¿De compras en Bélgica? ¡Busque la etiqueta social!
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BRUSELAS - En su Declaración de 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo confirmó el compromiso de cada Estado miembro de la OIT con los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los artículos elaborados en un país se venden en otro? ¿Pueden estar seguros los consumidores de que se han cumplido tales principios? En un mercado globalizado, ¿cómo podemos fomentar el respeto por los derechos básicos con independencia del lugar en el que se haya producido un bien?
Bélgica ha encontrado una respuesta: una 'etiqueta social' aplicable a los artículos producidos en condiciones conformes con los ocho Convenios esenciales de la OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso e infantil e igualdad y no discriminación. Las empresas han comenzado ya a solicitar la etiqueta, objeto de la primera iniciativa de esta índole impulsada por la administración pública en el mundo. Si el experimento resulta ser un éxito, el sistema podría ser adoptado en otros países europeos, e incluso en toda la UE.
¿Cómo funciona?
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El principio que lo sustenta es bastante sencillo. Toda empresa, nacional o extranjera, puede solicitar la etiqueta para uno o varios productos comercializados en el mercado belga, después de probar que tales artículos se producen con arreglo a los ocho Convenios fundamentales de la OIT. Debe someterse a las inspecciones efectuadas por 'empresas de auditoría social' acreditadas por el ministerio belga de Economía, y toda solicitud de etiqueta social debe ser suscrita además por los representantes de los trabajadores de la empresa en cuestión.
En la nueva ley se contempla asimismo la constitución de un 'comité para la producción socialmente responsable'. Sus 16 miembros, designados principalmente entre representantes del gobierno, empleadores, sindicatos y consumidores, decidirán respecto a las solicitudes de etiqueta, el control de su utilización y las reclamaciones en las que se abogue por su retirada a una empresa.
Independientemente de que el país productor haya ratificado los ocho Convenios de la OIT referidos (y Bélgica es uno de los 84 países que ha ratificado todos ellos) o no, es la elaboración del producto en sí lo que determinará la concesión de una etiqueta. De hecho, un objetivo de la ley es ofrecer asistencia técnica y financiera a los productores en los países en desarrollo, de modo que se les habilite para 'respetar los criterios de cumplimiento para otorgar la etiqueta'. Se prevé asimismo la imposición de sanciones (desde multas a condenas de prisión) para los que cometan fraudes.
Los defensores belgas de la etiqueta social subrayan la importancia de crear 'islas de excelencia social', en referencia a empresas que, en un contexto caracterizado por una conculcación de derechos generalizada, simbolicen y promuevan la mejora del bienestar de los trabajadores. Los consumidores parecen apoyar cada vez más esta iniciativa. En una reciente encuesta de opinión, llevada a cabo por CRIOC (Centro de Estudios e Información de las Organizaciones de Consumidores de Bélgica), se puso de relieve que el 22% de los consumidores preferiría adquirir 'productos éticos'. A pesar de ello, sólo el 5% de los consultados había modificado sus hábitos de consumo. La conversión de las preferencias en acciones constituye una de las principales tareas con que se enfrenta la nueva etiqueta social.
