Una controversia bilateral con dimensión multilateral: cuestiones de jurisdicción y de ius standi en el asunto Gambia c. Myanmar (medidas provisionales)

• Author: Rosario Huesa Vinaixa
• Position: Catedrática de Derecho internacional público. Universitat de les Illes Balears
• Pages: 351-391

www.reei.org

REEI, núm. 39, junio 2020

DOI: 10.17103/reei.39.11

UNA CONTROVERSIA BILATERAL CON DIMENSIÓN

MULTILATERAL: CUESTIONES DE JURISDICCIÓN Y

DE IUS STANDI EN EL ASUNTO GAMBIA C. MYANMAR

(MEDIDAS PROVISIONALES)

A BILATERAL DISPUTE WITH A MULTILATERAL

DIMENSION: JURISDICTION AND IUS STANDI ISSUES

IN THE GAMBIA v. MYANMAR CASE (PROVISIONAL

MEASURES)

ROSARIO HUESA VINAIXA*

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. ¿UNA CONTROVERSIA ENTRE GAMBIA Y

MYANMAR? LA EMERGENCIA DE UNA CONTROVERSIA EN UN M EDIO

MULTILATERAL Y SU DETERMINACIÓN PROCESAL. III. INTERÉS

COLECTIVO, ¿IUS STANDI DE GAMBIA? IV. CONCLUSIÓN

RESUMEN: En noviembre de 2019, Gambia interpuso una demanda en la que solicitaba a la Corte

internacional de justicia que declarase la violación, por parte de Myanmar, de varias disposiciones del

Convenio contra el genocidio en relación con la población rohinyá, así como la indicación de medidas

provisionales. Se trata de una diferencia cuya dimensión multilateral la singulariza en relación con cualquier

otro asunto precedente. Esa dimensión multilateral se proyecta en un doble ámbito. De un lado, el entorno

en el que se ha gestado y fraguado, que es marcadamente multilateral sin perjuicio del liderazgo gambiano.

De otro lado, la naturaleza multilateral de las obligaciones cuya violación se alega, en particular, su carácter

erga omnes partes. El presente estudio analiza ambos aspectos sobre la base de los argumentos esgrimidos

por las partes en relación con la indicación de medidas provisionales y del ulterior pronunciamiento de la

Corte al respecto. Cabe decir -sin dejar de tener en cuenta su provisionalidad- que la posición adoptada por

la Corte representa un paso significativo en la línea hacia el reconocimiento de un espacio procesal

adecuado para este tipo de diferencias, pero plantea el reto de la admisión progresiva de la actio popularis

en el Derecho internacional.

ABSTRACT: In November 2019, The Gambia filed an application requesting the International Court of

Justice to declare the violation, by Myanmar, of various provisions of the Convention against genocide in

relation to the Rohingya population, as well as the indication of provisional measures. It is a dispute whose

multilateral dimension makes it unique in relation to any other preceding case. This multilateral dimension

is projected in a double field. On the one hand, the environment in which it has developed and forged,

which is markedly multilatera l in spite of the Gambian leadership. On the other hand, the multilateral

Fecha de recepción del trabajo: 20 de mayo de 2020. Fecha de aceptación de la versión final: 30 de mayo

de 2020.

* Catedrática de Derecho internacional público. Universitat de les Illes Balears. xaro.huesa@uib.es

[39] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2020)

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nature of the o bligations allegedly violated, in particular, their erga omnes partes character. The present

study analyzes both aspects on the basis of the arguments put forward by the parties in relation to the

indication of provisional measures and the subsequent ruling of the Cou rt in this regard. It should be said

-without neglecting its provisional nature- that the position adop ted by the Court represents a significant

step in the line towards the recognition of a suitable procedural space for this type of disputes, but poses

the challenge of the progressive admission of actio popularis in internation al law.

PALABRAS CLAVE: Corte internacional de justicia, Convenio contra el genocidio, diferencias multilaterales,

obligaciones erga omnes partes, ius standi, actio popularis.

KEY WORDS: International Court of Justice, Genocide Convention, multilateral disputes, erga omnes partes

obligations, jus standi, actio popularis.

“The UN Fact-Finding Mission, at the conclusion of its report of 16 September 2019, made

a series of recommendations to the United Nations and the international community, on

actions that must be taken to prevent further genocidal acts against the Roh ingya people.

Among them is this one […]: “Encourage and support States parties to the Geno cide

Convention to bring a case to the International Court of Justice against Myanmar for breaches

of its obligation s under the Genocide Convention.” […]. The Gambia has heeded that call.

On its own behalf, as a State party to the Genocide Convention. On behalf of the 57 Member

States of the Organisation for Islamic Cooperation which have fully endorsed and encouraged

this case. And most esp ecially, on behalf of the Rohingya people, whose hopes for survival

as a group in Myanmar now rest with you. On behalf of all, Mr. President, The Gambia calls

on this honourable Court, humbly and respectfully, to indicate the particular provisional

measures that are urgently required in these exigent circumstances […]”.

I. INTRODUCCIÓN

El 11 de noviembre de 2019, Gambia interpuso una demanda contra Myanmar en la que

solicitaba a la Corte internacional de justicia (CIJ) que declarase la violación de varias

disposiciones del Convenio contra el genocidio en relación con la población rohinyá.

Según sus acusaciones, basadas en diversos informes de las Naciones Unidas, el gobierno

birmano habría “adoptado, decidido y consentido” actos de carácter genocida (entre otros,

matanzas, daños físicos y mentales graves, sumisión a condiciones destinadas a producir

la destrucción física, medidas para impedir los nacimientos y desplazamientos forzosos),

por estar “destinados a destruir la población rohinyá en todo o en parte”

1

. Junto con la

demanda, se solicitaba también la indicación de medidas provisionales, que la Corte

concedió en el auto que nos ocupa (aunque no fueron idénticas a las solicitadas)

2

.

 Intervención de P. Reichler , abogado de Gambia, en la primera sesión d e la vista oral en el asunto

Application of the Convention on the P revention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gamb ia

v. Myanmar). Request for the indication of provisional measures. (CIJ, CR 20 19/18, p. 64, párr. 35 y 36).

1

Republic of The Gambia v. Republic of The Union of Myanmar, Application Instituting Proceedings and

Request for Provisional Measures, párr. 2 y 111. Todos los documentos relativos al procedimiento pueden

consultarse en https://www.icj-cij.org/en/case/178, y a esta fuente me remito par a las ulteriores citas.

2

V. Application of the Convention on the Preven tion and Punishment of the Crime of Genocide (The

Gambia v. Myanmar). Request for the indication of provisional measures. Order. 23 january 2020, párr. 77

y 78.

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El auto se enmarca en un contencioso de previsible repercusión por diferentes motivos

3

.

De hecho, puede decirse, que el propio planteamiento del asunto tiene un alto componente

estratégico, pues ya de entrada se advierte que la interposición de la demanda no responde

a la defensa de un interés o derecho soberano de Gambia eventualmente lesionado por la

conducta de Myanmar. Como manifestó el agente de Gambia en su primera intervención

oral ante la Corte,

“I stand before you today as Agen t in a dispute with the State of Myanmar, but not a

conventional one that this Court is accustomed to. I stand before you to awak en the

conscience of the world, and to arouse the voice of the international community. In the words

of Edmund Burke: “The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do

nothing””

4

.

Ello, sin perjuicio de precisar que Gambia actuaba no sólo en defensa de los derechos de

los rohinyá, sino también de los suyos propios, en su condición de Estado parte en el

Convenio contra el genocidio, con la finalidad de hacer cumplir a Myanmar sus

obligaciones erga omnes partes derivadas del mismo. De este modo, establecía los

términos bilaterales de la controversia a los efectos procesales

5

.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que, con su acción procesal, Gambia cumplía el

encargo formal de la Conferencia de la Organización de la Cooperación Islámica (OIC

en sus siglas en inglés)

6

en su designio de “asistir a las comunidades y minorías

musulmanas en los Estados no miembros para preservar su dignidad y su identidad

religiosa y cultural”

7

.

Desde el punto de vista jurídico, el asunto reviste un indudable interés, no sólo por las

cuestiones de fondo (las relativas, entre otras, al alcance del propio concepto de

genocidio

8

), sino también, especialmente, por las de índole procesal, en particular las que

atañen a la delimitación de la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad de las demandas

presentadas por “Estados no directamente lesionados”

9

.

3

Sólo desde el pun to de vista mediático, cab e recordar la difusión de noticias e imágenes relativas a la

población rohinyá, en particular a su éxodo masivo a Bangladesh, así como a la comparecencia de la premio

nobel Aung San Suu Kyi en las sesiones de la vista oral ante la Corte en su condición de Ministra de Asuntos

exteriores y agente principal de Myanmar.

4

CIJ, CR 2019/18, p. 17, párr. 2.

5

Ibidem, p. 19, párr. 15.

6

V. infra, n. 29.

7

V. por ej. las resoluciones nº 1/46 y 4/46 del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OIC

adoptadas en marzo de 2019, párr. 2 y primero del preámbulo, respectivamente (OIC, Reso lutions on

Muslim Communities and Muslim Minorities in the Non-OIC Member States adopted by the 46th Session

of the Council of Foreign Ministers, OIC/CFM-46/2019/MM/RES/FINAL. Disponible en https://www.oic-

oci.org/docdown/?docID=4447&refID=1250 ).

8

Por ejemplo, el alcance de la noción de “grupo protegido o vuln erable” a los efectos del Convenio y la

cuestión de la intencionalidad genocida, que la Corte relega básicamente a su p ronunciamiento sobre el

fondo (V. Application of the Convention…, cit. en n. 2, párr. 56).

9

En el sentido de aquellos que no cumplen los requisitos establecidos en el art. 42 de los Artículos de la

Comisión de Derecho internacional (CDI) sobre la responsabilidad de los Estados por hechos

internacionalmente ilícitos (en adelante, ACDIRE) (v. Anexo de la resolución 56/83 de la Asamblea general