?Una conciencia social en el mercado mundial? Dimensiones laborales de los códigos de conducta, el etiquetado social y las iniciativas de los inversores

• Published date: 01 June 1999
• Author: Janelle DILLER
• Date: 01 June 1999
• DOI: http://doi.org/10.1111/j.1564-913X.1999.tb00069.x

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Copyright © Or ganización Internacional del Trabajo 1999

Revista Internaciona l del Trabajo, vol. 118 (1999), núm. 2

¿Una conciencia social en el mercado

mundial? Dimensiones laborales

de los códigos de conducta,

el etiquetado social y las iniciativas

de los inversores

Janelle DILLER*

A lo largo del último decenio ha florecido toda una serie de «iniciativas

sociales« del sector privado. De ser una cuestión que se planteaban sobre

todo empresas grandes que querían comportarse como «buenos ciudadanos«, la

«responsabilid ad social« está pasando a convertirse en un principio de amplia

aceptación que llevan a la práctica cada vez más asociaciones y grupos de em-

presas multinacionales y locales, tanto de las economías industrializadas como

de las que están en desarrollo 1. Las iniciativas sociales recientes son muy varia-

das y han sustituido a las de «autoaplicación « en una sola empresa. Hoy es

frecuente la fijación de requisitos sociolaborales para el funcionamient o de las

empresas mixtas, de los acuerdos de licencia y de los contratos de suministro en

tod a la cad ena de trans accion es q ue se precisan para la adq uisició n y

comercialización de productos y servicios. Más allá de estas medidas nacidas en

las propias empresas, son cada vez más numerosas las alianzas estratégicas que

se establecen para instaurar sistemas de responsabilidad. Muy diversos agentes

participan así en in iciativas del sect or privado de ámbito mundial, regional,

nacional y local y a las cuales se han sumado últimament e alianzas «híbridas«

de empresas, trabajadores, organizaciones no gubernamentales (ONG), inversores

y otros agentes.

* OIT, Ginebra.

1El concepto de responsabilidad soci al de la empresa ha ido apareciendo durante los

últimos decenios. La Decl aración de Delhi de 1965, elaborada en un seminario internacional

sobre la «Responsabilidad social de las empresas«, articuló un prototipo de ideas que después

fue evolucionando hasta convertirse en la «teoría de los participantes« . En los E stados Unidos,

los pensadores teó ricos han hecho hincapié en que las empresas deben aceptar que la comunidad

local coparticipe en la gestió n, y en el Japó n las empresas han adquirido un espí ritu de adhesió n

a los valores nacionales, a la vida de la sociedad y al medio am biente. En el presente artí culo se

entiende por «participantes« los «individuos y grupos que influyan en las acciones, decisiones,

políticas, prá cticas u objetivos de una empresa o que se vean afectados por las mismas« (Caroll,

1996, pág. 74).

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En este artículo se presentan, con comentarios sobre su eficacia, las inicia-

tivas del sector privado que tratan de las prácticas laborales en el funcionamien-

to de las empresas transnacionales. Concretamente, se examinan los códigos de

conducta, los programas de etiquetado social y las iniciativas de los inversores

sobre la base, entre otras cosas, de un estudio previo de doscientos quince códi-

gos y doce programas de etiquetado social 2. Los cód igos y las eti quetas son

ejemplos de actuaciones con las que se pretende informar e influir en los consu-

midores, los socios, los inversores y/ o los medios de comunicació n acerca de

los objetivos o logros sociales de determinadas empresas3. Las iniciativas de los

inversores, en cambio, forman parte de una serie de actividades encaminadas a

influir en el proceso de adopción de decisiones de las empresas y, en el caso que

nos ocupa, en su adhesión a los códigos y etiquetas. Al examinar su contenido y

funcionamiento se comprueba que estos tres ti pos de iniciativas son recibidos

de una manera desigual no sólo por las empresas, los consumidores y otros

agentes privados afectados, sino también por quienes se interesan por las reper-

cusiones públicas de este empeño, heterogéneo pero insistente, para que la ini-

ciativa privada impu lse la j usticia social a la vez que persigue el beneficio

privado.

Antecedentes y motivos

En principio, esas iniciativas del sector privado plasman unos compromi-

sos que se adquieren voluntariamen te debido a los incentivos del mercado, no

porque obligue a ello la reglamentación en vigor. El «desajuste entre el ámbito

reglamentario y las estructuras económ icas reales« (Murray, 1998, pág. 60),

derivado del desarrollo de las empresas mixtas y otros sistemas contractuales de

carácter transfronterizo, ha contribui do a que el público exija formas de garan-

tizar que las empresas sean responsables de los efectos sociales y medio-

2Los códigos recopilados por la Oficina Internacional del T rabajo proceden de empresas,

sindicatos, ONG, así como de informació n de acceso pú blico. Más del 80 por ciento pertenecen

a empresas multinacionales est ablecidas sobre todo en países desarrollados y de reciente indus-

trialización; unos fueron elaborados por asociaciones de la industria y organizaciones de

empleadores, y otros por empresas o asociac iones de em presas junto con organizaciones de

trabajadores y/o ONG .

Se estudiaron todos los programas de etiquetado social que se sabí a que estaban funcio-

nando en 1998 y que se ocupaban de asuntos laborales, a saber: Care & Fair, Kaleen, RUGMARK,

STE P, Do uble Inco me Proj ect, Pro -Chil d, A brinq , B aden, R eebok, F airtrad e Labell ing

Organizations International (FLO), Fl ower Label Program y Forest Stewardship Council (FSC )

(véase el cuadro 1).

3En algunos casos, las mismas iniciativas u otras conexas persiguen también objetivos

sociales y medioambientales que no guardan relació n con las prácticas laborales. S e está presio-

nando cada vez má s a las empresas para que se responsabilicen de aspectos no financieros en lo

que se ha dado en llamar la «triple l ínea de referencia« por alusión a la eficacia econó mica,

social y medioambiental; este enfoque ha sido criticado porque puede llevar a componendas al

incluir en un mismo balance de res ultados tres tipos de valores mu y dist intos (véase, por

ejemplo, Mayhew, 1998). El pa pel de la empresa con r especto a cuestiones de protecció n del

medio ambiente o desarrollo social o de la comunidad que van más allá de las que específicamente

se encuentran o refl ejan en el lugar de trabajo queda fuera del objeto principal del p resente

artículo.

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ambientales de sus activid ades. Como resultado de la presión pública, las em-

presas se han dado cuenta de que pueden ser víctimas de prácticas laboral es

potencialmente abusivas de sus socios extranjeros en la cadena de mercancías o

servicios. Así pues, las iniciativas del sector privado tienen por objeto estable-

cer a lo largo de esa cadena unos compromisos cuya finalidad suele ser comple-

mentar o, en algunos casos, mejorar lo que dispone la legislación. Esto plantea

sin embargo la cuestió n de si tales actuaciones son verdaderamente «volunta-

rias«. En realidad, se supone que las iniciativas del sector privado son volunta-

rias por la única razón de que no obedecen directamente a un imperativo legal4,

pero algunos sostienen – sobre todo representantes de empresas o gobiernos de

países en desarrollo – que la presión del mercado las hace en la práctica obliga-

torias de maneras que pueden ser injustas.

El creciente número de iniciativas del sector pri vado que tienen que v er

con las prácticas laborales suscita, asimismo, muchas otras preguntas. Por ejem-

plo, ¿qué relación guardan esas iniciativas con otros esfuerzos por conseguir la

justicia social mediante unas mejores condiciones de trabajo y un mejor reparto

del empleo, en especial con los que consisten en dictar pautas políticas o regla-

mentaciones oficiales? ¿Y qué tipo de efectos, si es que los hay, tienen sobre la

dimensión social del comercio internacional y sobre el desarrollo económico en

particular? ¿Hemos de ser escépticos en cuanto a su valor o felicitarnos porque

son un paso adelante en el buen camino? Aun cuando las iniciativas privadas

transnacionales tal vez demuestren ser, con el tiempo, un enfoque idóneo y

duradero del comportamiento empresarial entre las complejidades de las tran-

sacciones mundiales, no es fácil clas ificar, evaluar ni comp arar los avances

sociolaborales que, según las emp resas y otros agent es, se consiguen de esta

manera. Parece así inevitable que surjan opiniones divergentes al respecto. Es-

tas iniciativas operan en contextos económicos, políticos y jurídicos muy varia-

dos, y no existen ni unos criterios de referencia ni unos métod os de elabora-

ción, aplicación o evaluación que gocen de aceptación general. Esos problemas

a la ho ra de elaborar, aplicar y, finalmente, evaluar las iniciativas tienen, por

tanto, una serie de consecuencias.

Las medidas del sector privado en favor de la just icia social nacen del

deseo de darle a la empresa un valor añadido, generalmente fomentando las

relaciones con los clientes (incluidos los consumidores), los interm ediarios y

otros agentes de la actividad empresarial. La necesidad de mantener o legitimar

una buena imagen pública, comprendida la reputació n de las marcas registra-

das, ha favorecido estas iniciat ivas en los sectores que, en todas las etapas del

proceso, desde la producción hasta la venta al por menor, subcontratan

internacionalmente bienes de consumo, sobre todo en los que presentan un alto

coeficiente de mano de obra. Los productores de bienes de capital y de produc-

tos intermedios , aunque no atienden de manera independiente a las demandas

4No obstante, suele considerarse que divulgar las iniciativas privadas con fines comercia-

les tiene repercus iones jurídi cas en vi rtud de la s le yes que regulan de manera general las

informaciones empresariales, la publicidad y, en el caso de las operaciones em presariales con-

juntas, los atentados contra la libre competencia.