Corte Interamericana de Derechos Humanos, "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 7, 5 de febrero de 2001

• Jurisdiction: Derecho Internacional
• Subject Matter: Libertad de conciencia y religión,Libertad de pensamiento y expresión,Derecho interno,Censura previa

1. Identificación de la sentencia

Corte Interamericana de Derechos Humanos, "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile.

Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 7, 5 de febrero de 2001.

2. Resumen

la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas en representación de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos,

Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre

Fuentes consideraron que la Corte Suprema de Justicia chilena incurrió en un acto de censura previa, debido a que

prohibió la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo”. La Corte Interamericana de Derechos

Humanos (Corte IDH) concluyó que el fallo del alto tribunal chileno violó los derechos a la libertad de expresión,

así como el deber de los Estados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades reconocidos en la Convención

Americana de Derechos Humanos (CADH). Por ende, declaró la responsabilidad del Estado de Chile y lo exhortó a

modificar su ordenamiento jurídico interno, con el fin de suprimir la censura previa y permitir la exhibición de “La

Última Tentación de Cristo”.

3. Hechos

En 1988 el Consejo de Calificación Cinematográfica chileno rechazó la exhibición de la película “La Última

Tentación de Cristo”. Sin embargo, en 1996, el mismo consejo revisó la prohibición de exhibición y por mayoría de

votos autorizó su exhibición para mayores de 18 años.

Como consecuencia de lo anterior, los señores Sergio García Valdés, Vicente Torres Irarrázabal, Francisco Javier

Donoso Barriga, Matías Pérez Cruz, Jorge Reyes Zapata, Cristian Heerwagen Guzmán y Joel González Castillo

interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue concedido a los

demandantes.

No obstante, la decisión fue nuevamente apelada y la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión. En relación con

dicha situación, el ex presidente de la República, el señor Eduardo Frei Ruíz-Tagle presentó un proyecto de reforma

constitucional, mediante el cual se pretendía eliminar la censura cinematográfica y sustituirla por un sistema de

calificación que consagrara el derecho a la libre creación artística. Dicho proyecto fue aprobado en 1999 por la

Cámara de Diputados.

Inconformes con la decisión, la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas en representación de los señores

Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza

Tagle y Hernán Aguirre Fuentes denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH), por considerar que la prohibición de presentar la película configuraba un acto de censura previa. Dicho

órgano que concluyó que el fallo de la Corte Suprema de Chile era incompatible con las disposiciones relativas a los

derechos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y religión, así como a respetar el deber de adoptar

disposiciones de derecho interno. Adicionalmente, la CIDH introdujo el caso ante la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (Corte IDH), la cual declaró la responsabilidad del Estado chileno por la violación de los

derechos antes mencionados.

4. Decisión

La Corte IDH analizó la responsabilidad del Estado del siguiente modo: i) violación al derecho a libertad de expresión

(artículo 13 de la CADH); ii) violación del derecho a la libertad de conciencia y religión (artículo 12 de la CADH);

iii) incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho interno

(artículo 2 de la CADH); y iv) reparaciones.

Respecto al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte IDH indicó que se trataba de una piedra

angular de una sociedad democrática al permitir que la sociedad estuviera siempre bien informada. A su vez, comentó

que este derecho guardaba dos dimensiones. La primera, era una dimensión individual la cual implicaba que una

persona tuviera la libertad para manifestarse de manera verbal o escrita, así como el derecho a utilizar cualquier

medio considerado apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.

La segunda dimensión, también conocida como dimensión social, dijo que consistía en entender la libertad de

expresión como un medio para el intercambio ideas e informaciones entre las personas.

Al revisar la violación de dicho derecho, la Corte IDH estableció que el Estado de Chile violó la libertad de expresión

consagrada en el artículo 13 de la CADH, debido a que la prohibición de la exhibición de la película “La Última

Tentación de Cristo” desencadenó una acto de censura previa. Recordó que bajo las disposiciones de la CADH, sólo

existían tres mecanismos para imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión: (i) las responsabilidades

ulteriores, en caso de que fuera necesario asegurar el respeto de los derechos o la reputación de terceros. (ii) La

limitación a la asistencia de menores de edad a los espectáculos públicos. (iii) La obligación de impedir la apología

del odio religioso.

No obstante, aclaró que en presente caso, no se dieron ningunos de los tres escenarios, pues el rechazo a la exhibición

de la película se basó en sostener que resultaba ofensiva a la figura de Jesucristo y que por lo tanto afectaba a los

creyentes .

Respecto a la violación del derecho a la libertad de conciencia y religión, la Corte IDH indicó que el artículo 12 de

la CADH permitía que se conservara, cambiara, profesara y divulgaran religiones o creencias. Indicó que era un

cimiento de la sociedad democrática, debido a que protegía convicciones de creyentes y su forma de vida. En el caso

en concreto argumentó que no se presentó prueba alguna que acreditara dicha violación. Por esta razón, concluyó

que el Estado no violó el derecho a la libertad de conciencia y de religión consagrado en el artículo 12 de la CADH.

Sobre el incumplimiento de la obligación de respetar los derechos y deber de adoptar disposiciones de derecho

interno, la Corte IDH determinó que el Estado incumplió con la adecuación de derecho interno a la Convención por

la censura cinematográfica en su normativa interna. Según la Corte IDH, la Constitución Política de Chile y el

Decreto Ley número 679 no se adecuaban a los estándares del artículo 13 de la CADH. Indicó que mientras la

Constitución permitía la censura previa en la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica, el decreto

ley autorizaba al Consejo de Calificación Cinematográfica a rechazar las películas.

La Corte IDH valoró la propuesta gubernamental para reformar la Constitución Política encabezada por el ex

presidente Eduardo Frei Ruíz-Tagle y dijo que si bien el proyecto de ley velaba por eliminar la censura previa, el

proyecto no se había implementado aún. Por lo tanto, señaló que en el ordenamiento jurídico chileno seguía

violándose el derecho a la libertad de expresión. Así mismo, afirmó que no se tomaron las medidas para dictar normas

constitucionales y legales para revocar el sistema de censura previa. Según la Corte IDH, la no derogación de una

norma incompatible con la CADH, falta de adaptación de normas y comportamientos internos causan que el Estado

viole dicho cuerpo legal.

La Corte IDH añadió que el artículo 2 de la CADH aborda la adopción de medidas para suprimir y expedir normas

que violenten las garantías de la Convención. Al ratificar un tratado de derechos humanos, el Estado debía introducir

en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Por

lo tanto, los Estados Parte están obligados a adecuar su derecho interno a las disposiciones de la CADH para que las

medidas sean efectivas. La Corte concluyó que el Estado incumplió con el artículo 1.1 y 2 de la CADH relacionados

con el deber de los Estados a respetar y garantizar todos los derechos y libertades reconocidos en la convención.

Finalmente, la Corte IDH ordenó al Estado reintegrar a las víctimas los gastos generados por las gestiones procesales

de carácter interno y ante el SIDH. Además, dispuso que el Estado debía modificar su ordenamiento jurídico interno

en un plazo razonable de tal manera que pudiera eliminarse la censura previa. Asimismo, señaló que el Estado está

obligado a respetar el derecho a la libertad de expresión y garantizar su libre y pleno ejercicio y ordenó suprimir la

censura previa para permitir la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” y rendir informe a la Corte

IDH sobre las medidas adoptadas.

5. Jurisprudencia

 Eur. Court HR, Otto-Preminger-Institut v. Austria judgment of 20 September 1994, Series A no. 295-A,

párr. 49.

 Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C. No. 68, párr. 136 y 137.

 Exchange of Greek and Turkish Populations, advisory opinion, 1925, P.C.I.J., series B, no. 10, p. 20.

 Eur. Court H.R., Handyside case, judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 49.

 Eur. Court H.R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, párrs. 59 y 65.

 Eur. Court H.R., Barthold judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, párr. 55.

 Eur. Court H.R., Lingens judgment of 8 July 1986, Series A no. 103, párr. 41.

 Eur. Court H.R Müller and Others judgment of 24 May 1988, Series A no. 133, párr. 33.

 CIDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A No. 5, párr. 30.

6. Palabras clave

 Libertad de conciencia y religión

 Libertad de pensamiento y expresión

 Derecho interno

 Censura previa