Chile, Tribunal Constitucional, sentencia No. 46-87, 21 de diciembre de 1987

• Jurisdiction: Chile
• Subject Matter: Lucha de clases,Marxismo,Protección de la democracia,Proscripción partidos políticos

1. Identificación de la sentencia

Chile, Tribunal Constitucional, sentencia No. 46-87, 21 de diciembre de 1987.

2. Resumen

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró la responsabilidad de Clodomiro Almeyda por haber

infringido el inciso primero del artículo tercero de la Constitución, esto es, haber incurrido en actos que propagaban

doctrinas que propugnan la violencia, una concepción de la sociedad del Estado de carácter totalitario y doctrinas

fundadas en la lucha de clases.

3. Hechos

Ricardo García Rodríguez, Ministro del Interior durante el gobierno militar de Augusto Pinochet, solicitó al Tribunal

Constitucional declarar la responsabilidad de José Clodomiro Almeyda Medina por considerar que habría incurrido

en actos que propagaban doctrinas que promovían la violencia fundadas en la lucha de clases en distintos escritos

académicos y políticos. Asimismo, el requirente señaló que Almeyda se definía a sí mismo como marxista, al mismo

tiempo que caracterizó a su partido (Partido Socialista) como marxista leninista. El requirente fundó su escrito en el

artículo 8 de la Constitución el cual prohibía la propagación de ideas que propugnaran una visión totalitaria del

Estado, el uso de la violencia y la lucha de clases, además de otras disposiciones constitucionales y legales

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.

En su defensa, José Clodomiro Almeyda argumentó que el Artículo 8 de la Constitución era intrínsecamente ilegítimo

al transgredir la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), así como el Pacto internacional de

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Luego, señaló que el artículo 5 de la Constitución era de un rango superior

que el artículo 8 de la misma. Además, tras mencionar que el artículo 8 de la Constitución era ilegítimo en sí mismo,

indicó que también lo era por estar incluido en un cuerpo de normas que resultaba ser ilegítimo por su origen, ya que

la Junta de Gobierno se habría atribuido el ejercicio del poder constituyente. Por otro lado, el plebiscito por el cual

se ratificó la Constitución no habría reunido las garantías mínimas para hacer a su resultado confiable. Almeyda

agregó que la legitimidad de una Constitución debía descansar en la vigencia de los derechos humanos y un sistema

democrático, cuestiones que según él, no ocurrían en la Constitución de 1980. Finalmente, agregó que la ilegitimidad

del régimen se veía acrecentada por la forma en que habían conducido los negocios públicos.

Sumado a lo anterior, en su defensa, el requerido señaló que las declaraciones que las pruebas allegadas sólo hacían

referencia a la propagación de doctrinas que propugnaban la violencia, que estas fueron tergiversadas y que no

mostraban su pensamiento por completo. Luego, realizó un análisis del marxismo basándose en un fallo previo del

Tribunal Constitucional respecto de otro caso que ilegalizó al Movimiento Democrático Popular (MDP). Indicó que

el marxismo propugnaba la violencia de la misma forma que la filosofía política católica. Estableció que se trataba

de una doctrina que planteaba una concepción de la sociedad, del Estado u orden jurídico de orden totalitario señala

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Los artículos 8, 16 y 82 de la Constitución, como también los artículos 63, 64 y 70 de la Ley Orgánica Constitucio nal del Tribunal

Constitucional (Ley 17.997).

que por dictadura “en sentido marxista, no hay que entender arbitrariedad, sino el imperio de una legalidad

firmemente establecida”

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.

El Tribunal Constitucional de Chile conoció el caso y luego de llevar a cabo su análisis declaró la responsabilidad

de Clodomiro Almeyda.

4. Decisión

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) se enfocó en averiguar si las posturas políticas del accionante violaban

el contenido normativo del Artículo 8º de la Constitución.

Para iniciar, el TC se pronunció respecto de la irretroactividad del artículo 8 de la Constitución. Recordó que dicho

artículo establecía responsabilidades respecto de quienes incurrieren en actos que propagaran doctrinas que

propugnaran la violencia, una concepción de la sociedad del Estado de carácter totalitario y doctrinas fundadas en la

lucha de clases. Ahora bien, frente al carácter irretroactivo mencionó que dicha norma sólo podía aplicarse a aquellas

personas que incurrieran o que hubieran incurrido con posterioridad al 11 de marzo de 1981 en el ilícito descrito en

el mismo. Precisó que de no seguirse esta interpretación se atentaría contra los principios rectores de la Constitución

como el principio nulla poena sine lege, además de atentar contra la necesaria seguridad jurídica del marco

constitucional.

Luego el Tribunal se refirió a la relación del Artículo 8 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(DUDH) y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Consideró que el artículo de la

Constitución debía prevalecer sobre los instrumentos internacionales y que de esa manera se estaría siendo coherente

con el sistema jurídico, puesto que una interpretación contraria llevaría al absurdo de admitir que la Carta

Fundamental se puede reformar de un modo diferente al establecido en sus artículos 116 al 118.

Más adelante, el TC analizó el origen, fundamento y finalidad del artículo 8 de la Constitución. Explicó que mediante

dicha norma, se pretendía “preservar la democracia y señalar el marco del pluralismo ideológico permisible y que

tiene por objeto proteger los principios y valores básicos en que se fundamenta la institucionalidad”

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. Indicó que la

Comisión de Estudios de la Constitución señaló la importancia de la existencia de mecanismos jurídicos que

contribuyeran a la protección de la democracia y sus instituciones. Sumado a lo anterior, el Tribunal expuso que

no era la primera vez que se han proscrito partidos políticos totalitarios. Dijo que así había ocurrido en países como

la República Federal Alemana e Italia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En definitiva señaló que la

norma aludida perseguía además, el fortalecimiento de “la soberanía de Chile, la democracia, la libertad y fortalecer

la soberanía de Chile, la democracia, la libertad y los derechos fundamentales de las personas”

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.

Con base en lo anterior, se adentró a examinar el caso puntual. Expresó que el requerido Almeyda efectivamente

infringió el ya mencionado artículo, pues se constató en múltiples documentos que efectivamente promovía doctrina

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Chile, Tribunal Constitucional, Rol-46-1987, 21 de diciembre de 1987.

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Ibídem.

4

Ibídem.

marxista-leninista. El Tribunal analizó documentos como: la convocatoria hecha por el requerido al XXIV Congreso

General Ordinario del PSCH (que ya había sido utilizado para declarar la inconstitucionalidad del Partido del cual

Almeyda era líder máximo), entrevistas en Revista APSI, Revista Qué Pasa, separata en Unidad y Lucha, el libro

Pensando Chile. Sumado a esto, observó que el propio requerido reconocía ser partidario de la lucha de masas.

Además, argumentó que ninguno de los testigos presentados por el requerido aportaban información que ayudara a

desmentir las acusaciones que se le hacían a Clodomiro Almeyda, principalmente porque todos se referían a

actuaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución.

De esta forma el Tribunal declaró la responsabilidad del señor Almeyda tras haber incurrido en “actos destinados a

propagar la doctrina marxista-leninista y su contenido ideológico: la violencia y la concepción del Estado, de la

sociedad y del orden jurídico de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases”

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.

5. Voto Disidente

Los ministros disidentes rechazaron el requerimiento al considerar que Almeyda no había incurrido en la conducta

estipulada en el artículo 8 de la Constitución. Esto porque, el primer elemento que exigía el artículo era la existencia

de un acto, es decir, una manifestación de voluntad que producía un efecto determinado. Sin embargo, alegaron que

no se podía considerar que las manifestaciones internas de las personas fueran actos comprendidos en el artículo 8.

En segundo lugar, se apartaron de considerar que el acto estuviese destinado a un fin, como era el de “propagar”, es

decir, captar adeptos. Según el voto disidente, el análisis y discusión académica no podía ser considerado con fines

proselitistas, y por ende, no se armonizaba con el artículo 8.

El tercer elemento que indicaron fue que el contenido o materia de la propagación contenido en la norma debía

corresponder a “doctrinas” y precisaron que estas debían atentar contra la familia, propugnar la violencia o una

concepción de la sociedad o Estado de carácter totalitario. Bajo ese entendido, argumentaron que para determinar si

este requisito se cumplía el Tribunal debía examinar si la doctrina atribuida al requerido era una de las que

especificaba el artículo 8.

Por último, el voto disidente expresó que se debía considerar al artículo 8 como un precepto de excepción, puesto

que su aplicación limitaba el ejercicio de derechos individuales. Además, afirmaron que en la apreciación de los

hechos, el juez debía ser sumamente estricto para considerar la concurrencia del ilícito constitucional. Por todo lo

anterior, salvaron su voto.

6. Jurisprudencia citada

● Chile, Tribunal Constitucional, Rol 21-84, 31 de enero de 1985.

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Ibídem.

7. Palabras claves

● Lucha de clases

● Marxismo

● Protección de la democracia

● Proscripción partidos políticos