Chile, Tribunal Constitucional, sentencia No. 346, 8 de abril de 2002

• Jurisdiction: Chile
• Subject Matter: Estatuto,Corte Penal Internacional,Soberanía,Derechos Humanos

1. Identificación de la sentencia

Chile, Tribunal Constitucional, sentencia No. 346, 8 de abril de 2002.

2. Resumen

Diputados del Congreso interpusieron requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que este declarara la

inconstitucionalidad del Estatuto de Roma que crea de la Corte Penal Internacional

1

. El Tribunal acogió, con un

voto disidente, la petición de inconstitucionalidad planteada, y declaró que para la aprobación y ratificación había

de requerirse una reforma constitucional previa.

3. Hechos

El 04 de marzo de 2002, 35 diputados interpusieron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que

este declarara la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Señalaron que si bien

en el Estatuto se estableció que la competencia de la Corte era complementaria de aquella que era propia de los

tribunales nacionales, en la realidad sería un tribunal que se sobrepusiera a estos, pudiendo por sí y ante sí, ordenar

las investigaciones que él decidiera. Además, sus atribuciones estarían gravemente limitadas por las facultades

del Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas, el cual pudieran requerir a la Corte que suspendiera una

investigación o enjuiciamiento ya iniciado.

Para sustentar su posición, los requirentes afirmaron que, en virtud de su propia soberanía, el Estado podía darse

la organización que estimara conveniente, incluyendo los aspectos referidos a la denominada potestad

jurisdiccional. Afirmaron que en el ejercicio de la soberanía se podían celebrar acuerdos, pero que éstos no podían

significar la renuncia de potestades esenciales como la de administrar justicia, en especial en materia penal.

Señalaron que la ratificación del Tratado que instaurara la Corte era un atropello a la soberanía nacional doble:

primero, por las atribuciones que se le otorgaron a la propia Corte, y segundo por el derecho a veto que se asignó

al Consejo de Seguridad. De esta forma, la aprobación del Tratado significaría una enajenación indebida de la

soberanía nacional y una violación a los artículos 5 inciso 1º; 6 inciso 1º; y 7º incisos 1º y 2º, de la Constitución.

Los requirentes indicaron que la Corte entraba a disponer, en nuestro territorio, del estatuto de un órgano del

Estado, sin que ni su creación ni su acción estuvieran reguladas por ley. Al ser un órgano del Estado que la

Constitución no contempló, con jurisdicción penal directa, vulneraría el artículo 5 inciso 1º de la Constitución,

que estableció que la soberanía se ejerció por las autoridades contempladas en la misma Carta Fundamental.

Asimismo, al ejercer un poder al interior del Estado de Chile sin respetar ninguna norma del ordenamiento

jurídico, el Tribunal contravendría los artículos 6 inciso 1º, y 7 incisos 1º y 2º de la Constitución, que regulaban

la estricta sujeción de los órganos del estado al derecho.

Asimismo, afirmó que el establecimiento del tribunal era inconstitucional porque este carecía de la independencia

judicial exigida por el artículo 73 inciso 1º de la Constitución. Ello toda vez que el Estatuto dispuso que el Consejo

de Seguridad Nacional de Naciones Unidas podría paralizar la investigación o enjuiciamiento que la Corte haya

iniciado.

1

Documento contenido en el Acta Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Nac iones Unidas sobre el

Establecimiento de una Corte Penal Internacional, y sus rectificaciones posteriores.

A continuación los requirentes plantearon una serie de otras inconstitucionalidades del Estatuto: (i) que era

inconstitucional porque la Corte podía excusarse de ejercer su autoridad, transgrediendo así el artículo 73 inciso

2º de la Carta Fundamental. (ii) Que para el nombramiento de sus jueces, el artículo 36 del mismo Estatuto no se

ajustaba a los dispuesto en el artículo 75 de la Constitución. (iii) Que al violar el principio de legalidad, el tribunal

se constituiría en una verdadera comisión especial, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 19 Nº 3 de la

Constitución. (iv) que el Estatuto sancionó el crimen de agresión, el que no definió, contraviniendo el artículo 19

nº 3 inciso 8º de la Constitución al establecer penas para una conducta no descrita en la ley. (v) Que el estatuto

se refirió a 4 crímenes (genocidio, crímenes de lesa humanidad, guerra y agresión), convirtiéndose en un

verdadero código penal, que según el artículo 60 nº 3 de la Constitución, sólo podía ser aprobado por ley. (vi)

que las funciones y atribuciones del Fiscal de la Corte contravinieron el artículo 80 A de la Constitución, que

entregó la investigación de los hechos constitutivos de delitos en territorio chileno en forma exclusiva al

Ministerio Público. (vii) Que el desmantelamiento de las inmunidades establecidas en la Constitución era otra de

las inconstitucionalidades del Tratado, vulnerándose el artículo 19 nº 7 letra f) de la Constitución.

Tras revisar cada uno de los argumentos planteados por los requirentes, el Tribunal Constitucional acogió la

petición de constitucionalidad solicitada

4. Decisión

El Tribunal acogió, con un voto disidente, la petición de inconstitucionalidad planteada, y declaró que para la

aprobación y ratificación había de requerirse una reforma constitucional previa.

En su razonamiento, el Tribunal señaló aspectos fundamentales del Estatuto: (i) que el artículo 1 estableció que

la Corte Penal Internacional era un tribunal permanente y ejercería su jurisdicción sobre personas naturales, de

forma complementaria a las jurisdicciones nacionales; (ii) que el artículo 5 indicó la competencia de la Corte;

(iii) que por el artículo 13 se establecieron cuando la Corte podría ejercer su competencia respecto de los crímenes

a que se refería el artículo 5; (iv) que el artículo 16 indicó cuando se podría suspender la investigación o el

enjuiciamiento; (v) Que el artículo 25 reiteró la facultad de ejercer la jurisdicción penal sobre personas naturales;

(vi) que el artículo 34 indicó la composición de la Corte; (vii) que el artículo 36 señaló las normas básicas relativas

a los magistrados; (viii) que el artículo 120 indicó que el Tratado no admitía reservas.

Reconoció que según lo que se estipuló en el Estatuto, la naturaleza jurídica de la jurisdicción de la Corte era

penal y complementaria de las jurisdicciones nacionales. Declaró que tras un estudio del Tratado, se vio que el

Estatuto no definió el significado del carácter complementario. Sin embargo, dijo que si bien era cierto que por

el carácter complementario que se le atribuyó se había querido disminuir el efecto de las atribuciones que se le

otorgaron al Tribunal, no era menos cierto que del examen del artículo 17 del Estatuto resultó clara que la

naturaleza jurídica sería más bien de carácter correctiva y sustitutiva o supletoria de las jurisdicciones nacionales.

Además, que conforme al artículo 19, párrafo 1, y artículo 57, párrafo 2 letra a) del Tratado, quien resolvió sobre

la admisibilidad de la jurisdicción de la Corte era la Sala de Cuestiones Preliminares, de la misma Corte. Así,

afirmó que sería la misma Corte la que resolvería sobre su competencia para conocer de las materias entregadas

a su conocimiento, y ejercería su jurisdicción en algunas materias de su competencia corrigiendo y sustituyendo

el de los Estados Parte.

El Tribunal concluyó diciendo que la jurisdicción de la Corte que se creó no necesariamente complementaba a

aquella de los tribunales de los Estados Parte, sino que podía en ciertos casos previstos expresamente por el

Estatuto llegar a revisar resoluciones ejecutoriadas por tribunales nacionales de los Estados y sustituirlas. Así,

explicó que se estaría prorrogando a una jurisdicción nueva, no contemplada en el ordenamiento jurídico

constitucional, la facultad de abrir procesos penales por delitos cometidos en Chile. Sobre este punto, dijo que

esto implicaría una transferencia de soberanía que, por no estar autorizada en la Constitución, vulneraría el

artículo 5 inciso 1º de la Constitución.

Luego analizó la soberanía nacional, y su relación con el establecimiento de la Corte. Definió el concepto de

jurisdicción señalando que ella era expresión del ejercicio de la soberanía, y que sólo la podían cumplir las

autoridades que la Constitución estableciera. Así, el TC afirmó que el Tratado le otorgó a la Corte jurisdicción

para eventualmente conocer de conflictos ocurridos dentro del territorio de la República y que deberían ser de

competencia de algún tribunal nacional.

Adujo que este específico reconocimiento de potestad jurisdiccional para ser ejercida por una autoridad no

establecida por la Constitución, entró en colisión con el artículo 5 inciso 1º de la misma. Siendo así, disposiciones

como las de este Estatuto deberían necesariamente incorporarse a nuestro sistema jurídico a través de una reforma

constitucional. A su vez, conforme con el artículo 79 de la Constitución, y a su claro tenor literal, dijo que la

Corte debería ser uno de los tribunales exceptuados en la norma de la superintendencia de la Corte Suprema, lo

que hacía necesaria la adecuación de la referida disposición.

De lo recién mencionado, el Tribunal concluyó que todo conflicto en cuya solución existiera un interés público

comprometido quedaba necesariamente sometido al conocimiento y decisión de los tribunales establecidos por

la ley chilena. Aseveró que si se estaba en presencia de derechos disponibles, podría prorrogarse la competencia

entre tribunales nacionales o internacionales. Ahora bien, dijo que las materias cuyo conocimiento se entregaba

a la Corte por su naturaleza, eran improrrogables por lo que para que Chile reconociera la jurisdicción de la

misma, debería incorporar una nueva preceptiva constitucional a su sistema interno.

Como corolario de lo expuesto, el Tribunal se ve forzado a concluir que los artículos 1; 17, párrafo 1, letras a),

b) y c), párrafos 2 y 3; 19, párrafo 1 y 6; 57, párrafo 2, letra a); 61, párrafo 7; y 82, párrafo 1, letra a) del Tratado

que contiene el Estatuto de Roma, vulnera en su esencia los artículos 5 inciso 1º, 7, y 73 a 79 de la Constitución;

que para que la Corte sea un tribunal establecido para juzgar delitos cometidos en Chile, debe incorporarse al

sistema interno mediante una adecuación constitucional.

A continuación el TC analizó la jerarquía de los Tratados Internacionales. Señaló que se había suscitado una

controversia tras la reforma constitucional de 1998, sobre la interpretación que debía dársele al inciso 2º del

artículo 5, que estableció que era deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos

garantizados por la Constitución, como por los tratados internacionales ratificados por Chile. Afirmó que esto

había llevado a algunos a pretender que los tratados sobre derechos humanos tendrían rango constitucional, de

manera que podrían modificar disposiciones de la Constitución. Afirmó que la norma reformada no consagró que

los tratados internacionales sobre derechos esenciales tuvieran una jerarquía igual o superior a la Ley

Fundamental, por lo que no podían entenderse de tal manera.

Recordó que tras la reforma, por sentencia del 04 de agosto del 2000, se declaró que si un tratado internacional

contenía normas propias de ley orgánica constitucional, el acuerdo del Congreso para su aprobación o rechazo

exigía el quórum establecido por la Constitución para esa clase de leyes. Así, si las distintas materias del tratado

debían respetar los quórums del artículo 63 de la Constitución, resultaba indudable la absoluta sujeción de los

tratados internacionales a la Constitución. Dijo que sostener que los tratados internacionales sobre derechos

humanos podían modificar la Constitución, conducía a que perdieran eficacia las disposiciones que permitieran

el control previo de constitucionalidad de los tratados, el control posteriori, y quedaría a su vez sin efecto parcial

el Capítulo XIV de la Ley Fundamental sobre Reforma de la Constitución, ya que por la vía de los tratados

internacionales sobre derechos humanos se pudiera enmendar su texto.

De esta forma, el Tribunal estableció que el sentido que debía darse en realidad a la frase agregada al artículo 5

de la Carta Política, es que el Constituyente quería dar énfasis a los derechos fundamentales, señalando que era

deber para los órganos del Estado, respetarlos y promoverlos, no solo los derechos asegurados en la Constitución,

sino que también los contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encontraban vigentes.

Así, expuso que no era posible sostener que un tratado que versara sobre derechos esenciales que emanaban de

la naturaleza humana, enmendara la Constitución en lo que fuera contraria a ella, o que tuviera igual jerarquía. Si

dicho tratado contenía normas contrarias a la Carta Fundamental, afirmó que sólo podrá, válidamente,

incorporarse al ordenamiento jurídico interno previa reforma constitucional.

Luego el TC se refirió a la inconstitucionalidad en relación con indultos y amnistías. Indicó que la Constitución

indicó expresamente cuál era la autoridad que podía otorgar los beneficios del indulto y la amnistía. Puntualizó

que el artículo 32 Nº 16 estableció que era una de las atribuciones especiales del Presidente otorgar indultos

particulares, y el artículo 60 Nº 16 aclaró que eran materias de ley las que concedieran indultos generales y

amnistías. Por esta razón, concluyó que los artículos 17, sobre cuestiones de admisibilidad, y 110, sobre examen

de reducción de la pena del Estatuto de Roma, eran incompatibles con las normas constitucionales anteriormente

citadas, toda vez que infringían las normas constitucionales. En particular, coartaría las atribuciones del

Presidente para dictar indultos particulares e igualmente privaba al órgano legislativo de su facultad de dictar

leyes sobre indultos generales y amnistías, en relación a los ilícitos del artículo 5 del Estatuto. Expresó que este

quebrantamiento constitucional se produjo toda vez que la Corte podría desconocer en sus sentencias indultos o

amnistías previamente concedidas por las autoridades nacionales competentes.

Luego el TC analizó la inconstitucionalidad en relación con el fuero parlamentario y prerrogativas de los jueces.

Indicó que el artículo 58 de la Constitución consagró, con el doble objetivo de asegurar la independencia del

Congreso y una mayor libertad de acción a sus miembros, ciertos beneficios, como eran la inviolabilidad y el

fuero parlamentario; y según artículo 81 inciso 4º de la Constitución, de igual prerrogativa gozaban los Ministros

del Tribunal Constitucional, al hacérseles aplicables las disposiciones del artículo 78. Aclaró que lo propio ocurría

con el Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, a quienes por disposición del artículo 80 H,

también les regía el citado artículo 78. Dijo que estas normas debían confrontarse con el artículo 27 del Estatuto

de Roma, sobre improcedencia de cargo oficial, y de su solo lectura aparecía con nitidez que el fuero

parlamentario y las prerrogativas penales de los magistrados quedaban sin efecto porque el Estatuto hacía

desaparecer este sistema, ya que previó un procesamiento directo ante la Corte, lo que resultó incompatible con

las disposiciones constitucionales.

Del mismo modo, el TC examinó la inconstitucionalidad de la función y atribuciones del Fiscal de la Corte Penal

Internacional. Señaló que algunas normas del Tratado de Roma otorgaron al Fiscal de la Corte determinadas

facultades, entre otras, las de investigar en el territorio del Estado Parte, reunir y examinar pruebas, hacer

comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos. Así, consideró que se

infringieron derechamente el artículo 80 A de la Constitución, que encargaron de forma exclusiva y excluyente

al Ministerio Público la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito.

Finalmente, el TC señaló que si se aceptara bajo el texto actual de la Constitución la Corte, ello implicaría una

violación a normas de rango constitucional, y no debía olvidarse que hoy se aceptó universalmente que la gran

garantía de los derechos fundamentales era la Constitución, por lo que la violación de la Carta Política significaría

en último término, la desprotección de los derechos. Por esto, acogió la petición de inconstitucionalidad.

5. Voto Disidente

El ministro Marcos Libedinsky manifestó un voto disidente, en orden a desechar el requerimiento. Señaló que

fue adecuada la utilización de la palabra “complementaria” por cuanto evidenció que el propósito de la Corte no

era sustituir a las jurisdicciones nacionales sino intervenir cuando estas no quisieran o no pudiera ejercer su

obligación de investigar o juzgar a los presuntos responsables de los delitos contemplados en el Estatuto.

A continuación, desestimó las pretendidas inconstitucionalidades alegadas en el requerimiento, referidas a que la

Corte se establecería por un “tratado” y no por “ley”; y que esta no cumplió con la regulación establecida en los

artículos 73 al 80 de la Constitución. Al respecto señaló que estas formaron parte del Derecho Público Interno,

pero no del Derecho Internacional.

6. Jurisprudencia citada

● Chile, Tribunal Constitucional, Sentencia No.276, 28 de julio de 1998.

● Chile, Tribunal Constitucional, Sentencia No.309, 04 de agosto de 2000.

● Chile, Tribunal Constitucional, Sentencia No.46, 21 de diciembre de 1987.

7. Palabras clave

● Estatuto

● Corte Penal Internacional

● Soberanía

● Derechos Humanos