Contratos de suministro de contenidos y servicios digitales B2C: problemas de calificación y tribunales competentes

• Author: José Ignacio Paredes Pérez
• Position: Profesor Ayudante Doctor de Derecho internacional privado de la Universidad Autónoma de Madrid
• Pages: 74-112

www.reei.org

REEI, núm. 41, junio 2021

DOI: 10.17103/reei.41.03

CONTRATOS DE SUMINISTRO DE CONTENIDOS Y

SERVICIOS DIGITALES B2C: PROBLEMAS DE

CALIFICACIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

B2C CONTRACTS FOR THE SUPPLY OF DIGITAL

CONTENT AND DIGITAL SERVICES: PROBLEMS OF

CHARACTERIZATION AND COMPETENT COURTS

JOSÉ IGNACIO PAREDES PÉREZ*

Sumario: I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. II. CONTRATOS DE

SUMINISTRO DE CONTENIDOS Y SERVICIOS DIGITALES COMPRENDIDOS EN EL

CAPÍTULO II, SECCIÓN 4, DEL REGLAMENTO DE BRUSELAS I BIS. III. ACCIONES

CIVILES EJERCITADAS EN EL MARCO DE LOS ARTÍCULOS 17 A 19 DEL

REGLAMENTO DE BRUSELAS I BIS. IV. ACCIONES EJERCITADAS EN EL MARCO

DEL RÉGIMEN GENERAL DEL REGLAMENTO DE BRUSELAS I BIS. V. A MODO DE

CONCLUSIÓN FINAL.

RESUMEN: El presente estudio tiene como objeto el análisis de lo s problemas de calificación que plantean,

a los efectos de la aplicación de las normas europeas de competencia judicial internacional, las acciones de

las que dispone el consumidor en la nueva regulación europea de mejora de acceso de los consum idores a

los bienes y servicios d igitales, y la posible fragmentación del litigio relativo a una misma conducta

infractora de la Directiva (UE) 2019/770 y del Reglamento (UE) 2016/679. En el contexto del Reglamento

de Bruselas I bis, resulta determinante la calificación autónoma de las acciones disponibles con la nueva

regulación, y el modo en que se efectúa, en función de que el contrato quede comprendido o no en la esfera

de aplicación de los artículos 17 a 19.

ABSTRACT: The purpose of this study is to analyse the characterization problems posed, for the purposes of

the application of the European rules on internationa l jurisdiction, by the legal actions available to the

consumer in the new European regulation on improving consumer access to digital goods and services,

and the possible fragmentation of litigation relating to the same infringing conduct under Directive (EU)

2019/770 and Regulation (EU) 2016/679. In the context of the Brussels I bis Regulation, the autonomous

Fecha de recepción del trabajo: 16 de mayo de 2021. Fecha de aceptación de la versión final: 31 de mayo

de 2020.

* Profesor Ayudante Doctor de Derecho internacional privado de la Universidad Autónoma d e Madrid.

Correo electrónico: joseignacio.paredes@uam.es

Este estudio ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D correspondiente al Progr ama

Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de

Generación de Conocimiento, PGC2018-096456-B-I00, titulado « Protección transfronteriza de la

transmisión de datos personales a la luz del nuevo Reglamento europeo: problemas prácticos de aplicación

(PROTRADAT)», del que son investigadoras principales las Dras. Elena Rodríguez Pineau y Elisa Torralba

Mendiola.

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characterization of the legal actions available under the new regulation, and the way in which this is done,

is decisive, depending on whether or not the contract falls within the scop e of articles 17 to 19.

PALABRAS CLAVES: Consumidores, contenidos y servicios digitales, datos personales, foros de

competencia, Reglamento (UE) 1215/2012, Reglamento (UE) 2016/679, Directiva (UE) 2019 /770.

KEYWORDS: Consumers, d igital contents and digital services, general data, fo rum of international

jurisdiction, Regulation (EU) 1215/2012, Regulation (UE) 2016/679, Directive 2019/77 0.

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

1. El presente trabajo tiene como objeto el análisis de los problemas de calificación y las

dificultades de interpretación que plantean, a los efectos de la aplicación del Reglamento

(UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012,

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones

judiciales en materia civil y mercantil

1

(RBI bis) y el art. 79.2 del Reglamento (UE)

2016/679, de 27 de abril de 2016, general de protección de datos

2

(RGPD), las acciones

de naturaleza contractual y extracontractual de las que dispone el consumidor con la

adopción de la Directiva (UE) 2019/770, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados

aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales

3

(DCSD), cuya

transposición al ordenamiento jurídico español acaba de realizar recientemente el Real

Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en

las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios

transnacionales y defensa de los consumidores

4

(RDL 7/2017).

La DCSD forma parte del paquete de medidas de armonización adoptadas en el marco

del primer pilar de la Estrategia para un Mercado Único Digital

5

, con el objetivo de crear

las condiciones adecuadas para mejorar el acceso de los consumidores a los bienes y

servicios digitales en la Unión, entre las que se encuentran también la Directiva (UE)

2019/771, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de

1

DOUE L 351, de 20 de diciembre de 2012.

2

DOUE L 119, 4 de mayo de 2016.

3

DOUE L nº 136, de 22 de mayo de 2019.

4

BOE nº 101, de 28 de abril de 2021. El Título VIII, que comprende el art. decimosexto, contiene las

modificaciones necesarias al Texto refund ido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de

noviembre (TRLGDCU), que, con arreglo a lo establecido en el art. 24.2 DCSD, entrará en vigor el 1 de

enero de 2022, salvo los arts. 12 6 y 126 bis que se aplicarán solo a los contratos celebrados a partir de esa

fecha.

5

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo

y al Comité d e las Regiones: Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa [ COM (2015) 192

final de 6.5.2015].

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compraventa de bienes y que deroga la Directiva 1999/44/CE

6

(DCV), y la revisión de la

Directiva (UE) 2011/83, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los

consumidores (DDC), a través de la Directiva 2019/2161, de 27 de noviembre de 2019,

sobre mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los

consumidores de la Unión

7

. En este contexto, se ha de reseñar que el objetivo de la DCSD

no es tanto ofrecer una armonización plena de los contratos de contenidos y servicios

digitales, como de los aspectos relativos a la fase de ejecución del contrato. Así lo advierte

desde el inicio el art. 1, señalando que el objeto y la finalidad de la DCSD es establecer

una armonización plena de las normas sobre la conformidad de los contenidos o servicios,

las medidas correctoras en caso de falta de conformidad o incumplimiento del suministro

y las modalidades para exigirlas, y la modificación de los contenidos o servicios digitales.

No en vano, la DCSD complementa a la DDC, que se encarga de armonizar las

disposiciones relativas a los requisitos de información precontractual y contractual en la

contratación con consumidores, y el derecho de desistimiento de los contratos a distancia

y de los celebrados fuera de establecimiento mercantil. Precisamente, para garantizar la

coherencia entre ambas normas, la Directiva 2019/2161 ha alineado la esfera de

aplicación de la DDC con la de la DCSD, con el propósito de que los consumidores tengan

el mismo derecho a la información precontractual y a desistir del contrato,

independientemente de que paguen un precio por los contenidos o los servicios digitales

o de que faciliten datos personales como contraprestación.

2. Con todo lo anterior, la delimitación del objeto de estudio a la luz de las normas

europeas de competencia judicial internacional reseñadas (CJI) se justifica, en primer

lugar, por la interacción de las respectivas esferas de aplicación, merced a la vocación

común de aplicación en todas aquellas situaciones en las que un proveedor de contenidos

o servicios digitales dirige su actividad comercial a uno o varios Estados miembros de la

Unión. En efecto, en el caso de la DCSD, esta concordancia resulta de la interacción entre

su respectiva esfera de aplicación y las normas de conflicto del Reglamento (CE) nº

593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley

aplicable a los contratos (RRI)

8

, garantizando en los contratos de consumo

intracomunitarios que la posibilidad de elegir la ley aplicable no pueda acarrear a los

consumidores residentes en la UE la pérdida de protección que les proporcionen las

medidas nacionales de transposición de la Directiva

9

. Asimismo, a nivel de CJI, el

6

DOUE L nº 136, de 22 de mayo de 2019. La DCV se ocupa solamente de la armonización de determinados

aspectos de la compraventa de bienes , como aquellos que se refieren a la conformidad del bien vendido, a

los derechos que en tal caso se atribuyen al consumidor, y a las garantías comerciales. Si bien, se ha de

reseñar que incluye en su esfera de aplicación los llamados bienes con elementos digitales, es decir, todo

objeto mueble tangible que incorpore contenidos o servicios digitales o esté interconectado con ellos de tal

modo que la ausencia de dichos contenidos o servicios digitales impediría que los bienes realizasen sus

funciones. La transposición de la DCV se ha realizado conjuntamente con la DCSD, a través del art.

decimosexto del RDL 7/2021.

7

DOUE L nº 327, de 18 de diciembre de 2019.

8

DOUE L nº 177, de 4 de julio de 2008.

9

DE MIGUEL ASENSIO, P.A., “Contratación de consumo y Derecho internacional privado: desarrollos

recientes”, en El Derecho internacional privado entre la tradición y la innovación. Libro homenaje al Prof.

Dr. Jo sé María Espinar Vicente, Iprolex, Madrid, 2020, pp. 207-221, esp. pp. 208-212; BASOREDO-

OTZERINJAUREGI, I., “Derecho aplicable al contrato de suministro de contenidos y servicios digitales” ,