Un código de derechos para los nacionales de terceros estados residentes legales en la UE. Un avance en derecho antidiscriminatorio

• Author: Mercedes Moya Escudero
• Position: Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada.
• Pages: 1-27

www.reei.org

DOI: 10.17103/reei.34.07

UN CÓDIGO DE DERECHOS PARA LOS NACIONALES

DE TERCEROS ESTADOS RESIDENTES LEGALES EN

LA UE: UN AVANCE EN DERECHO

ANTIDISCRIMINATORIO

A LEGAL CODE FOR NATIONALS OF THIRD STATES

LEGALLY RESIDENT IN THE EU. AN ADVANCE IN ANTI-

DISCRIMINATION LAW

Mercedes Moya Escudero

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LA CENTRALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

DE TRATO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS COMPARABLES. III.

JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DE UN CÓDIGO DE DERECHOS DE LOS

NACIONALES DE TERCEROS ESTADOS. IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

RESUMEN: Desde inicios del siglo XXI se asiste al desarrollo de una diversidad de estatutos jurídicos para

los residentes le gales en Europa que volatilizan el principio de igualdad de trato y de no discriminación,

bajo el amparo de ciertas directivas. La discrecionalidad que tales directivas otorgan a los Estados

Miembros de la UE está produciendo tal nivel de injusticia so cial y de segmentación humana, que se pone

en riesgo la seguridad y la justicia europea. Por este motivo, consideramos que un código de inmigración

es esencial para generar una base jurídica común que impida que los estados puedan adoptar tratos

favorables no razonables respecto a cierto tipo de trabajadores altamente cualificados, mientras que

colocan a otros en una situación de clara desventaja. E n este trabajo procederemos al análisis de los

tratados constitutivos y de los instrumentos jurídicos elaborados por las instituciones europeas, con el fin

de hallar una base firme de legitimidad jurídica desde la que incentivar u n código europeo de

inmigración.

ABSTRACT: Since the b eginning of the 21 st century, a variety of legal sta tutes have been developed for

legal residents in Europe, which undermine the pr inciple of equal treatment and non-discrimination

under cer tain directives. The discretion that such directives gr ant to EU Member States i s producing such

a level of socia l injustice and human segmentation that Europea n security and justice is put a t risk. F or

Fecha de recepción del origi nal: 12 de agosto de 2017. Fecha de ac eptación de la versión final: 9 de

octubre de 2017.

 Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granad a. Correo electrónico:

memoya@ugr.es E ste artículo se enmarca en el Proyecto I+D , Movilidad internacional de personas: El

impacto jurídico-social en España y en la UE de la adquisición de la nacionalidad española por la

población inmigrante” (DER2016-755 73-R DER2016-78139-R), co ncedido por el Ministerio de

Economía, Industria y Competitividad.

[34] REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (2017)

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DOI: 10.17103/reei.34.07

this rea son, we consider that an immigration code is essential for generating a common lega l basis tha t

prevents states from a dopting unreasonably favoura ble treatment of certain types of highly skilled

workers, while placing others a t a clear disadvanta ge. In this pa per, we will ana lyse the Constitutive

Treaties and the legal instr uments dr afted by the European in stitutions, in or der to find a firm basis of

legal legitimacy from which to encourage a Eur opean Code of Immigratio n.

PALABRAS CLAVE: Inmigración europea, ciudadanía europea, residentes legales, nacionalidad, derechos

en la Unión Europea, igualdad, no discriminación.

KEYWORDS: Eur opean immigration, Eur opean citizenship, legal r esidents, nationality, r ights in the

Europea n Union, equality, non-discrimination.

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de este estudio trataremos de demostrar que, dada la competencia que los

Tratados constitutivos otorgan a la UE, ésta debe asumir el compromiso y el deber de

conformar un código de inmigración que incluya el reconocimiento del catálogo de

derechos que todos los Estados han de garantizar a los nacionales de terceros países

residentes legales. Esta demanda se fundamenta en el análisis de los instrumentos

jurídicos elaborados en el seno de la UE, en materia de inmigración legal. Los últimos

años asistimos a una clara fragmentación humana en el seno de los Estados y al

desarrollo de una diversidad de estatutos jurídicos para los residentes legales que

volatilizan el principio de igualdad de trato y de no discriminación, bajo el amparo de

ciertas directivas. La discrecionalidad que tales directivas otorgan a los Estados está

produciendo tal nivel de injusticia social y de segmentación humana, que se pone en

riesgo la seguridad y la justicia europea. Por este motivo, consideramos que un Código

de inmigración es esencial para generar una base jurídica común que impida que los

Estados puedan adoptar tratos favorables no razonables respecto a cierto tipo de

trabajadores altamente cualificados, mientras que colocan a otros en una situación de

clara desventaja. No negamos, puesto que así está permitido, que en ciertas

circunstancias y para ciertos derechos, puedan establecer límites a su ejercicio. Sí nos

oponemos a que tales límites no pasen un mínimo test de control y de racionalidad, que

impida la arbitrariedad y la discriminación, tal y como hoy sucede. La discrecionalidad

otorgada por las directivas a los Estados está siendo utilizada para vaciar de contenido

los derechos individuales reconocidos a los residentes legales de terceros Estados, y

para impedir en la práctica el cumplimento de los objetivos que los organismos y

documentos técnicos y políticos europeos declaran en materia de inmigración. Sin una

regulación común europea en materia de inmigración, Europa verá peligrar su cohesión

social y uno de sus principios jurídico-políticos clave: el principio de igualdad de trato y

no discriminación. No es éste un riesgo futuro sino actual, tal y como se observa al

analizar los textos elaborados por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo

Económico y Social, durante los últimos años; así como las denuncias presentadas por

la Agencia de derechos fundamentales, en 2017.