Masacre de Belén Alta-Vista, Colombia
Subject Matter | Integridad personal,Grupos paramilitares,Protección Judicial y garantías judiciales,Vida |
Difundiendo los estándares para la protección de los DDHH de la CIDH
Ficha de Resumen
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Masacre de Belén Alta-Vista, Colombia |
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Abogados Asociados para el Litigio Interamericano Centro Jurídico de Derechos Humanos de Antioquía |
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Informe No. 136/17 |
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Informe de Solución Amistosa |
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25 de octubre de 2017 |
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Informe No. 71/09 (Admisibilidad) |
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Convención Americana sobre Derechos Humanos |
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Artículos sobre los que se alcanzó acuerdo |
Artículos sobre los que no se alcanzó acuerdo |
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Art. 4, art. 5, art. 8, art. 25 |
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El caso trata sobre la masacre ocurrida en la terminal de buses del corregimiento de Belén-Altavista, en Medellín. En esta resultaron heridas 3 personas y otras 16 personas fallecieron. Los hechos fueron atribuidos por los peticionarios a agentes del Estado; sin embargo, el acuerdo de solución amistosa los atribuyó a un “grupo al margen de la ley”. Los avances de las investigaciones penales no fueron sustanciales y no se indemnizó a los familiares de las víctimas.
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Integridad personal, Grupos paramilitares, Protección Judicial y garantías judiciales, Vida
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Entre 1995 y 1996, miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional realizaban labores de inteligencia en el corregimiento Belén-Altavista mediante “Brigadas Cívicas”, con el fin de identificar a posibles miembros de grupos subversivos. En ese contexto, el 29 de junio de 1996, diez hombres con armas militares, y chalecos y brazaletes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, llegaron al terminal de trasportes de la comunidad e hicieron descender a los ocupantes de un bus que se encontraba estacionado. Estos fueron interrogados sobre el paradero de miembros de grupos subversivos que residían en la zona y al no responder, abrieron fuego en su contra, lo cual tuvo como consecuencia 16 muertos y 3 heridos. Al momento de retirarse, habrían dejado caer – según los peticionarios- una fotografía tomada meses antes en una de las “Brigadas Cívicas”. No hubo avances sustantivos en las investigaciones penales, la investigación disciplinaria fue archivada en 2001 y en 2006, se desestimó la acción de reparación directa interpuesta por algunos de los familiares de las víctimas para obtener una indemnización. Frente a tales hechos, el 11 de agosto de 2006, Abogados Asociados para el Litigio Interamericano presentaron una petición ante la CIDH, denunciando que el Estado de Colombia había vulnerados los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y la dignidad, y a la protección de judicial, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH).
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