Principios que rigen las medidas o penas privativas de libertad de los niños y niñas

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III. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

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En este caso, la Corte IDH trató la vulneración del derecho a la salud mediante su relación con el derecho a la integridad

personal. Esta aproximación generó controversias en los jueces de la Corte IDH respecto a la forma en que la Corte debe abordar las

violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Por una parte, el juez Pérez Pérez, en su voto razonado, señaló que “las

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los derechos económicos, sociales y culturales en general”26, mientras que el juez Ferrer Mac-Gregor, en su voto concurrente, indicó

que en este caso la Corte IDH perdió la oportunidad de haber reconocido la justiciabilidad autónoma del derecho a la salud, a partir

del artículo 26 de la CADH27. Este es un asunto que la Corte IDH deberá resolver en algún momento, considerando la importancia de

la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales y su interdependencia e indivisibilidad con los derechos civiles y políticos28.

Principios que rigen las medidas o penas privativas de libertad de los niños y niñas

El artículo 7.3 de la CADH establece la prohibición de la detención o encarcelamientos arbitrarios, lo que es recogido en

los mismos términos por el artículo 37 b) de la CDN. La Corte IDH ha establecido, en este sentido, que nadie puede ser sometido a

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los derechos fundamentales por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad29. En el caso Mendoza

y otros

privativa de libertad, aun estando prevista en la ley, su aplicación puede ser arbitraria si no se consideran los principios básicos que

rigen la materia30. De esta forma, indicó los principios que se deben respetar para la aplicación de las medidas o penas privativas de

libertad a niños y niñas:

“Por lo que respecta particularmente a medidas o penas privativas de la libertad de los niños, aplican especialmente

los siguientes principios: 1) de ultima ratio y de máxima brevedad, que en los términos del artículo 37.b) de la Convención

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sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”, 2) de delimitación temporal desde

el momento de su imposición, particularmente relacionado con los primeros, pues si la privación de la libertad debe ser

excepcional y lo más breve posible, ello implica que las penas privativas de libertad cuya duración sea indeterminada

o que impliquen la privación de dicho derecho de forma absoluta no deben ser aplicadas a los niños, y 3) la revisión

periódica de las medidas de privación de libertad de los niños. Al respecto, si las circunstancias han cambiado y ya no

es necesaria su reclusión, es deber de los Estados poner a los niños en libertad, aun cuando no hayan cumplido la pena

establecida en cada caso concreto. A estos efectos, los Estados deben establecer en su legislación programas de libertad

anticipada […]”. (Caso Mendoza y otros, párr. 162)

Estos principios también son recogidos por las Reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores

(Reglas de Beijing), que establecen como regla general, en su artículo 5.1, que “el sistema de justicia de menores hará hincapié en

el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a

las circunstancias del delincuente y del delito”31. Si bien estas reglas no señalan una prohibición completa a la imposición de penas

privativas de libertad a los niños y niñas, sí indican que dichas penas deben ser la última opción y “se impondrán sólo tras un

cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”32.

En aplicación de estos principios y del interés superior del niño, la Corte IDH, en el caso Mendoza y otros, concluyó que la

aplicación de prisión y reclusión perpetuas en niños son incompatibles con el artículo 7.3 de la CADH:

“[…] a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción

de sus derechos […] la prisión y reclusión perpetuas de niños son incompatibles con el artículo 7.3 de la Convención

Americana, pues no son sanciones excepcionales, no implican la privación de la libertad por el menor tiempo posible ni

por un plazo determinado desde el momento de su imposición, ni permiten la revisión periódica de la necesidad de la

privación de la libertad de los niños.

Por lo tanto, la Corte considera que el Estado violó el derecho reconocido en el artículo 7.3 de la Convención

Americana en perjuicio de […], en relación con los artículos 19 y 1.1 de dicho instrumento, al imponerles como sanciones

penales la prisión y reclusión perpetuas, respectivamente, por la comisión de delitos siendo niños”. (Caso Mendoza y

otros, párrs. 163 y 164)

26 Ver supra nota 25, voto razonado del juez Alberto Pérez Pérez en el caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párr. 1.

27 Ver supra nota 25, voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor en el caso Suárez Peralta Vs. Ecuador, párr. 3.

28 Caso Suárez Peralta, supra nota 25, párr. 131.

29 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C Nº 179, párr. 90.

30 Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, supra nota 7, párr. 161.

31 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33,

de 28 de noviembre de 1985, artículo 5.1.

32 Ibídem, artículo 17.1.b). De manera complementaria a los principios que rigen la aplicación de penas privativas de libertad a niños, el Comité de Derechos del Niño,

a través de su Observación General Nº 10, establece una serie de principios que son aplicables al cumplimiento de medidas o penas privativas de libertad por niños,

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y preparación para reinsertarse en la sociedad, así como formación para ejercer un empleo; derecho a ser examinado por médicos al momento de su ingreso en

el recinto de reclusión y a recibir atención médica adecuada durante su estancia en el recinto; fomento para que el menor mantenga contacto frecuente con la

comunidad, en especial con su familia, así como posibilidad de visitar su hogar; uso de coerción o fuerza sólo cuando el menor represente una amenaza para sí o para

los demás y como última ratio; las medidas disciplinarias deben ser compatibles con el respecto a la dignidad de menor y con el objetivo del tratamiento institucional,

prohibiéndose castigos corporales, reclusión en celda oscura y penas de aislamiento, entre otras; todo niño tendrá derecho a dirigir peticiones o quejas a la autoridad

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3, párr. 89).