Reflexiones sobre el cumplimiento de la tregua entre maras en El Salvador.

• Author: Sampó, Carolina
• Position: Ensayo

Comments on the implementation of the truce between gangs in El Salvador

INTRODUCCIÓN

Tras el inicio de la transición democrática ya a principios del presente siglo, los Estados centroamericanos se encontraron con un problema difícil de resolver que, de hecho, era capaz de poner en jaque su propia vigencia. Las <>, entendidas como pandillas juveniles urbanas sumamente violentas y gregarias habían llegado del exterior para asentase y expandirse, como resultado del débil tejido social y de la falta de contención institucional producto de la dificultosa reconstrucción post conflicto. En ese contexto, es necesario distinguir dos fuentes de las cuales se nutrieron estas organizaciones: por un lado, los jóvenes provenientes de las deportaciones realizadas por Estados Unidos a fines de los años noventa que daban cuenta de esa problemática en terreno norteamericano pero que no alertaban a los gobiernos del istmo sobre su complejidad; por otro, pandillas tradicionales, denominadas por Sullivan (2008) <>--es decir grupos de jóvenes que se dedicaban a la escritura de grafitis y a perpetrar robos menores--, transformadas en organizaciones que buscan ganar poder e incrementar sus ganancias basándose en su control territorial pero operando también a nivel regional.

El accionar de las maras se vio inmediatamente reflejado en el devenir cotidiano de las sociedades centroamericanas. El reclutamiento de niños y jóvenes provenientes especialmente de barrios o estratos marginales y excluidos se constituyó en el principal insumo para el crecimiento de estos grupos, permitiendo la organización de barrios o clicas, como están dispuestos actualmente. Pese a que existen diferencias entre las dos maras más poderosas y numerosas, la Mara Dieciocho (M18) y la Mara Salvatrucha (MS-13), ambas respetan una estructura más o menos jerárquica, siendo la MS-13 más estricta en términos piramidales. En ella los jefes nacionales se vinculan con los ranfleros que se encargan de impartir órdenes, aun cuando muchos se encuentran encarcelados cumpliendo condenas. Ellos se relacionan con líderes medios, que tienen a cargo un importante número de clicas. Aunque estas tienen un alto grado de autonomía en cuanto a los negocios que desarrollan, deben cumplir las órdenes que vienen desde la cúpula. En el caso de la M-18, la estructura es más laxa pero se sabe que son los jefes los que desde la cárcel toman las decisiones que deben cumplirse en la base de la pirámide (Sampó, 2013).

Pese a que la profundización del problema de las maras afectó a varios países de la región, especialmente al denominado Triángulo Norte (compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala), el presente trabajo se centrará exclusivamente en su devenir en territorio salvadoreño, ya que se trata del único país en el que se ha implementado de forma sostenida una tregua entre la MS-13 y la M-18. Esta tregua, lanzada por los líderes nacionales desde los dos lugares de reclusión forzada que reúnen más mareros, se institucionalizó a partir de un documento escrito de forma conjunta, producto de las negociaciones entre las dos maras dominantes, facilitadas por quienes fueron elegidos como mediadores, como ya veremos.

Aunque a primera vista la suspensión de hostilidades parece haber alcanzado buenos resultados, en los últimos meses han aparecido indicadores que hacen pensar que el impasse puede ser dejado de lado de un momento a otro. Incluso se sospecha que la tregua no obedeció a las <> de los mareros y su necesidad de reconciliarse con la sociedad. Por el contrario, se habría pactado con el objetivo de generar un escenario que les permitiera estrechar vínculos con las organizaciones criminales transnacionales--sobre todo las relacionadas al tráfico de drogas--que han penetrado el territorio salvadoreño.

En este contexto, el presente trabajo buscará demostrar que las maras implementaron la tregua en el momento en que necesitaban redireccionar la atención tanto del Estado como de la sociedad civil hacia otras problemáticas, a fin de obtener réditos que fueran más allá de los límites del acuerdo. En consecuencia, este documento se dividirá en cuatro secciones: la presente introducción, donde quedan planteadas las cuestiones centrales en torno a la composición y organización de las maras. Una segunda sección en la que se analizan las políticas implementadas por los gobiernos democráticos para combatir a las maras y la razón de sus fracasos. Tercero, un apartado en el que se centraría la atención en el origen y la implementación de la tregua, así como en los objetivos implícitos y explícitos perseguidos por sus protagonistas a partir de ella. En esa misma sección buscaremos demostrar que tanto los objetivos no declarados de estas organizaciones, como los réditos que pretenden obtener de la implementación de la tregua son mucho más ambiciosos de lo que se presenta abiertamente y se relacionan con un mejor desarrollo de los negocios ilícitos en que están involucrados. Finalmente, en las conclusiones pondremos de manifiesto que las intenciones de las maras distan mucho de la idea de pacificación y reconciliación que expusieron en el lanzamiento de la tregua; relacionaremos directamente al gobierno con el desarrollo de un proceso que siempre se presentó como autónomo; y plantearemos el rol clave que juega la cooperación internacional, tanto de instituciones multilaterales como de Estados Unidos, en la superación de este pernicioso estado de cosas.

EL COMBATE A LAS MARAS EN EL SALVADOR

Como pasó en el resto de los países centroamericanos, El Salvador tomó conciencia demasiado tarde de las modificaciones de la estructura social que se habían producido en la etapa posterior a la firma de los acuerdos de paz. Una de esas alteraciones tuvo que ver con la incapacidad del Estado de absorber e incluir socialmente a dos sectores clave de la población, constituido el primero de ellos por quienes habían sido deportados desde Estados Unidos sin que se especificara el motivo al gobierno receptor. La mayoría de estos jóvenes habían dejado El Salvador siendo niños y en muchos casos no solo no tenían parientes en el país del istmo sino que ni siquiera hablaban español (Arana, 2005). El otro sector estaba formado por los estratos más pobres, excluidos y marginados en el marco de un Estado carente de recursos no solo económicos. En consecuencia, las maras contaban con la base necesaria para multiplicarse y expandir sus dominios.

Aunque comenzaron a incrementar su dominio territorial tímidamente, ya para principios del siglo XXI la MS-13 y la M-18 contaban con una fuerte presencia en todo El Salvador, siendo la Salvatrucha la mara más numerosa hasta el día de hoy. Los distintos gobiernos de esa pequeña nación nunca tuvieron muy en claro cómo hacerle frente a un fenómeno que dejaba de ser el de una mera organización juvenil para vincularse con el crimen organizado a través de tareas tales como el narcomenudeo y el sicariato. La primera respuesta fueron políticas represivas y punitivas, que apuntaron a desarticular los lazos establecidos entre estos jóvenes excluidos que encontraban en la mara su lugar de refugio, reconocimiento e identificación. De allí la implementación de diversos planes de <> que tuvieron como meta inmediata el encarcelamiento del mayor número posible de mareros, para reducir así los niveles de violencia que se incrementaban día tras día en la sociedad.

Sin embargo, las políticas de mano dura dejaron entrever la debilidad del Estado e incluso su incapacidad de hacer frente a un fenómeno extremadamente complejo que requiere de soluciones integrales que no solo actúen sobre una de las expresiones de la marginalidad y la exclusión, sino especialmente sobre sus causas estructurales. De allí que, si bien en un primer momento los crímenes violentos se vieron reducidos sensiblemente, en realidad se trató de un espejismo. Esto es, pues aunque un número importante de mareros fue sustraído de las calles como detenido, pocas veces esas detenciones se mantuvieron en el tiempo y mucho menos se convirtieron en condenas a ser cumplidas (Reisman, 2008).

En El Salvador durante el año 2003 se estableció el <> que incluyó la promulgación de un decreto presidencial que penalizó la participación en pandillas autorizando a la policía y las Fuerzas Armadas a detener sospechosos presentando como cargos suficientes la vestimenta, los tatuajes y hasta reuniones en la vía pública (Thale, 2007). Como consecuencia de la flexibilización de los criterios que permitían el arresto casi indiscriminado de jóvenes con las características antes mencionadas, que usaban el Espanglish como forma de comunicación o solo se reunían en la calle, se produjo un hacinamiento carcelario que transformó a esas instituciones en verdaderas escuelas del crimen. Quien había sido detenido fortuitamente y nada tenía que ver con el mundo de las maras terminaba involucrándose en él e incluso era forzado a unirse a alguna de las dos pandillas dominantes. De lo contrario carecía de la estructura de protección necesaria para subsistir durante su reclusión (Sampó, 2007). En resumen, las políticas de mano dura no solo profundizaron el problema sino que suscitaron reclamos por parte de un gran número de organizaciones no gubernamentales que denunciaban la violación sistemática de los derechos humanos.

Cabe destacar que en respuesta a estas políticas las maras lanzaron una oleada indiscriminada de violencia que en lugar de contener el problema e incluso reducirlo, incrementó el espiral de violencia en que se encontraba inmersa la sociedad. A partir de ese momento se borraron los límites del conflicto, que dejó de circunscribirse a los mareros, las Fuerzas Armadas y de seguridad y el gobierno, para alcanzar a la sociedad en su conjunto. Huelga aclarar que esa escalada generó una sensación permanente de inseguridad y conflicto.

Aunque era claro que las políticas meramente represivas y punitivas no habían generado los resultados esperados, la clase...