos e institucionales para la representación de estos intereses y, en

consecuencia, la base misma del sistema en su conjunto.

Por ello, este análisis de los grupos de presión en el sistema político

español está esencialmente centrado en el surgimiento, desarrollo y con-

solidación de esta multiplicidad de vasos comunicantes entre sociedad

civil y Estado que han permitido a medio plazo consolidar un régimen

democrático.

A-2. Del corporativismo franquista

a la transición democrática

Prácticamente desde un principio y como respuesta a la mutilación

que la sociedad española había sufrido en la Guerra Civil, el régimen

franquista intentó recrear el Estado sobre la base de la clásica ideología

corporativa, donde la sociedad española se correspondía con la armo-

niosa estructura de una pirámide con el Estado como vértice y la familia

como base. El cuerpo principal de esta pirámide estaba compuesto por

los burócratas de los gobiernos provinciales y municipales1, y por una de

las instituciones del Estado más jerarquizadas y unitarias, la Organización

Sindical Española (OSE), conocida como «Sindicato Vertical».

Los estudios que existen sobre el franquismo caracterizan al régi-

men como un modelo corporatista a medias (Pérez Díaz, 1985), como

corporativismo social (Linz, 1988) o corporativismo estatal sin realidad

1 Mientras, la participación política de los distintos grupos de intereses se

canalizaría básicamente a través de la representación corporativa en las Cortes

Generales del Reino y, a partir de, 1948 en los ayuntamientos con el tercio de

entidades económicas y el reservado a los Sindicatos. Las Cortes actuaron úni-

camente como caja de resonancia del franquismo, donde a los grupos represen-

tativos de las organizaciones económicas les correspondió el papel más oscuro.

Los ayuntamientos, por su parte, apenas pasaron de ser el marco institucional de

formación del consenso local (Moreno Fonseret 1999: 93).

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histórica (Martínez Alier, 1988). En cualquier caso, se percibe el mode-

lo corporativo como un continuun que desde 1923 hasta la transición ha

servido de marco regulador de las relaciones entre la clase política, los

empresarios y los trabajadores.

El Fuero del Trabajo de marzo de 1938, la Ley de Unidad Sindical

y la Ley de Bases de la Organización Sindical, ambas de 1940, fijaban

la existencia de un solo sindicato, la OSE, dependiente del partido

único. Directamente inspirada en el fascismo italiano, se trataba de

una organización presidida por los principios de unidad, totalidad y

jerarquía, de la que formaban parte obligatoriamente, como miembros

de una «misma comunidad de intereses», tanto los trabajadores como

los empresarios.

Sin embargo, no todos los grupos de intereses se vieron afectados

de igual manera. Mientras que los trabajadores perdieron sus organi-

zaciones de clase, los empresarios y patronos mantuvieron autonomía

en el sistema; autonomía que fue creciendo a lo largo de los años.

En primer lugar, porque en el seno sindical los empresarios funcio-

naron con total independencia en la Vicesecretaría de Ordenación

Económica que, a la sazón, debía ocuparse de la distribución de los

distintos factores, asesorar al gobierno, formular estudios, intervenir

en los expedientes de nuevas industrias, distribuir las materias primas,

controlar en ocasiones las operaciones de comercio exterior e interior,

etc., de manera que la OSE se convirtió en la organización empresa-

rial que mejor podía defender los intereses de propietarios agrarios,

industriales y comerciantes. En segundo lugar, es importante recordar

que no todas las organizaciones patronales desaparecieron o fueron

absorbidas. Linz ya comprobó que de las 71 entidades que formaban la

Unión Nacional Económica antes de la guerra, sobrevivieron al menos

26 (Linz, 1988: 99); algo parecido pasó en el caso de las Cámaras de

Comercio. Por último, conviene apuntar que, como ocurre en todo

régimen dictatorial, la discrecionalidad en la concesión de privilegios,

fruto de una compleja red de relaciones personales, funcionó a pleno

rendimiento (Moreno Fonseret, 1999: 112).

Después de las importantes huelgas que tuvieron lugar durante el mes

de enero de 1958 en distintas zonas del País Vasco, Madrid, Zaragoza

y Valencia, en abril del mismo año se promulgó la Ley de Convenios