Report No. 78 (2007) IACHR. Case No. 12.265 (Bahamas)

• Case Number: 12.265
• Year: 2007
• Report Number: 78
• Case Type: Merits
• Respondent State: Bahamas
• Court: Inter-American Comission of Human Rights
• Alleged Victim: Chad Roger Goodman, Bahamas

INFORME Nº 78/07 CASO 12.265 FONDO CHAD ROGER GOODMAN BAHAMAS 15 de octubre de 2007 I. RESUMEN 1. El presente informe se refiere a una petición presentada el 7 de agosto de 1998 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión") por B.C., Abogados de Londres, Reino Unido (en adelante, “los peticionarios"), en nombre de Chad Roger G.. Los peticionarios alegan que el Commonwealth de B. ("B." o “el Estado") violó los derechos humanos del señor G. consagrados en los artículos I, II, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración Americana"). 2. Los peticionarios afirman que el señor G., ciudadano de B., fue acusado el 6 de mayo de 1993 del delito de homicidio. Los peticionarios indican que el primer juicio del señor G. por homicidio se inició el 20 de mayo de 1996. Sostienen que el juicio fue interrumpido el 28 de mayo de 1996, ocasión de que el Juez de Primera Instancia destituyó al jurado a raíz de contenidos noticiosos de radio y televisión, que hacían referencia al juicio del señor G.. Agregan que la reanudación del juicio del señor G. fue suspendida el 21 de octubre de 1996, a pedido de uno de sus representantes jurídicos. El segundo juicio del señor G. empezó el 4 de noviembre de 1996. Los peticionarios señalan que el 20 de noviembre de 1996, el señor G. condenado por el Estado por homicidio, secuestro y robo a mano armada, y fue sentenciado mediante sentencia de pena de muerte obligatoria, concurrente con 10 años de cárcel por secuestro y 15 años de penitenciaría por robo a mano armada. 3. A la fecha, el Estado no ha presentado información alguna a la Comisión respecto de la admisibilidad y los méritos de la petición, ni ha respondido al ofrecimiento de la Comisión de intervenir para una solución amistosa. 4. La Comisión, sobre la base de la información presentada y del debido análisis en el marco de la Declaración Americana, declara que la petición es admisible, y concluye que: 1. El Estado es responsable de la violación de los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana por sentenciar al señor G. a una pena de muerte obligatoria. 2. El Estado no es responsable de la violación del derecho del señor G. a una audiencia imparcial dispuesto en el artículo XXVI de la Declaración Americana. II. ACTUACIONES ANTE LA COMISIÓN 5. La petición del señor G. fue presentada a la Comisión el 7 de agosto de 1998, e incluido en la petición figuraba un pedido de medidas cautelares, conforme al artículo 29 del antiguo Reglamento de la Comisión. El 6 de abril de 2000, la Comisión inició el Caso No 12.265 y remitió las partes pertinentes de la Comisión al Estado, de acuerdo con el artículo 34 de su antiguo Reglamento, solicitando al Estado que, dentro de los 90 días, proporcionara a la Comisión sus observaciones, de tenerlas, con respecto al agotamiento de los recursos internos y a las denuncias planteadas en la petición. La Comisión también solicitó al Estado que suspendiera la ejecución del señor G. hasta tanto la Comisión estuviera investigando los hechos alegados. 6. El 29 de febrero de 2000, los peticionarios contactaron a la Comisión solicitando atención urgente de la materia debido al riesgo de que el señor G. fuera ejecutado. El 5 de abril de 2000, los peticionarios presentaron a la Comisión documentación en respaldo de la petición e informaron que no se había ordenado la ejecución desde la desestimación de la apelación del señor G. ante el Consejo Privado. El 18 de julio y el 15 de septiembre de 2000, la Comisión reiteró el pedido de información al Estado en cuanto a la cuestión del agotamiento de los recursos internos y los méritos del caso, solicitándole una respuesta dentro de los 30 días. La Comisión reiteró el envío de las partes pertinentes al Estado. 7. El 20 de septiembre de 2000, el Estado acusó recibo de la carta de la Comisión de 15 de septiembre de 2000. El 20 de agosto de 2001, la Comisión se dirigió por carta al Estado y a los peticionarios informándoles que se ponía a su disposición para procurar una solución amigable del caso, conforme al artículo 41.1 de su Reglamento, y solicitando una respuesta dentro de los siete días. 8. El 28 de mayo de 2002, la Comisión informó a las partes que, de acuerdo con el artículo 37.3 de su Reglamento, decidió diferir el tratamiento de la admisibilidad del caso hasta tomar una decisión sobre los méritos. La Comisión también pidió, conforme al artículo 38.1 de su Reglamento, que los peticionarios presentaran su información adicional dentro de los dos meses a partir del recibo de su carta. El 11 de julio de 2002, los peticionarios solicitaron prórroga de dos meses para obtener la información adicional del señor G.. Por carta de 19 de julio de 2002, la Comisión otorgó a los peticionarios una prórroga de un mes. El 21 de agosto de 2002, los peticionarios volvieron a pedir prórroga por un mes para presentar la información adicional. El 23 de agosto de 2002, la Comisión accedió a lo solicitado. 9. El 26 de diciembre de 2002, la Comisión se dirigió por escrito al Estado y, conforme al artículo 38(1), le solicitó sus observaciones sobre el caso. El 23 de enero, el Estado acusó recibo del pedido de 26 de diciembre de 2002. El 6 de febrero de 2003, los peticionarios escribieron a la Comisión y afirmaron que aún no estaban en condiciones de presentar nuevos escritos. El 13 de febrero de 2003, la Comisión recibió información adicional de los peticionarios, la que fue remitida al Estado el 13 de febrero de 2003. El 6 de octubre de 2003, los peticionarios presentaron nuevos escritos sobre los méritos del caso. El 8 de octubre de 2003, la Comisión se dirigió al Estado remitiéndole la información adicional de los peticionarios y solicitándole presentara dentro del plazo toda observación sobre el caso. En nota de 3 de junio de 2004, la Comisión escribió al Estado reiterando su pedido de observación sobre el caso, de tenerlas. A la fecha el Estado no ha presentado argumento alguno sobre la admisibilidad o los méritos de la petición, ni ha indicado su disposición a aceptar los oficios de la Comisión para una posible solución amigable.; III. POSICIÓN DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD A. Posición de los peticionarios 1. Antecedentes 10. Los peticionarios afirman que el señor G. fue entrevistado en relación con los delitos de robo a mano armada, secuestro y homicidio el 12 de enero de 1993, respecto de un homicidio ocurrido en algún momento entre el 6 y el 9 de enero de 1992. Los peticionarios indican que el 5 de mayo de 1993 se llevó a cabo un reconocimiento policial en que se identificó al señor G., y que fue acusado de homicidio el 6 de mayo de 1993. Los peticionarios sostienen que el señor G. fue acusado formalmente el 25 o 26 de septiembre de 1993, y fue enviado a juicio el 17 o 20 de julio de 1995. 11. Los peticionarios señalan que el primer juicio del señor G. por homicidio comenzó el 20 de mayo de 1996. Afirman que el juicio fue interrumpido el 28 de mayo de 1996, ocasión en que el Juez de Primera Instancia destituyó al jurado a raíz del contenido de informes de televisión difundidos el 24 de mayo de 1996, y a noticias de radio del 25 de mayo de 1996, en relación con el juicio del señor G.. El Juez de Primera Instancia declaró al destituir al jurado que las “noticias perjudicaban irremediablemente al acusado en este caso, por lo cual ya no se puede tener un juicio imparcial con este jurado." 12. Los peticionarios afirman que la reanudación del juicio del señor G. fue suspendida el 21 de octubre de 1996, a pedido de sus representantes letrados. El segundo juicio del señor G. comenzó el 4 de noviembre de 1996. Los peticionarios sostienen que el 20 de noviembre de 1996. El señor G. fue condenado por el Estado de homicidio, secuestro y robo a mano armada, y fue sentenciado a pena de muerte por sentencia obligatoria por el homicidio, en concurrencia con penas de prisión de 10 años por secuestro y 15 años por robo a mano armada. 2. Admisibilidad 13. Los peticionarios argumentan que la petición del señor G. es admisible porque ha agotado todos los recursos internos de B.. Afirman que el señor G. apeló la condena y sentencia y que su apelación fue desestimada por la Corte de Apelaciones de B. el 25 de julio de 1997. Se le dio lectura a una orden de ejecución a ser cumplida el 13 de enero de 1998. De acuerdo con los peticionarios, la ejecución del señor G. fue suspendida tras la notificación a las autoridades pertinentes de que se proponía presentar una petición de venia especial para apelar ante el Consejo Privado. Los peticionarios afirman que esta petición fue desestimada por el Consejo Privado el 15 de junio de 1998. B. POSICIÓN DEL ESTADO SOBRE LA ADMISIBILIDAD 14. El Estado no ha presentado argumento alguno sobre la admisibilidad de la petición. IV. ANALISIS DE LA ADMISIBILIDAD A. Competencia de la Comisión 15. Los peticionarios alegan la violación de los artículos I, II, XXV y XXVI de la Declaración. El artículo 23 del Reglamento de la Comisión dispone que: [c]ualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la...