El ataque constitucional al estado social: un análisis crítico de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española

AuthorLaura Flores Anarte
PositionUniversidad Pablo de Olavide de Sevilla
Pages321-346
Revista inteRnacional de Pensamiento Político - i ÉPoca - vol. 9 - 2014 - [321-346] - issn 1885-589X
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EL ATAQUE CONSTITUCIONAL AL ESTADO
SOCIAL: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 135 DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
THE CONSTITUTIONAL ATTACK TO THE WELFARE STATE: A
CRITICAL ANYLISIS TO THE REFORM OF THE 135 ARTICLE OF
THE SPANISH CONSTITUTION
Laura Flores Anarte
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
loresanarte@gmail.com
Palabras clave: Reforma constitucional. Estabilidad presupuestaria. Deuda pública. Derechos sociales. De-
mocracia.
Keywords: Constitutional reform. Budgetary control. National debt. Social rights. Democracy.
Resumen: En el verano de 2011 los dos principales partidos políticos de
nuestro país se ponían de acuerdo para acometer la reforma del artículo
135 de la Constitución española. Siguiendo las recomendaciones de las
instituciones comunitarias, el precepto introducía en la norma de mayor
rango de nuestro ordenamiento jurídico reglas relativas a la estabilidad pre-
supuestaria. En este artículo se analiza tanto el procedimiento exprés por
el cual la reforma se llevó a cabo, en el que destacan la acumulación de
procedimientos excepcionales, la falta de consenso político y el soslayo del
debate ciudadano; así como el contenido de la misma, que supone en la
práctica una reducción del gasto público que nalmente se concreta en
recortes en servicios y prestaciones públicos, afectando negativamente a
los derechos sociales de la población.
Abstract: In the summer of 2011 the two main political parties of this coun-
try reached an agreement to introduce an amendment to Article 135 of
the Spanish Constitution. In accordance with the recommendations of the
European Union Institutions, the precept established a set of rules relating
to budgetary control to be part of the higher norm of the Spanish judicial
system. This article is an analysis of both the procedure by which this “high-
speed” amendment was carried out, pointing the accumulation of excep-
tional procedures, the lack of any political consensus and the avoidance of
public debate; as well as its contents, which in practice mean a reduction
of public spending, leading to cuts in services and public welfare which in
turn undermine people’s social rights.
Recibido: julio de 2014
Aceptado: septiembre de 2014
Revista inteRnacional de Pensamiento Político - i ÉPoca - vol. 9 - 2014 - [321-346] - issn 1885-589X
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1. Antecedentes históricos de
la estabilidad resupuestaria
Desde que se reconociera ocialmente
el estallido de la crisis nanciera allá por
el año 2007, la misma ha venido siendo
utilizada por la mayoría de los gobiernos
de los países occidentales para acelerar
el proceso de desmantelamiento del Es-
tado del bienestar1, a través de la pues-
ta en práctica de una serie de medidas
de ajuste estructural que, bajo el lema
de la austeridad pública, han consistido
en atacar y destruir derechos sociales y
servicios públicos que tradicionalmente
habían servido para corregir las situacio-
1. El modelo de Estado social se gesta en Europa
tras la caída de los regímenes fascistas del primer
cuarto de siglo XX con diferencias sustanciales a
lo largo del territorio, por lo que en realidad ca-
bría hablar de varios modelos, en los que diere
la intensidad de las conquistas sociales alcanza-
das pero que comparten ciertos rasgos comunes,
como que su surgimiento obedece a un aumento
del poder fáctico de la clase trabajadora, lo que
obliga al capital a pactar con el pueblo, otorgando
ciertas concesiones que se traducen en derechos
sociales básicos que corrigen las desigualdades
inherentes al sistema capitalista. Sin embargo no
se trata de conquistas absolutas y así se plasma en
las constituciones nacionales que se promulgan
en esta época, las cuales recogen el reconocimien-
to de estos derechos pero no de manera universal
y prácticamente sin ninguna garantía, quedando
su satisfacción a merced de la arbitrariedad del
gobierno de turno. Esta débil conguración jurí-
dica de los derechos sociales, unida al prejuicio
ideológico que los incardina en el ideario colecti-
vo como derechos onerosos cuya satisfacción va
a quedar supeditada a la disposición efectiva de
recursos económicos permite que, en tiempos de
crisis económica, su vigencia quede en entredi-
cho. Para un estudio en profundidad de la con-
guración jurídica de los derechos sociales en las
constituciones modernas, ver ABRAMOVICH,
Víctor y COURTIS, Christian, Los derechos socia-
les como derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2002.
nes de desigualdad social inherentes al
sistema capitalista. En España, hemos
visto cómo en los presupuestos generales
del Estado de los últimos años se han ido
llevando a cabo reducciones sucesivas
de las partidas destinas a sanidad, edu-
cación, ayudas sociales, salarios de los
funcionarios públicos o cooperación in-
ternacional con las consiguientes conse-
cuencias negativas que ello conlleva para
la población, que está sufriendo una mer-
ma sin precedentes en su calidad de vida.
Mientras tanto, los mismos presupuestos
reejan cómo una parte importante de los
recursos nacionales se emplean en hacer
frente al pago de la deuda pública, que ha
crecido de manera exponencial en los úl-
timos ejercicios, alcanzando casi el billón
de euros en 2013.
La puesta en práctica de estas medidas
de austeridad pública viene acompañada
de una agresiva campaña de marketing
ideológico que se ha integrado en el dis-
curso hegemónico ocial para hacer lle-
gar a la población la idea de que en los
años precedentes al estallido de la crisis
ha vivido por encima de sus posibilidades,
que ha intentado emular el estilo de vida
de una clase a la que no pertenece, que
servicios como la sanidad pública son un
lujo que genera unos sobrecostes para
el sistema que los hace insostenibles.
De esta manera, nuestros gobernantes
y los teóricos al servicio del sistema han
ido perfeccionando el legado ideológico
de Hayek en su crítica al Estado social y
su defensa de un estado poco interven-
cionista, de una economía regida por las
leyes del mercado y de una sociedad ba-
sada en el individualismo, para ofrecer-
nos un discurso moral que demoniza el
gasto público, señalándolo como princi-
pal responsable de la situación de crisis
actual a la vez que celebra las medidas

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