Apéndice

• Author: Carlos Petit
• Pages: 563-604

APÉNDICE

Ya sabemos que La Justicia sacó varios artículos sobre el Código civil en

otoño de 1888, al hilo de su apresurada publicación en la Gaceta (cf. supra

§ 64). En este “diario republicano”, de vida algo larga (1888-1897), escribió

Rafael Altamira (1866-1951) la serie “El nuevo Código civil” (I-XIII); interrum-

pida sin explicaciones, se publicó de forma anónima entre el 2 de noviembre

y el 18 de diciembre, 1888, pero el autor reconoció más adelante su autoría –

por si no bastase para sospecharla la condición de redactor, luego director del

periódico1– en un trabajo que nos interesa. La Justicia publicó tres entregas

más (11 de noviembre – 20 de diciembre, siempre de 1888) suscritas por un

Julián Fernández2.

§ 73. ALTAMIRA, CIVILISTA

Cuando sacó esos artículos Altamira era un joven intelectual alicantino

que acababa de obtener el doctorado en Derecho (1887) orientado por Gu-

mersindo de Azcárate (cf. supra § 38). Por Azcárate llegó a Nicolás Salmerón,

expresidente de la República, y comenzó a trabajar en la prensa: en el Boletín

de la Institución Libre de Enseñanza, desde luego, pero también en el recor-

dado diario La Justicia, el periódico de Salmerón que llegó a dirigir (1892) y

donde Altamira desarrolló una intensa actividad literaria3.

Y de crítica jurídica, claro está. Sus comentarios relativos al Código se

orientaron de acuerdo a dos ejes argumentales. Primero: el Código había sido

obra personal del ministro Alonso Martínez, causa de la mala elaboración

técnica y parlamentaria (2 de noviembre, 1888). Y segundo: se trataba de

una ley además apresurada, lo que arrastró los defectos de trámite al texto

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1 Vicente Ramos, Palabra y pensamiento de Rafael Altamira, Alicante, Caja de Aho-

rros de Alicante y Murcia, 1987, pp. 112 ss; María de los Ángeles Ayala – Javier Ramos

Altamira, Rafael Altamira, José Lázaro Galdiano y La España Moderna (1889-1905),

San Vicente del Raspeig, Universidad de Alicante, 2012, pp. 14 ss, p. 24.

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3 Jesús Rubio Jiménez – Antonio Deaño Camallo, El camino de las letras. Epistola-

rios inéditos de Rafel Altamira y José Martínez Ruiz (Azorín) con Leopoldo Alas (Clarín),

San Vicente del Raspeig, Universidad de Alicante, 2011.

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CARLOS PETIT

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la nacionalidad (17 de noviembre), el sistema matrimonial (18, 20 y 21 de

-

bre), la propiedad (18 de diciembre). Incluso los menos radicales, y así Fran-

cisco Silvela, el ministro conservador que intentó sacar adelante las bases del

Código civil en 1885, tuvieron que admitir que ese Código merecía críticas

por sus frecuentes errores –desde el art. 1, que olvidó declarar su vigencia en

las plazas africanas de soberanía4– y la falta de una exposición de motivos

que atrajese, merced a las explicaciones del legislador, la complicidad cívica

a favor de una ley tan importante5

sabemos que los que principalmente se ocupan en la redacción de las leyes,

los que intervienen en su planteamiento, en su preparación y en su discu-

sión, somos aquellos que hacemos por la mañana un informe, por la tarde un

discurso parlamentario y por la noche una conferencia… y no es posible que

hagamos todas estas cosas sino tocadas de ciertas condiciones de ligereza, y

   6. Que Alonso Martínez había

actuado con notable ligereza –“se ha pagado tributo demasiado visible y un

tanto caro al temor que las vicisitudes políticas estorbaran la inmediata pu-

blicación del ansiado cuerpo legal”– fue un reproche que compartió nuestro

autor7. Pero se trataba de una crítica circunstancial que apenas ocultaba las

razones de la verdadera oposición al Código civil.

Más allá de los deseos de “Cirineos de gabinete” (Altamira), la legisla-

ción tenía que responder a los sentimientos y las convicciones de la socie-

dad, entendiéndose entonces que “no puede ser buena una obra legislativa

si no vienen á condensarse en ella las aspiraciones, el tono dominante y las

manifestaciones tradicionales en la vida jurídica del pueblo á quien la ley va

dirigida, y que es –á lo que parece– el más abonado para saber lo que mejor

concuerda con su temperamento, su historia y sus necesidades, elementos

que satisface por sí sólo en la labor espontánea del propio derecho”; en otro

caso surgiría el rechazo, por inaplicación, de la ley estatal. Sin el sarcasmo

4 “Las leyes obligarán en la Península, Islas Baleares y Canarias, a los veinte días de su

promulgación, si en ellas no se entiende dispuesta otra cosa”; la versión revisada tuvo que

añadir los omitidos “territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular”. Otro ejemplo

algo chusco se encontró en el art. 42, que obligaba a contraer el matrimonio canónico a

“todos los que profesen la religión católica”, ordenados in sacris incluidos.

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razonó Bienvenido Oliver como sabemos (cf. §§ 38 y 69).

6 Francisco Silvela, “Código civil”, en RGLJ 74 (1889), 105-125, p. 122.

7 “Efectos de la prisa”, en La Justicia, 7 de noviembre, 1888, p. 1.

OTROS CÓDIGOS

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de la prensa cotidiana, otras voces sostuvieron tales ideas desde los escaños

del Senado8.

“Según esto”, precisó Altamira, “una ley dictada por los poderes públicos,

pero que no se cumple, es decir, que no se vive, no forma parte del Derecho

positivo, aunque generalmente se crea que sí; y por tanto si se insistiera en

positiva (por

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Derecho), resultaría excluida del campo histórico toda ley que no tiene cum-

plimiento, que está puramente escrita en papel” 9. Poco después de publicar

los artículos de La Justicia Altamira tuvo ocasión de desarrollar esta doctrina

al meditar sobre la función de los profesionales del foro en el conocimiento

y la creación del derecho10. Cada asunto jurídico encerraba, en su visión, dos

diferentes fenómenos que merecían investigación: de un lado, la recepción

popular de las disposiciones legales (“el acomodamiento que [el pueblo] ha

debido hacer entre su vida entera, sus costumbres, sus necesidades, y la regla

legal”); de otro, el repudio eventual de la ley del Estado (“rebelándose, no

en algaradas tumultuarias, sino en lucha tranquila y permanente”). Puesto

que, más allá y más abajo del legislador, el verdadero “derecho positivo [será]

el que se vive y se realiza… Y entonces, si los individuos de una parte –los

clientes– llevan el dato de la relación social, nuda y genérica, para la cual no

encuentran forma de derecho constituido, el abogado llevará el esfuerzo para

acomodar el derecho vigente al hecho nuevo que lo reclama, lo cual es cierta-

8 “La obra de que se trata”, manifestó el senador Alberto Bosch Fustegueras en su

voto particular al dictamen sobre el cumplimiento de la ley de bases, “ni obedece a los

progresos de las ciencias sociales, ni respeta los fundamentos del derecho patrio”. Cf. Dis-

cusión parlamentaria del Código civil. Discursos… coleccionados por la Revista de los

tribunales, Madrid, Góngora, 1891, p. 21, una notable antología que publicó –nada casual-

mente– la misma casa editorial que tradujo el Código civil de Montenegro.

9 Rafael Altamira, Historia del Derecho español. Cuestiones preliminares, Madrid,

Victoriano Suárez, 1903, p. 19. También, “¿Quién ha hecho el Código”, en La Justicia 2 de

noviembre, 1888, p. 1.

10 “Sobre la colaboración de los abogados para la historia del Derecho”, en RGLJ

74 (1889), 734-744 (también, resumidamente, en Rafael Altamira, Historia del derecho

español,  

de intimidad con el pueblo podría ser muy estrecha”, p. 743, n. 1. Cf. aún p. 740: “el abo-

gado [posee] la base para formular cuál sea la conciencia del derecho que el pueblo tiene”,

  

tradiciones y juicios del fondo social iletrado, acerca de la justicia, de la equidad, de las

relaciones familiares, del organismo económico, etc.”.