Contreras Hernández, O., Desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea: estado actual y nuevos horizontes, Albacete, Bomarzo, 2020, 334 pp.

• Author: Nuria Marchal Escalona
• Position: Universidad de Granada
• Pages: 769-771

www.reei.org

REEI, núm. 41, junio 2021

DOI: 10.17103/reei.41.26

CONTRERAS HERNÁNDEZ, O., Desplazamiento de trabajadores en la Unión

Europea: estado actual y nuevos horizontes, Albacete, Bomarzo, 2020, 334 pp.

La monografía que se recensiona da cuenta del estado actual del desplazamiento de

trabajadores en el marco de una prestación transnacional de servicios. Si muchos han

sido los trabajos publicados sobre el tema, la virtud de esta obra es que lo aborda de

forma integral, y desde una perspectiva más didáctica. A ello coadyuva las diferentes

gráficas, estadísticas y cuadros comparativos que el autor incorpora.

Tras un primer capítulo donde acerca al lector al objeto de estudio y, en particular, a las

razones, condicionantes y dificultades existentes para dar una adecuada respuesta

jurídica al conflicto de intereses que están en juego en esta movilidad laboral: proteger

la igualdad de trato entre empresas en el mercado interior, impedir el dumping social en

la Unión Europa y garantizar una adecuada protección de los trabajadores desplazados

(pp. 23-85), en el segundo capítulo (pp. 100-165) realiza un examen de la Directiva

96/71/CE (ámbito de aplicación, protección mínima de los trabajadores, etc.), donde

analiza, igualmente, las normativa de Derecho internacional privado que determina la

competencia judicial internacional de los tribunales estatales en los desplazamientos

intracomunitarios de trabajadores (pp. 139-142). Da cuenta, por una parte, de los

diversos foros de competencia previstos en el Reglamento Bruselas I bis y, por otra, del

foro específico que el art. 6 de la Directiva 96/71/CE recoge. No obstante, no hace

mención alguna a los foros de competencia establecidos en el Convenio relativo a la

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en

materia civil y mercantil, hecho en Lugano en 2007, aplicables cuando el demandado

esté domiciliado en uno de los Estados miembros en dicho Convenio no miembro del

Reglamento, ni a la modificación que el art. 6 de la Directiva sufrió con la reforma de la

Directiva 2014/67/UE, y cuyo art. 11 establece la posibilidad que tienen los trabajadores

desplazados de entablar la oportuna acción judicial ante los órganos jurisdiccionales del

Estado miembro en cuyo territorio esté o haya estado desplazado el trabajador. Sin

perjuicio, en su caso, de la facultad de entablar una acción judicial en otro Estado, de

conformidad con lo establecido en los instrumentos de la Unión o en los Convenios

internacionales pertinentes. Un precepto que no solo aumenta las opciones procesales de

las que puede disponer el trabajador desplazado a la hora de exigir el cumplimiento de

las condiciones de trabajo y empleo establecidas en la ley del Estado de acogida, sino

que además prevé el ejercicio colectivo de este Derecho. De hecho, para cumplir con

dicho mandato, el art. 16 de la Ley 45/1999 fue modificado por el art. 6.8º del Real

Decreto-Ley 9/2017. Una norma que debe ser objeto de crítica, ya que sitúa a los foros

del art. 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes que los recogidos en los

instrumentos institucionales e internacionales, cuando, como es sabido, la normativa

autónoma resulta aplicable solo en defecto de normativa institucional y convencional.

El desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios constituye

un tema que, desde su origen, ha sido objeto de un profuso debate jurídico, académico y

político. De hecho, son numerosas las decisiones dictadas por el Tribunal de Justicia de

la Unión Europea en este ámbito –antes e incluso después de la Directiva 96/71/CE– a

las que el autor se refiere en el Capítulo II (pp. 151-165), y donde evidencia que la